Compromís exige a Puig que imponga un nivel de valenciano a los funcionarios superior al garantizado por el sistema educativo
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4 Mayo 2022

Compromís exige a Puig que imponga un nivel de valenciano a los funcionarios superior al garantizado por el sistema educativo

Los nacionalistas quieren para las categorías más altas un C1, como ocurre en Galicia o Cataluña. La consellera de Función Pública, Gabriela Bravo, insiste en no establecer un requisito que supondría ''un plus'' a lo que ofrece la enseñanza

El grado de conocimiento del valenciano que se exigirá a los altos funcionarios en la Comunidad Valenciana ha abierto una nueva brecha entre el PSOE y Compromís. Mientras que los socialistas, con la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, a la cabeza optan por ajustarlo al que acredita el sistema educativo hasta el Bachillerato, los nacionalistas quieren que sea más elevado y exigen un C1.

Para los socios de Puig, este nivel es "imprescindible" e "irrenunciable", como lo calificó la portavoz en las Cortes, Papi Robles. Tanto que organizaciones próximas a sus posturas, como Escola Valenciana, han pedido ya la dimisión de Bravo ante la propuesta de rebaja. Para la consellera, supone exigir "un plus" que no es razonable y pasa por demandar "niveles superiores a lo que el sistema educativo garantiza".

Ambos partidos, con el apoyo de Podemos, sacaron adelante la Ley de Función Pública que imponía a todos los aspirantes a empleados públicos de la Generalitat la obligación de «acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano». Sin embargo, ante las diferentes posturas de los dos socios, se aplazó la definición exacta del conocimiento para cada categoría a su desarrollo en un reglamento posterior que tendría un año para aprobarse y que estaría guiado por las conclusiones de la Comisión de Competencia Lingüística, formada por expertos y políticos.

El informe de la comisión revela que las diferencias son significativas, sobre todo para la escala más alta de la Administración, los grupos A1 y A2. Mientras que los miembros afines a Compromís optaron por que la exigencia que recoja el futuro decreto sea de un C1, los socialistas la rebajaron a un B2 por una razón que expuso la consellera Bravo: "Exigimos lo que garantiza el sistema educativo".

Según explicó, este decreto debe ir acompasado en el tiempo con la aprobación de otro de la Conselleria de Educación que regule la homologación de los conocimientos que se adquieren en las diferentes etapas educativas. La comisión propone que sea el B-1 en la enseñanza obligatoria, el B2 superado el Bachillerato y el C-1 al "obtener una puntuación superior al 7 en la PAU y superar una prueba oral".

"Con el sistema actual, no están garantizando ni el B2. Un sector de la comisión con el que coincido plenamente proponía que, superado el Bachiller, se les reconociera el C-1 como ocurre en Galicia y Cataluña. Ya que ellos quieren el sistema gallego, que se implemente en toda su amplitud, no solo en la exigencia final", argumentó Bravo. Y es que Compromís pone como ejemplo a las dos autonomías con lengua propia que tienen implantado el requisito del C-1 a sus altos funcionarios, que en la Comunidad Valencia ya se solicita a los docentes.

Para la consellera resulta llamativo que sea precisamente el partido que ha promovido la implantación del plurilingüismo en las aulas incrementando las horas de enseñanza en valenciano quien cuestiona lo aprendido. "Si estamos diciendo una y otra vez que el plurilingüismo garantiza el dominio de las tres lenguas, no sé por qué cuestionamos la capacidad adquirida en valenciano sometiéndoles a pruebas y no en castellano. Hay que cuestionarse las herramientas para evitar esto. Más fácil y lógico sentar bien los criterios y poner en marcha instrumentos para que el sistema educativo para jóvenes garantice perfectamente una comprensión y manejo del idioma de forma indiferente de uno y otro"", reflexionó.

En ese sentido, Educación optó por una aplicación del plurilingüismo progresiva, por etapas educativas, y ha sido este curso cuando ha comenzado a implantarse en Secundaria, completando así su vigencia en toda la enseñanza obligatoria. Por tanto, según la versión socialista, su postura es imponer un requisito que aún no puede garantizar su propia reforma para la enseñanza de lenguas.

Estas discrepancias a un año del fin de la legislatura pueden acabar provocando que el requisito no se desarrolle tampoco en esta segunda legislatura del Botànic, lo que en opinión de Gabriela Bravo sería "un gran fracaso".


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