De la sentencia firme del 25% de clases en español en las aulas catalanas al nuevo paraguas legal autonómico
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26 Julio 2022

De la sentencia firme del 25% de clases en español en las aulas catalanas al nuevo paraguas legal autonómico

Un decreto del Govern y la reforma de la ley de política lingüística en el Parlament dilatan la ejecución del fallo judicial

Ley El independentismo blinda en el Parlament junto al PSC la supremacía del catalán en la escuela Sentencia El Govern decreta incumplir el 25% de castellano en las escuelas

Transcurridos ocho meses desde la resolución del Tribunal Supremo que suponía una estocada al sistema de inmersión lingüística en Cataluña, las directrices del Departamento de Educación de la Generalitat para el próximo curso no contienen signos que presagien cambio alguno en el uso de las lenguas en las aulas de la comunidad. La aprobación en los dos últimos meses de un decreto del Govern y una nueva ley de política lingüística en el Parlament han vuelto a detener el cronómetro a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

TRIBUNAL SUPREMO

A finales del año pasado, la inmersión lingüística recibía un aparente golpe mortal a través de una providencia del Supremo. El 23 de noviembre, el Alto Tribunal consagró el 25% de clases en español y rechazó el recurso de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de diciembre de 2020, que instaba a todos los centros educativos a cumplir este porcentaje de horas lectivas en castellano, ya que consideraba que el uso de esta lengua era «residual».

El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga, calificaron la decisión judicial de «grave ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos». El líder del PSC, Salvador Illa, aseguró entonces, en una entrevista en EL MUNDO, que la resolución del TS no significaba «un ataque al catalán» y se mostró «seguro» de que se cumpliría.

SENTENCIA FIRME

Fue a finales del pasado enero cuando el TSJC decretó la firmeza de su sentencia de 2020, una vez el Supremo había rechazado el recurso del Gobierno catalán, que disponía a partir de ese momento de dos meses para ejecutarla. «Se acerca el fin de la inmersión, estamos listos y preparados para conseguir por fin la aplicación de la sentencia del 25%», celebró la Asamblea por una Escuela Bilingüe tras conocerse la resolución del tribunal catalán.

La Generalitat, en cambio, volvía a soslayar las decisiones de la Justicia. Mientras el presidente Pere Aragonès reaccionó con los clásicos eslóganes en defensa de la inmersión («el catalán no se toca y la escuela catalana, tampoco»), su consejero de Educación indicó que la resolución del Tribunal Superior de Justicia no cambiaba «nada» y que el propósito del Ejecutivo autonómico era desplegar «un nuevo marco normativo para actualizar y reafirmar el modelo lingüístico». La consejería, además, pretendió eximir a los directores de los centros de la responsabilidad de tener que ejecutar el fallo y se autoproclamó «responsable» ante los jueces desoyendo, de este modo, el aviso de la Fiscalía Superior de Cataluña, que había señalado que únicamente podían incurrir en un delito de desobediencia los máximos responsables de los propios centros.

DECRETO LEY

Fue el propio Gonzàlez-Cambray quien la semana que vencía el plazo para cumplir la sentencia del TSJC anunció la respuesta de la Generalitat: un nuevo decreto lingüístico sin referencias al número de asignaturas en catalán o castellano. «Medimos aprendizajes, no porcentajes», desafió el dirigente republicano. Y así lo hizo el pasado 30 de mayo el Gabinete liderado por Aragonès al aprobar un decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de lenguas». Su aprobación llegaba un día antes de que expirase el último plazo que había dado el TSJC para cumplir el fallo del 25%.

PACTO CON EL PSC

A la par que el Govern elaboraba el decreto ley anunciado por Gonzàlez-Cambray, el Parlament empezó a trabajar en una nueva ley de política lingüística que blindase la inmersión. Además de Esquerra, Junts y En Comú Podem, el proyecto contaba con el concurso del PSC, que en los últimos años había matizado su tradicional apoyo a este sistema de enseñanza y había abogado por flexibilizarlo. Aunque, en un primer momento, los posconvergentes se descolgaron del pacto por la presión recibida a través de las redes sociales por parte de los sectores más intransigentes del independentismo (reprochaban que se admitiera el uso el español como lengua de aprendizaje), el texto vio la luz en junio tras el beneplácito del Consejo de Garantías Estatutarias, que consideró la norma constitucional pese a admitir que no otorga al castellano la condición de vehicular, reservada para el catalán. Los socialistas, que se habían opuesto al decreto lingüístico del Govern, votaron afirmativamente.


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