Batalla judicial contra el Gobierno valenciano por el fin de las privatizaciones sanitarias: de las diferencias por el coste y la calidad a las acusaciones de 'hackeo'
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15 Octubre 2021

Batalla judicial contra el Gobierno valenciano por el fin de las privatizaciones sanitarias: de las diferencias por el coste y la calidad a las acusaciones de 'hackeo'

La empresa Ribera Salud, que ha perdido la gestión de dos hospitales públicos, pone en jaque la determinación política de Puig de recuperar todas las concesiones si no justifica que no implican un mayor coste para la Administración

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La determinación del gobierno de Ximo Puig y sus socios de Compromís y Podemos fue desde 2015 acabar con todas las privatizaciones de la gestión que servicios públicos hechas durante los 20 años de gobiernos del PP, empezando por el llamado 'modelo Alzira' que dejaba la dirección de departamentos de salud y hospitales públicos en manos de empresas privadas. El cumplimiento de ese eje del Pacto de Botànic le está abocando a una batalla que pasa por acusaciones cruzadas hasta de 'hackeo' informático pero que ya ha llegado hasta el Tribunal Supremo para sentar jurisprudencia.

Y es que la determinación política de apostar por la gestión pública directa no será ya suficiente argumento para sostener una reversión, en ningún sector. Existe desde el pasado mes de julio la necesidad de justificar que la prestación del servicio será más barata a las arcas públicas si se hace de manera directa que si se mantiene la colaboración público-privada.

La empresa Ribera Salud, con origen valenciano pero participada por el grupo asegurador estadounidense Centene, es la que se lanzó como ariete judicial a defender las concesiones. En 2019 perdió el control del Hospital de La Ribera y hoy mismo sale también del de Torrevieja. Pero entre una y otra hay una diferencia.

Ribera inició la guerra judicial cuando el 1 de abril de 2019 acabó su contrato para la gestión del Hospital de La Ribera, en Alzira, desde donde nació el modelo en 1999 que después se extendería a los hospitales Torrevieja, Denia y Elche, pero que saltó los límites autonómicos para copiarse en Madrid y Galicia. Desde que le fue anunciado que no se prorrogaría el contrato, abrió 26 procedimientos para frenar la reversión y en todos la justicia se pronunció a favor del Consell. Hasta lo hizo el Tribunal Supremo el pasado mes de julio. Sin embargo, en su sentencia que avalaba la decisión del Gobierno dio un arma con la que Ribera lucha para sostenerse en el resto de concesiones.

Informe de la Intervención

El Alto Tribunal estima que una Administración "al resolver no prorrogar un contrato de gestión de servicio público" debe cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera porque esa decisión "puede afectar al gasto o al ingreso público". Es decir, previo a la toma de decisión debe haber una valoración "de sus repercusiones y efectos", en este caso, en el presupuesto de la Generalitat. El fallo recoge que eso no ocurrió en la reversión de Alzira, pero aún así la dio por válida.

El precepto ha cobrado importante durante el proceso que afecta a Torrevieja. Ribera Salud cede la gestión de un departamento con más de 1.500 trabajadores y que atiende a 180.000 usuarios, pero acudirá a los tribunales de nuevo con este dictamen del Supremo como arma y otra más ofrecida por la Intervención de la Generalitat.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló.La consellera de Sanidad, Ana Barceló.E.M.

Obligados por el Supremo a cuantificar el impacto de la reversión en las cuentas públicas, Sanidad solicitó un dictamen sobre el decreto aprobado el pasado viernes que regula los efecto de la extinción del contrato con Ribera Salud y que afecta a la subrogación de los empleados, que pasan a ser "personal laboral a extinguir", con sus condiciones laborales fijadas por convenio, sin posibilidad de promoción y sin la consideración de empleado público. Según la Intervención hay varios asuntos que aclarar.

El primero es el coste de recuperar el servicio. Según el informe económico de la subdirectora general de Recursos Económicos, firmado el 31 de agosto de 2021, la plantilla necesaria ascendería a 1.959 trabajadores y supondría "un importe anual de 78,3 millones" desde el ejercicio 2022 . Justifica además, que ese gasto de personal se compensaría con la desaparición de los "gastos de funcionamiento" pero añade: "Sin embargo, al no disponer de los datos de la totalidad de la plantilla que presta sus servicios -"por la falta de colaboración de la concesionaria", puntualiza- no se puede valorar con exactitud el coste real de la misma".

Ante esto la interventora de la Generalidad recuerda la sentencia del Supremo y califica de "no muy adecuadas" expresiones como "se desconoce la estructura del personal de gestión y servicios" o "no se puede valorar con exactitud el coste real de la misma (totalidad de la plantilla)". Además, afea que esa compensación de gastos de la que alude Sanidad no venga apoyada en "ningún estudio o memoria económica al respecto, ni en dicho informe ni en ningún otro de los informes y documentos que conforman el expediente remitido", instando a que lo aporte.

Este informe lo llevará Ribera Salud a los tribunales, dispuesta a llegar como en el caso de Alzira hasta el Supremo ante los fallos del TSJ.

Con el decreto aprobado y la gestión en sus manos, Sanidad calcula que la relación exacta de trabajadores del centro, a los que suma siete directivos con un coste de medio millón de euros, no se conocerá hasta dentro de nueve meses y acusa a la empresa de llevar más de un año obstaculizando el proceso con cinco sentencias del Tribunal Superior de Justicia en contra de la paralización . Ese mismo argumento de falta de la debida colaboración lo hizo valer el departamento de Ana Barceló ante la denuncia que la mercantil la interpuesto esta semana ante la Guardia Civil por un presunto 'hackeo' del sistema informático de la empresa hecho desde los ordenadores del despacho del Comisionado nombrado por Sanidad, encargado de dirigir el hospital a partir de hoy. En ese "acceso irregular" hubo "sustracción de información y archivos confidenciales por parte de personal no autorizado".

La Admitración, por su parte, también ha puesto la lupa sobre la gestión del último mes de la concesionaria, en el que según denuncian los cuatro sindicatos del comité de empresa (CSIF, SATSE, Sindicato Médico Y USAE) se han producido extinción de contratos y cierre de camas. Incluso fuentes sindicales señalaron a la empresa ante la intención de llevarse material del centro, algo que está revisando la Alta Inspección.

Después de Alzira y Torrevieja, el Consell ha puesto su vista en Denia, una concesión que finaliza en 2024 y que ya está también judicializada. Esta vez es Sanidad quien intenta evitar que esta misma empresa se haga con la propietaria de la mercantil que gestiona el departamento y que ahora comparte con la aseguradora DKV, dueña del 65%. La compra de este paquete accionarial ha sido validada por la Comisión de la Competencia, pero el Gobierno considera que incumple la Ley de Salud de 2014 , que impide a quien ostenta una concesión al 100% (Ribera mantiene el hospital del Vinalopó en Elche) superar el 40% de otra para evitar "posiciones dominantes". En esta maniobra subyace la esperanza de seguir manteniendo la gestión de dos hospitales a la espera de que en 2023 haya un cambio de gobierno en la Generalitat que acabe con las reversiones.


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