Agencia Andaluza de la Educación: Sueldos más altos y tareas propias de funcionarios
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10 Agosto 2021

Agencia Andaluza de la Educación: Sueldos más altos y tareas propias de funcionarios

Una auditoría cuestiona la utilidad de la Agencia Pública Andaluza de la Educación, que la Intervención de la Junta ya había tachado antes de prescindible

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La Intervención General de la Junta consideró en 2019 -en un informe solicitado por el nuevo Gobierno autonómico- que la Agencia Pública Andaluza de la Educación (APAE) era uno de los organismos prescindibles en el entramado de la conocida como administración paralela, la red de entes públicos que gestiona servicios y recursos de la Junta. Ahora, de nuevo, una auditoría general solicitada por el Ejecutivo de Juanma Moreno para reorganizar el sector público -y realizada por la empresa Deloitte- vuelve a dejar en evidencia las funciones de la Agencia, dado que buena parte de las tareas que desempeña podrían asumirlas los funcionarios de la Consejería de Educación, con un menor coste para las arcas públicas y con un control directo sobre las tareas encomendadas.

Según el informe hecho público la pasada semana, los trabajadores de la Agencia Pública Andaluza de Educación realizan funciones que en otros gobiernos autonómicos se desempeñan de forma directa, sin subrogaciones, según el análisis comparativo incluido por Deloitte en su estudio.

Así, por ejemplo, la APAE gestiona las ayudas a las escuelas infantiles. Pues bien, la auditoría subraya que se trata de una función que «se podría ejecutar igual desde la Consejería de Educación», como así se venía desarrollando hasta 2017. «No se ha identificado un valor diferencial en el servicio prestado por APAE respecto a su ejecución llevada a cabo en el pasado por la Consejería. Esta subrogación de funciones provoca una dilución del control sobre la ejecución de estas actividades», añade el auditor.

A la luz de los resultados, se concluye que «se debería evaluar la conveniencia de que el desarrollo de estas actividades fueran asumidas por la Consejería competente en materia de educación o la transformación de APAE en agencia administrativa».

Deloitte subraya que las funciones de la agencia son fundamentalmente administrativas. Sin embargo, se ejecutan con personal laboral sujeto a un convenio colectivo con «unas retribuciones superiores a las que corresponderían a funcionarios, lo que impacta de forma directa en el gasto total de personal».

Al respecto, el informe de los auditores recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que «el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios».

Curiosamente, la Intervención General de la Junta, en un informe previo realizado a instancias del Gobierno andaluz tras tomar posesión en enero de 2019, llegó a conclusiones muy similares, si bien las expresó de forma más contundente de como lo hace ahora Deloitte.

De hecho, los interventores concluyeron que la APAE «no constituye el medio más idóneo para el cumplimiento de los fines para los que se creó, debido a que no cuenta con un régimen jurídico especial que la haga más ventajosa, no actúa por razones de seguridad pública o de urgencia ni las actuaciones que realiza entrañan especial complejidad». O sea, que no había ninguna función realizada por esta agencia que no pudiera ser asumida por la consejería con resultados muy similares, siempre que se dotase de los perfiles técnicos adecuados. De paso, se evitaría la duplicidad en las plantillas y se ahorraría en altos cargos, ya que la agencia contaba a finales de 2019 con un director y seis directivos.

La APAE se creó en 2004 con el nombre de Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, con el objetivo de llevar a cabo obras en infraestructuras educativas y otros servicios complementarios. Actualmente gestiona las actividades extraescolares de los centros (comedores, aula matinal, talleres), las bonificaciones de la educación infantil de 0 a 3 años, el transporte escolar o los servicios de comedor.

El Gobierno andaluz encargó, con un coste de cerca de 2 millones de euros, un total de 54 auditorías sobre el conjunto de las agencias, empresas públicas y fundaciones que componen el entramado de entes creado por los gobiernos socialistas durante 37 años de gestión al frente de la Junta de Andalucía. El estudio constata duplicidades y un caos organizativo general.


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