Alberto Rodríguez reta al TS: ''No sería útil que mi caso se convierta en otro revés para la Justicia''
14:48
21 Septiembre 2021

Alberto Rodríguez reta al TS: ''No sería útil que mi caso se convierta en otro revés para la Justicia''

La fiscal del Tribunal Supremo baja a tres meses de cárcel la petición de pena para el diputado de Podemos por agredir a un policía.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha mantenido esta mañana su petición de condena para el diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez por haber causado, presuntamente, lesiones leves a un policía durante los altercados que se produjeron en una manifestación contra el exministro de Educación José Ignacio Wert en enero de 2014 en La Laguna.

La fiscal Isabel Rodríguez, que atribuye al parlamentario de Podemos delitos de atentado a la autoridad y lesiones leves, ha bajado la petición de pena durante el juicio celebrado este martes ante la Sala Penal del Supremo.

De los seis meses de cárcel que la Fiscalía reclamó para Rodríguez en el escrito de calificación provisional se ha pasado a una petición de tres meses y 10 días de prisión al considerar que es aplicable una circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. "Estamos juzgando en el siglo XXI unos hechos ocurridos en 2014", explicó la fiscal, que recordó que la pena definitiva que pide para Alberto Rodríguez es la misma que los tribunales canarios impusieron a otros acusados por los mismos hechos que se atribuyen al diputado.

El fuero que conlleva su condición de parlamentario es el que ha hecho que Rodríguez no fuera juzgado con los demás acusados ante un juez de Tenerife sino ante siete magistrados de la Sala Penal encabezados por su presidente, Manuel Marchena.

"A pesar de encontrarnos en este magnífico lugar, el asunto tiene poca épica", dijo con sinceridad la fiscal. El 25 de enero de 2014, resumió, se celebraba una protesta convocada legalmente contra la presencia del ministro Wert en La Laguna. En paralelo, un grupo de manifestantes se enfrentó a la Policía, rompieron el vallado, lanzaron piedras y botellas y les insultaron. Siete agentes resultaron heridos, uno de los cuales reconoció sin duda alguna a Rodríguez como autor de la patada que recibió una rodilla.

El agente, que ya declaró en el Juzgado de La Laguna y luego ante el instructor del Supremo, ha mantenido su versión de los hechos en el juicio.

-"Sí, me dio una patada en la rodilla izquierda", aseguró el policía, que explicó que conocía a Rodríguez por su habitual presencia en manifestaciones. 

- "¿Fue una patada voluntaria o fruto del altercado?", quiso saber la fiscal.

- "Entiendo que voluntaria", afirmó el agente, que distinguió ese golpe de otro que recibió en la mano y que no achacó al diputado sino al choque con los manifestantes durante la algarada que se montó.

El testimonio del agente y el parte médico de la lesión -una pequeña contusión que el agente ya no observó por la noche de ese mismo día- son las principales pruebas de cargo de la fiscal.

"¿Qué puede alentar a venir al Tribunal Supremo a un mero inspector de Policía a decir que le ha pegado una patada alguien que en 2014 no era una persona relevante políticamente en ningún aspecto, una persona que se dedicaba a trabajar, como la mayor parte de los españoles?", preguntó la fiscal.

La cuestión venía a cuento porque Alberto Rodríguez, que se definió como "obrero industrial en excedencia por ser diputado", negó haber agredido a la Policía "ni ese día ni con anterioridad". El parlamentario, al que Marchena permitió sentarse junto a su defensa y declarar en último lugar tras la práctica de todas las pruebas, aseguró que estuvo en la "manifestación pacífica", pero no en la concentración paralela de los alborotadores. 

"Montaje policial"

Preguntado por la fiscal "cómo explica entonces que un inspector de Policía venga a la Sala Segunda a decir algo que según usted no es verdad", el acusado contestó: "Es algo muy grave y que desgraciadamente pasa con normalidad. Hay listas con perfiles visibles de los movimientos sociales y la protesta social, y cuando hay una gran movilización, a posteriori, en base a esos listados, se dice 'esta, esta y esta persona las metemos con calzador en un proceso'. Se hace con la intención de criminalizar la protesta, para que la gente diga 'uh, no me voy a meter en líos, no voy a ir a manifestaciones porque voy a acabar con mi reputación maltratada'. Y eso es por lo que estoy en esta causa. Hay un montaje policial con la intención de criminalizar a determinadas caras visibles del activismo social".

"Si ustedes se creen eso, decidan", dijo la fiscal, manifiestamente escéptica ante el discurso de Rodríguez. "Esto es lo que hay: o la declaración del inspector de Policía o una conspiración supongo del Ministerio del Interior para criminalizar a todas aquellas personas que en el territorio nacional acudan a las manifestaciones a ejercitar sus derechos".

Una "oportunidad de oro"

Durante su derecho a la última palabra, Alberto Rodríguez insistió, sin embargo, en la tesis de la criminalización y añadió una advertencia: "No sería útil para nadie que este caso se convirtiera en otro revés para la Justicia española" en las instancias internacionales.

"Este juicio lo está viendo muchísima gente", dijo. "Habrá mezcla de sensación de miedo y de tristeza por ver cómo se puede llegar a esta situación. Se ve con claridad que se está poniendo en tela de juicio el derecho de reunión y manifestación en nuestro país. No hay ninguna prueba objetiva más allá que la mera declaración de un policía. La conclusión es clara: basta la mera declaración de un policía cuando vas a una movilización para, contra toda evidencia, someterte a un calvario judicial y a una eventual condena con las consecuencias que tiene en lo laboral y en lo reputacional".

Rodríguez añadió que, ante una eventual condena, sería "una obligación ética y moral" llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Esta es una oportunidad de oro para salvarguardar la reputación internacional de la Justicia española, que ya ha sufrido reveses en los tribunales europeos", advirtió.

Su abogada, Marta Flor Núñez, restó toda credibilidad al testimonio del policía. Se apoyó en distintos videos de la manifestación en los que no se ve a su cliente -"que mide dos metros", subrayó- y en la declaración del jefe de las unidades de intervención policial, que estuvo todo el tiempo durante los altercados y no vio ni al ahora diputado ni la presunta agresión al agente.

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