¿Dictadura en Guatemala? La 'Justicia' de Giammattei cierra un diario y veta a 3 candidatos a las elecciones

A menos de tres semanas para las elecciones, las últimas jugadas del Gobierno ponen en evidencia la erosión de la democracia en el país.

Hasta hace tres semanas, Carlos Pineda era la gran promesa para las elecciones de Guatemala del próximo 25 de junio. Un empresario ajeno a la política, se había hecho conocido en los últimos meses a través de las redes sociales, donde diariamente publicaba vídeos en los que acusaba al Gobierno de Alejandro Giammattei de ser corrupto y déspota. Cuando anunció su candidatura en febrero, Pineda convirtió las denuncias de sus tiktoks en programa político. Su propósito de abolir la corrupción y escribir una historia nueva para Guatemala lo encarnaba un lápiz con goma, que es a su vez el símbolo de su partido, Prosperidad Ciudadana (PC).

El 19 de mayo, tres meses más tarde, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala suspendió la candidatura de Pineda en respuesta a un recurso interpuesto por Manuel Baldizón, un diputado "secuaz de la vieja y corrupta política", según condenaba más tarde el empresario en uno de sus vídeos. La razón de la sentencia: su partido incumplió la obligación de entregar varios informes financieros para la inscripción en las elecciones. Además de la postulación de Pineda a la presidencia, la decisión de la Corte inhabilitó más de mil candidaturas municipales de PC en todo el territorio nacional.

La inhabilitación del tiktoker a concurrir a las elecciones ha puesto en evidencia el manejo que el poder político hace de la Justicia. El fallo se emitió cuatro días después de que otro tribunal del país sentenciara a 40 años de prisión a José Rubén Zamora, director de elPeriódico, un adalid del periodismo de investigación en Guatemala que también se ha visto forzado a cerrar. Tanto el caso de Pineda como el de Zamora son las guindas de un pastel que lleva años cocinándose, y así como elPeriódico no ha sido el único medio perseguido por el Estado, PC no ha sido la única agrupación política amenazada. De hecho, la de Pineda se suma a la suspensión de otras dos candidaturas de la oposición: la del conservador Roberto Arzú (Podemos) y la de la indigenista Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

El periodista José Rubén Zamora es escoltado por penitenciarios tras una audiencia, el 31 de mayo. Efe

Tanto el acoso al periodismo como la censura a candidatos de la oposición son síntomas de una erosión de la democracia en Guatemala según Stefan Jost, analista de la Fundación Konrad Adenauer. Para ambas operaciones, el Gobierno de Giammattei ha necesitado a los magistrados como cómplices. Y los ha tenido: el nombramiento de Irma Elizabeth Palencia como presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue un catalizador para los tejemanejes de los últimos meses. Palencia, con lazos con el establishment, ha afianzado el poder judicial como "el primer y gran elector del proceso [electoral], restringiendo el voto ciudadano a la oferta preseleccionada", observan fuentes del consorcio Mirador Electoral.

Por eso, era de esperar que el oficialismo se sirviera de la connivencia de la Justicia para derribar a sus mayores competidores. De todos ellos, Pineda suponía la mayor amenaza. Con un discurso claro que ponía el acento sobre la seguridad y se aferraba a proverbios bíblicos, el candidato se presentaba a favor de una aplicación agresiva de la pena de muerte y de las medidas aplicadas en el vecino El Salvador por Nayib Bukele, que en sus palabras es un "buen dictador".

La encuesta electoral del diario Prensa Libre el pasado abril, antes de que Pineda quedara excluido. Prensa Libre

La campaña del empresario en redes le granjeó a Pineda un 23,1% de los votos en la encuesta del diario Prensa Libre —la única que se ha hecho—, desplazando así al resto de candidatos de la "política vieja" que él repudia. Esto es especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que el sondeo provenía de un medio ligado a esta 'casta', a la que pertenecían la otrora favorita Zury Ríos y a Sandra Torres.

Ir contra el establishment le ha costado también la participación en las elecciones al indigenista MLP de Thelma Cabrera. El candidato a vicepresidente, Jordán Rodas, señala en una entrevista con EL ESPAÑOL que el caso de su partido es diferente al de la PC de Pineda o el Podemos de Arzú: a diferencia de ellos, que han sido inhabilitados antes de las elecciones por recursos interpuestos por otros partidos o parlamentarios, el MLP "ha sido víctima de un bloqueo sistemático por parte del Estado guatemalteco", expone Rodas.

Jordán Rodas, excandidato a vicepresidente por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).

Pese a ello, la suspensión de las tres agrupaciones —radicalmente opuestas aunque contrarias al Gobierno— ha merecido en sus líderes la misma reacción: tanto Pineda como Cabrera como Arzú "han denunciado el fraude electoral y han pedido a sus partidarios que emitan simbólicamente votos 'nulos' vacíos" en la cita del 25 de junio, informa El Faro.

