Aval del Tribunal Supremo a todos los jueces del 'caso ERE': Ni fueron ''lentos'' ni ''indolentes''
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15 Septiembre 2022

Aval del Tribunal Supremo a todos los jueces del 'caso ERE': Ni fueron ''lentos'' ni ''indolentes''

El TS rechaza que haya dilaciones indebidas, como pedían las defensas, lo que habría obligado a reducir las condenas

Corrupción El Supremo argumenta en 1.205 folios de sentencia que Chaves y Griñán conocieron y consintieron el "descontrol absoluto" de los ERE Tribunales El voto particular de dos magistradas defiende que ni Griñán ni otros cuatro acusados cometieron malversación

La sentencia del Tribunal Supremo sobre los ERE, que condena a quince ex altos cargos del PSOE de la Junta de Andalucía, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, supone un aval hacia los jueces y magistrados de Sevilla que han intervenido en la investigación y enjuiciamiento del mayor caso de corrupción del país por el volumen de fraude, que es algo superior a los 679 millones de euros.

A lo largo de las 1.205 páginas de la sentencia, el Supremo destaca que los jueces del caso ERE ni fueron "lentos" ni "indolentes" ni tampoco tramitaron la macrocausa de una manera que pueda "catalogarse de desordenada o premiosa", dice la sentencia. Tampoco hubo "disfunciones" ni "paralizaciones", añade el fallo.

La juez Mercedes Alaya, que comenzó la investigación del caso ERE en el año 2011, recibió un aluvión de críticas por parte de destacados dirigentes del PSOE y del ex presidente del Gobierno Alfonso Guerra. Ahora, los abogados de la defensa habían elevado al Supremo, a través de sus recursos, los retrasos y paralizaciones que, bajo su punto de vista, había acumulado la causa a lo largo de ocho años: desde que se inició la instrucción en 2011 hasta que la Audiencia de Sevilla dictó sentencia en 2019. Si fuera así, habría que aplicar la atenuante de "dilaciones indebidas", lo que habría supuesto una rebaja generalizada de las condenas.

Pero el Tribunal Supremo no lo ve así, rechaza que haya dilaciones indebidas y, por lo tanto, no habrá rebaja de las condenas. Al analizar los recursos de las defensas, el Supremo expone que el argumento de "mayor potencia" está en la duración total del proceso que ha sido de ocho años. "Ciertamente es un tiempo elevado, pero en modo alguno desproporcionado o indebido", afirma la sentencia.

Ello, además, teniendo en cuenta la "complejidad notoria" de la investigación, con una "ingente" documentación aportada y examinada y con una "gestión procesal" también "compleja, si se atiende al número de recursos, de escritos que han debido ser proveídos y de medidas cautelares y de todo orden adoptadas durante la tramitación", recoge el fallo. Igualmente, la duración del juicio fue "extraordinaria" y el "esfuerzo realizado para dictar finalmente la sentencia también", pero todo ello acorde al caso "complejo" al que tuvieron que hacer frente los magistrados de Sevilla.

El juicio en la Audiencia de Sevilla se prolongó durante un año a lo largo de 152 sesiones que dieron para 700 horas de grabación entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. La sentencia se conoció un año después.

"Es cierto que el tribunal de instancia tardó un año en elaborar la sentencia, pero ese lapso de tiempo no nos parece elevado si se atiende al número de pruebas examinadas durante el dilatado periodo de duración del juicio (un año), a la complejidad de esas pruebas y de las alegaciones formuladas y a la abundante prueba documental que ha debido ser examinada (cerca de 200.000 folios), debiéndose destacar que los magistrados que han realizado esa ardua labor no han contado con apoyo alguno", destaca el Supremo.

Más de un centenar de piezas

Esta causa es de "proporciones difícilmente repetibles" y el número de personas investigadas supera las 250, "hasta el punto de que hay numerosas piezas separadas pendientes de enjuiciamiento", dice el Supremo. De hecho, la macrocausa de los ERE llegó a tener, en algunos momentos de la instrucción, más de 500 investigados, y de ésta se desgajaron más de un centenar de piezas, de las que actualmente siguen vivas unas 137. Se han celebrado ya cuatro juicios. Por lo tanto, son 133 las que están pendientes.

"En esas circunstancias una duración total de ocho años, sin la existencia de paralizaciones significativas obliga a concluir que es razonable y se corresponde con la complejidad del proceso, sin que apreciemos que haya existido inacción o paralizaciones dignas de mención, ni tampoco una tramitación que pueda catalogarse de desordenada, premiosa o indolente", concluye el Supremo.

En la sentencia, un letrado de la defensa recibe un tirón de orejas, ya que plantea en su recurso que hubo "once periodos de paralización" de la causa de los ERE, "con una duración de cada uno de ellos que osciló entre un mes y a un año, sumando un total de 45 meses". Pero tras analizar de forma minuciosa el caso, el Supremo concluye que "no es cierto que haya habido paralizaciones" durante la instrucción. "Basta examinar las actuaciones para comprobar que no hubo paralizaciones en los periodos a que alude" el letrado, dice la sentencia.

"No han existido paralizaciones de relevancia. Hemos indagado los periodos de paralización señalados en el recurso y hemos podido comprobar que no se corresponden con la realidad. No han existido esas paralizaciones, a salvo del tiempo dedicado por el tribunal de instancia para dictar sentencia que, como hemos argumentado, no es excesivo ni puede engrosar la categoría de dilación indebida", apostilla el Supremo.

Los juicios pendientes

En otro apartado de la sentencia, el Supremo recuerda que, en aplicación del principio del non bis in idem, que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por los mismos hechos, los quince condenados en la pieza principal de los ERE no pueden volver a sentarse en el banquillo por los mismos hechos.

Ante las "diferencias interpretativas" que han surgido sobre este asunto, el Supremo delimita los hechos que se han enjuiciado en la causa principal de Chaves y Griñán para que, si se repiten en alguna otra pieza pendiente, no llamen a los ex altos cargos ya juzgados y condenados.

"Para evitar que se produzca el doble enjuiciamiento, debe partirse de la afirmación de que esta pieza matriz es un proceso autónomo cuyo objeto de investigación y posterior enjuiciamiento ha sido fijado con corrección, a partir del contenido de las conclusiones definitivas de las acusaciones. Una vez juzgados los acusados no es posible una nueva condena por los mismos hechos, lo que obliga a precisar qué hechos han sido juzgados en esta pieza matriz ya que, debido a la complejidad del relato fáctico, no es sencilla su determinación", aclara la sentencia.

Durante la fase de instrucción, varios ex altos cargos que han sido condenados por el Supremo, figuraron como investigados en otras piezas desgajadas de la macrocausa, si bien en casi todos casos la Audiencia de Sevilla ordenó que fueran excluidos.

Sin embargo, el ex consejero Antonio Fernández, condenado a siete años de cárcel por el Supremo, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, con tres años de cárcel, cuentan con una doble condena. A la del Supremo se une otra de la Audiencia de Sevilla por las ayudas concedidas por la Junta a Acyco.


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