Castells confía en que su proyecto de nueva Ley de universidades evite su cese en la crisis de Gobierno
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14 Junio 2021

Castells confía en que su proyecto de nueva Ley de universidades evite su cese en la crisis de Gobierno

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) pretende pasar por primera lectura en el Consejo de Ministros este 2021, y estar vigente en 2023.

La intención del presidente del Gobierno de remodelar su Ejecutivo eliminando varias carteras ministeriales ha puesto sobre aviso a varios ministros de uno y otro lado de la coalición progresista. Uno de los nombres que más ha sonado (porque podría estar en la casilla de salida) ha sido el del ministro de Universidades, Manuel Castells, pero éste se siente seguro en su sillón del Consejo de Ministros gracias a los grandes planes educativos que tiene entre manos.

Y es que, pese a las pocas apariciones en público de este ministro, su paso por la cartera no está siendo en vano. La redacción de una nueva ley de Universidades que va a remodelar por completo el sistema educativo superior es, a grandes comparaciones, su Ley Celaá (aunque con mucha menos polémica).

Castells lleva más de un año reuniéndose con diferentes representantes de la sociedad educativa para configurar una normativa que cambiará por completo la gestión universitaria. Desde las capacidades formativas que deberá tener cada centro (se exige un mínimo de ramas científicas y proyectos investigadores) hasta el estatuto del profesor docente investigador (PDI).

Cambios que inició tímidamente el ministro Pedro Duque cuando llevaba la cartera conjunta con Ciencia e Innovación, pero que no llegó a concretar. El ministro astronauta puso sobre la mesa la reforma del estatuto del personal docente investigador, pero no llegó a tramitarla. Ahora, Castells lo incluye en su nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La norma todavía está en fase de elaboración y, como le gusta reiterar al propio ministro, todavía no hay un borrador escrito. Castells aclara siempre que, cada vez que se reúne con un agente social, va con un papel en blanco. "No con una ley base que modificar", por ello parece que le llevará más trabajo elaborarla.

Aun así, todo parece indicar que la norma estará lista para finales del año 2021 aunque precisará de diversos trámites parlamentarios (como ocurrió con la Ley Celaá) hasta su aprobación final, prevista para 2023.

La Ley de Universidades de Castells cuenta, además, el respaldo de la parte socialista del Ejecutivo para seguir adelante. Al contrario de otras normas de ministros de la cuota de Podemos-En Comú-Izquierda Unida, el trabajo de Castells sí tiene el apoyo del PSOE.

La propia secretaria de Educación y Universidades del PSOE, Luz Martínez Seijo, defendió este mes de mayo las principales líneas del proyecto de Castells acompañada en un acto por la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Aval del PSOE

Una de las cosas que más alaba el PSOE de la norma de Castells es la limitación de creación de universidades privadas. Cuando el partido socialista, o Castells, hablan de estos centros no se refieren a grandes universidades de renombre sino a pequeños centros privados con sedes casi simbólicas donde se imparten formaciones online de títulos no oficiales.

"Tenemos el compromiso, sin ninguna duda, de poner restricciones a esa proliferación de universidades privadas que, lejos de perseguir una calidad en política educativa, lejos de buscar la investigación y la transferencia de conocimiento, lo único que pretenden es generar negocio en torno a la educación", reiteraba Martínez Seijo.

El sentimiento de que Castells no está en posición de salida del Ejecutivo también lo tienen los agentes sociales. Voces sindicales que participan en la elaboración de la LOSU aseguran que Castells tiene un objetivo claro: "Sacar la ley con el consenso de todos".

Por eso, recuerdan, se ha reunido con todas las fuerzas parlamentarias para que apoyen la LOSE e intentar limar asperezas en los aspectos polémicos, como el estatuto del personal docente investigador. Punto que, por ahora, no convence a los sindicatos.

Una hipotética salida de Castells se apoyaría en dar más poder a Pedro Duque, que en la anterior legislatura portaba la cartera, conjunta de Ciencia y Universidades. Es decir, que ambos ministerios volviesen a ser uno.

De hecho, ambos departamentos tienen proyectos en común, como la nueva Ley de Ciencia que implica a la investigación en centros universitarios.

Esta misma semana, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, rechazaba el proyecto de Duque asegurando que "ni Universidades" estaba de acuerdo con su redacción. Algo que desde el ministerio de Castells han negado a EL ESPAÑOL.

La ley

Con todo ello, es innegable la relevancia del proyecto educativo que el Ministerio de Universidades se trae entre manos. La norma pretende modernizar las universidades, pues la base de la actual normativa lleva vigente desde hace más de 20 años, si bien la última Ley Orgánica de Universidades (LOU) es de 2001.

Tanto la financiación como la gestión pretenden ser parte de estos pilares del cambio. Por lo que se conoce de la norma, Castells pretende agilizar el acceso de las mujeres a cargos de rectores (en la actualidad, el porcentaje es muy bajo) y también incrementar el porcentaje del PIB dedicado a la formación universitaria.

Para Castells, que ha sido profesor en el extranjero durante muchos años, también es importante la formación de los docentes y, por ello, la ley tiene en este aspecto una de sus inversiones más fuertes.

Por el momento, se ha comenzado usando los fondos europeos de Recuperación. De los 70.000 millones que va a llegar a España hasta 2023, hasta 387 van a ir destinados a recualificar a 3.200 investigadores y a fichar a 700 investigadores que estén fuera del país.

De su experiencia como académico, Castells también apuesta por la creación de más categorías laborales dentro de la universidad. Algo que, hasta ahora, ha encorsetado a los profesores impidiéndoles compaginar vida laboral/investigadora y la docente.

Por ejemplo, el ministro propone buscar una categoría entre la de catedrático y la de profesor titular sin el matiz de ser funcionarios. Algo que a los sindicatos no les gusta, pero que se acerca al modelo estadounidense.

Sobre la creación y puesta en marcha de nuevos campus (algo que perjudica principalmente a la privada) las bases en las que insisten son dos: más investigación y ofertar títulos de tres ramas de conocimiento. Si esto se cumpliera, uno de cada tres centros privados en España deberá cerrar.


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