Manuel Villacorta teme un paradero similar para su partido progresista Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos). En una videoconferencia con EL ESPAÑOL, cuenta que el registro de su agrupación estuvo lleno de impedimentos y trabas burocráticas, como advertencia ya de que otra plataforma crítica con el oficialismo no era bienvenida por el Estado. Vos ha sido relegado en foros y debates preelectorales. Además, uno de sus actuales diputados, el activista LGTB+ y contra el VIH Aldo Dávila, ha visto revocada su inscripción como candidato parlamentario en estos comicios.

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El líder de Vos condena la situación del MLP de Thelma Cabrera, hacia el que siente "solidaridad plena" y con el que le gustaría haber concurrido bajo un solo proyecto político. No así denuncia la suspensión de Carlos Pineda: Villacorta sostiene que "su candidatura venía apuntalada por sectores vinculados con el crimen organizado". Según El Faro, el negocio de transporte del líder de PC "en un corredor de tráfico, la revocación de su visado estadounidense y la elección de su partido han alimentado las sospechas de una conexión con el narcotráfico".

La estrategia del Gobierno

Manuel Villacorta identifica la anulación de candidaturas como uno de los dos mecanismos que los últimos Gobiernos de Guatemala —desde Jimmy Morales— han utilizado para manipular los resultados electorales. El otro, la confección de encuestas falsas que, si en 2019 ponían a la impopular Sandra Torres a la cabeza, ahora apuestan por el mediático Pineda para "asustar a los pilares de la partidocracia e instarlos a unirse".

El candidato de Vos, Manuel Villacorta, durante una entrevista el pasado 22 de mayo. Efe

Con partidocracia, Villacorta se refiere a la red de agrupaciones que, con tiras y aflojas, comparten un poder históricamente corrupto. El candidato progresista concibe el Gobierno de su país como una organización que "involucra a empresarios, prensa, cárteles, militares y magistrados". Además, los mandatos han tenido la Justicia como su gran baza: por un lado, para castigar al rebelde; por otro, para mantenerse impunes.

La excepción a esta tendencia llegó en 2006, cuando la Guatemala de Óscar Berger se propuso desmantelar la corrupción con la fundación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) respaldada por las Naciones Unidas. En 2015, los fiscales de la CICIG "lograron avances sin precedentes en el descubrimiento de la profundidad de la corrupción, demostrando que el presidente en funciones [el exgeneral Otto Pérez Molina] dirigía una red de malversación masiva de fondos", explica un análisis del Americas Quarterly.

Una manifestación contra la suspensión de la candidatura de Pineda por la Corte de Constitucionalidad. Efe

En 2019, el Gobierno de Jimmy Morales finalizó unilateralmente la CICIG: "A medida que las investigaciones avanzaban y revelaban supuestas conexiones con influyentes líderes empresariales, la élite cerró filas, expulsó a la CICIG en 2019 y continuó socavando posibles amenazas, dijeron [el juez acosado por el sistema, Miguel Ángel] Gálvez y otros", cuenta la revista estadounidense.

En este contexto posterior a la Comisión de la ONU se encuentra la Guatemala de 2023. En un sistema electoral que no contempla la reelección de un presidente, la estrategia de Giammattei consiste en asegurar su impunidad tras las elecciones de junio velando por la permanencia en el poder de alguien afín. De lo contrario —si ganara Pineda, Cabrera, Arzú o incluso Villacorta—, sus socios de gobierno y él mismo podrían verse expuestos a purgas como las del CICIG, que, según Rodas, en su momento "tocaron fibras muy sensibles" de la élite política guatemalteca.

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Jost lo explica así: "Los partidos y su fundación se ven más como un modelo de negocio a corto plazo que como un proyecto político a largo plazo, consolidado programática e ideológicamente. Para muestra: de los 160 diputados, 126 se vuelven a presentar, y de estos, 78 diputados se vuelven a presentar por 28 partidos diferentes por los que aún no se habían presentado en 2019. El resultado es lo que en Guatemala se conoce como el 'pacto de los corruptos', es decir, todos aquellos que en el parlamento apoyan al actual Gobierno. Por otro lado, en el núcleo no se aprecian élites del cambio dispuestas a actuar, sino que dominan las élites de la persistencia, que no se enfrentan a ninguna presión problemática para cambiar", considera el investigador de la Fundación Konrad Adenauer.

En los próximos comicios, el 'pacto de los corruptos' podría estar liderado por el sucesor de Giammattei a la cabeza del partido Vamos, Manuel Conde Orellana; la ex-primera dama Sandra Torres, o Zury Ríos, hija de un dictador genocida.

Zury Ríos, candidata por Valor e hija del dictador genocida Efraín Ríos Montt, este 2 de junio en Sansare. Efe

José Efraín Ríos Montt, padre de la actual candidata presidencial por el partido Valor, fue condenado a 80 años de prisión por el asesinato de 1.171 indígenas ixiles. Pese a ello, murió en la impunidad en 2018. La hija menor del dictador militar es otro ejemplo de la maleabilidad de la Justicia en Guatemala: Zury Ríos cuenta con el beneplácito del TSE pese a la existencia de una norma constitucional que impide que los familiares de los golpistas concurran a procesos electorales.

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