Condenado por prevaricación el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán
18:06
5 Febrero 2021

Condenado por prevaricación el expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán

El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, han sido condenados por conceder una subvención de 86.311 para realizar unas obras que ya se habían ejecutado.

El Juzgado de lo Penal número tres de Pontevedra ha condenado a dos años de prisión y ocho de inhabilitación al expresidente de la Diputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, y a la exalcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro, por delitos de prevaricación y fraude.

El juzgado ha considerado culpable de un delito de prevaricación en concurso con un delito de fraude a Rafael Louzán por haber concedido una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora en las instalaciones del campo de fútbol del municipio pontevedrés de Moraña que ya habían sido realizadas en su mayoría.

Los hechos

La jueza ha considerado probado que, después de que la Diputación de Pontevedra adjudicase en 2011 a Eiriña Construccones las obras de instalación de hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña y otras obras en edificaciones anexas, su coste aumentó en 86.816 euros debido a una certificación.

Al ser una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía exceder el importe acordado, por lo que, de acuerdo con la sentencia, "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, para abonar a la empresa el importe que reclamaba".

Así, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, su director de Infraestructuras, José Manuel Juanatey, la entonces alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, el administrador de Eiriña Construcciones, Enrique Pais, y el arquitecto llegaron a un acuerdo "para adjudicar de forma irregular otra obra a la misma constructora y por ese mismo importe".

En concreto, se idearon unas obras de "mejora en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que algunas de ellas ya habían sido realizadas", una conclusión que la jueza alcanza a través de "la audición de escuchas -obtenidas en el marco de la Operación Patos- y a documentación recogida en los autos".

"Rafael Louzán sabía de primera mano, por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, también subvencionado por la Diputación de Pontevedra, que al menos la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas", prosigue la sentencia.

Este hecho evidenciaría "una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho".

La jueza entiende que la alcaldesa de Moraña "pidió la subvención a sabiendas de que las obras ya estaban ejecutadas", mientras que el director de Infraestructuras "buscó en el encaje de la operación, indicando incluso a qué arquitecto había que recurrir como firmante del proyecto y las certificaciones" y el arquitecto "se limitó a firmar".

Las penas

De este modo, los dos primeros han sido condenados, al igual que Louzán, a dos años de prisión y ocho de inhabilitación para ejercer un cargo público, mientras que el arquitecto ha sido condenado a la misma pena de prisión y a cuatro años de inhabilitación para recibir subvenciones y ayudas públicas.

Por su parte, el administrador de la constructora, Enrique Pais, y su director técnico, Jaime Alvariñas, han sido condenados a sendas penas de dos años de prisión, el primero como "beneficiario último de la subvención" y el segundo por "ejecutar o mandar ejecutar las actividades necesarias para culminar el proyecto."

Por último, los dueños de las dos constructoras que habrían accedido a participar en el concurso público a sabiendas de que estaba dirigido para recaer en una determinada empresa han sido condenados a un año de prisión y otros dos de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.

La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, también ordena el decomiso de la cantidad cobrada por la empresa por el proyecto, así como el dinero cobrado por el arquitecto.


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