4 cargos de la Generalitat imputados por discriminar con las vacunas a policías y guardias civiles
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26 Mayo 2022

4 cargos de la Generalitat imputados por discriminar con las vacunas a policías y guardias civiles

El magistrado les cita para averiguar si se les puede atribuir responsabilidad penal al retrasar sin motivo la vacunación de los efectivos policiales.

El juez Fernando Luis Criado, titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, acaba de citar a declarar como investigados a cuatro altos cargos de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña por la discriminación que sufrieron policías y guardias civiles en esa comunidad autónoma durante el proceso de vacunación a lo largo de 2021.

Según la providencia a la que ha podido acceder EL ESPAÑOL, el magistrado abre la vía penal y decide que presten declaración ante él Carmen Cabezas Peña, entonces subdirectora general de Promoción de la Salud y luego Secretaria de Salud Pública; Sara Manjón del Solar, directora del área de Organizaciones y Profesionales del Servicio Catalán de Salud; Xavier Rodríguez Guasch, director de Servicios del Departamento de Salud y Adriá Comella Carnicé, director del Servicio Catalán de Salud.

Este hecho se conoce semanas después de que el Tribunal Supremo confirmase el trato excluyente del Ejecutivo autonómico con la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la pandemia. Reafirmando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el TS aseguraba que el trato hacia unos y otros agentes fue totalmente distinto.

A ojos del Tribunal la resolución del TSJ catalán contra la Generalitat contenía "sólidos razonamientos -cifras de evolución, fechas de diferencia y ritmo de vacunación, efectos de la medida cautelar, etc., para llegar a la 'conclusión de que la Administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales'".

Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil veían así reconocida, por la vía contencioso-administrativa, la discriminación que sufrieron. Ahora es otro tribunal de Barcelona el que va a empezar a indagar en si los altos cargos de la Generalitat tendrían alguna responsabilidad penal en los hechos, a raíz de la querella que en su día presentaron la Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL y el sindicato de la Policía Nacional JUPOL, colectivos mayoritarios de ambos cuerpos.

Discriminación

Hace apenas un año, meses después del inicio de la campaña de vacunación contra la Covid-19, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña denunciaron que la Generalitat había inmunizado a casi todos los Mossos d'Esquadra d'Esquadra mientras ellos esperaban su dosis.

El clamor entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue unánime, y llevaron a los tribunales al gobierno de Cataluña por discriminaciónAsí, a finales del pasado mes de marzo de 2021, de los 3.500 guardias civiles en Cataluña solo se había inmunizado a 200. En cuanto a los cerca de 3.300 agentes de la Policía Nacional, únicamente un centenar. Tan solo, por tanto, un 4% de los agentes había recibido la vacuna. Mientras tanto, el 80% de los Mossos d'Esquadra ya había sido inmunizado.

Después de esperar durante semanas por sus dosis, la gota que colmó la paciencia de los agentes fue la decisión de la Conselleria de Sanidad de suspender la vacunación de los agentes menores de 60 años.

La Generalitat catalana eludió su responsabilidad de tal forma que el Ministerio de Sanidad decidió tomar las riendas de la campaña. En tres meses -de febrero a finales de abril- apenas habían dotado de inmunidad a los efectivos.

La situación llegó a tal punto que al Ministerio de Sanidad no le quedó más remedio que anunciar que asumía las competencias derivadas a Cataluña en la campaña de vacunación tras registrar unos porcentajes de inmunización policías y guardias civiles muy por debajo de la media española. 

Cuando se tomó esta decisión, las cifras que manejaban los sindicatos arrojaban datos apabullantes. En aquel momento sólo habían sido vacunados 545 policías de más de 3.800 de la plantilla de Cataluña y poco más de 600 guardias entre 3.500 efectivos destinados en esta comunidad autónoma.

"Buena noticia"

Para Pablo Pérez, portavoz nacional de JUPOL, la apertura de la vía penal supone una "buena noticia" que la justicia avance en relación con el trato discriminatorio que se nos dio en Cataluña a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con el proceso de vacunación del Covid-19. "El avance del proceso judicial nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña".

Supone, insisten, "un paso más en nuestra lucha por acabar con la desigualdad, el trato injusto y desfavorable que sufren nuestros compañeros en esas zonas, situaciones que ponen en peligro la vida laboral y personal de nuestros compañeros, y persistiremos en ello hasta alcanzar una igualdad económica, social y laboral".

Milagros Cívico, secretaria provincial de JUCIL en Barcelona, ha añadido que "la sentencia no solo nos daba la razón, sino que además a ojos de la Justicia y de la sociedad en general, quedaba fundamentado que la Generalitat ha esquivado y ha incumplido de manera incuestionable sus obligaciones poniendo excusas".

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