Bruselas calcula que habrá que invertir 210.000 millones en cinco años para lograr la independencia energética de Rusia
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19 Mayo 2022

Bruselas calcula que habrá que invertir 210.000 millones en cinco años para lograr la independencia energética de Rusia

La Comisión propone aumentar los objetivos de renovables al 45%, la eficiencia energética al 13%, medidas más agresivas para contener los precios de la electricidad a corto plazo e insta a preparar planes de contingencia para cortes y racionamientos

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A finales del año pasado, cuando España y unos pocos socios más presionaban para que la UE buscara "medidas más audaces" contra el precio de la electricidad la respuesta en Bruselas era que no era necesario, que el mercado funciona bien, que el shock era temporal y que los precios volverían a niveles mucho más normales a principios de 2022. Eso, con una guerra mediante, no ha sido así. Hoy, la Comisión ha presentado RePowerEU, su última batería de medidas, consejos, cálculos y sugerencias para hacer frente a la crisis energética, acelerar la independencia de los hidrocarburos rusos y facilitar la transición energética.

Y entre ellas, lo que hace apenas unos meses era impensable: subir los objetivos de producción de renovables, redoblar esfuerzos en la eficiencia energética, preparar planes de contingencia más ambiciosos para posibles cortes de suministros, asumir la posibilidad de racionamientos y, en el peor de los casos, mecanismos para poner un tope al nivel de toda la Unión al precio del gas y la producción de electricidad. Intervenir no es una opción, es una realidad, y el único debate es hasta qué punto.

En el torrente de iniciativas y documentos de hoy, que aborda demanda, oferta y producción, hay cosas nuevas y otras recicladas, ideas que ya se conocían y, en su mayoría, detalles ya filtrados en las últimas semanas. Elevar hasta el 45% el objetivo de renovables y hasta el 13% la exigencia de eficiencia energética, ambas antes de 2030, modificando las directivas comunitarias. O haciendo que sea obligatoria la instalación de paneles solares en los tejados de los edificios públicos antes de 2025 y en los residenciales de nueva construcción a partir de 2029, por ejemplo.

No está la transformación del sistema de fijación de precios, ni un cambio en el modelo marginalista. Ni se la espera. La posición sigue siendo la misma, igual que contra un control de precios como norma general, e incluso en esta situación. Se contemplaría en caso de que el mercado reventara, esto es, si Rusia cerrara el grifo de golpe. Pero incluso en las circunstancias actuales la Comisión sostiene, con apoyo de una mayoría de estados, que eliminar las señales de precios pondría en riesgo los suministros.

La independencia de Rusia es complicada. Se ha aprobado ya a nivel de los 27 un embargo al carbón, que se hará del todo efectivo en agosto. Se está negociando el del petróleo, pero hay países que necesitan más de los seis o nueve meses contemplados, por lo que el paquete de sanciones está encallado. Pero no hay nada sobre el gas, porque es imposible a corto plazo. El año pasado el 40% del gas usado en la Unión venía de Rusia, y hasta abril se ha reducido hasta el 26%. Pero ahora cada vez es más complejo, de aquí que el objetivo sea reducir al mínimo las exportaciones, pero asumiendo que en el mejor de los casos se logrará ir hasta el final a finales de esta década. Y eso con un gasto gigantesco. "El análisis de la Comisión indica que REPowerEU implicaría una inversión adicional de 210.000 millones de euros de aquí a 2027, además de lo que se necesita para alcanzar los objetivos de las propuestas para Fit for 55", dice el papel en referencia a la gran iniciativa de la legislatura, que busca la reducción de emisiones en hasta un 55% para 2030.

Esa inversión dará sus frutos, asegura Bruselas. "La implementación del marco Fit for 55 y el plan REPowerEU ahorrará a la UE 80.000 millones de euros en gastos de importación de gas, 12.000 millones en petróleo y 1.700 millones de euros en gastos de importación de carbón, cada año, hasta 2030", dicen sus números. La Comisión propone utilizar los recursos a disposición del programa Next Generation, los fondos comunitarios para la recuperación de la pandemia. Y en concreto, los miles de millones que están a disposición en forma de préstamos, pues la mayoría de los países, incluida España, han solicitado hasta la fecha sólo el dinero que viene en forma de transferencias (que no computan para deuda y déficit) pero no los créditos.

Controlar los precios

Tras la cuestión de abastecimiento y suministro está el problema de los precios. El segundo bloque de iniciativas publicado por la Comisión se centra en medidas adicionales a los llamados 'toolbox' que se aprobaron en los últimos meses. Bruselas asume que hay que ir más lejos, sin destrozar el mercado, pero utilizando todos los resquicios.

Así, señala que en los mercados del gas está la posibilidad de que los Estados miembros "amplíen temporalmente la regulación de precios al consumidor final a una amplia gama de clientes, incluidos los hogares y la industria". En lo que respecta al gas, explica que se pueden aplicar 'disyuntores temporales' y medidas de liquidez de emergencia para apoyar el funcionamiento eficaz de los mercados de productos básicos, "respetando plenamente las disposiciones sobre ayudas estatales". Usar la el proyecto de plataforma para compras centralizadas y voluntarias en los mercados "para agregar la demanda de gas, garantizar precios de gas competitivos a través de compras conjuntas voluntarias y reducir la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos".

Otras opciones de intervención en los mercados de electricidad son "reasignar ingresos inframarginales excepcionalmente altos (los llamados beneficios extraordinarios) para apoyar a los consumidores. La Comisión abre la puerta a una extensión temporal de los precios minoristas regulados para cubrir a las pequeñas y medianas empresas y reitera lo visto en la Península Ibérica, mecanismos de tope "siempre que estén diseñados de manera compatible con los Tratados de la UE, en particular con respecto a la ausencia de restricciones a las exportaciones transfronterizas, legislación sectorial y normas sobre ayudas estatales".

En casos de emergencia absoluta, y eso quiere decir un corte total del gas ruso y la desarticulación de facto del mercado, la Comisión pone negro sobre blanco, como se explicó en este diario la semana pasada, la opción más agresiva. El primer paso es actualizar los planes de contingencia nacionales y perfilar "medidas preventivas de reducción voluntaria para estar preparado en caso de que surja una emergencia. En un espíritu de solidaridad, los Estados miembros menos afectados podrían reducir su demanda de gas en beneficio de los Estados miembros más afectados". Pero eso no sería suficiente. Las acciones de eficiencia y reducción de consumo ayudan notablemente, pero no bastarían. "Para acompañar estas medidas, podría ser necesario un tope administrativo en el precio del gas a nivel de la UE en respuesta a una interrupción total del suministro", admite el documento. "Si se introduce, este tope debe limitarse a la duración de la emergencia de la UE y no debe comprometer la capacidad de la UE para atraer fuentes alternativas de suministro de gas y GNL por gasoductos y para reducir la demanda", apunta sin entrar en más detalles. Es la opción de última instancia, la más dura y la que va en dirección contraria a lo defendido. Por eso no quieren incidir hoy, pero no pueden obviar pensando en mañana.


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