El autor del informe Pegasus trabajó como asesor de la Generalitat dos años antes de su publicación
02:57
1 Mayo 2022

El autor del informe Pegasus trabajó como asesor de la Generalitat dos años antes de su publicación

Documentos prueban que Elías Campo fue uno de los 30 asesores a los que recurrió el expresident Torra cuando para la iniciativa 'Catalunya 2022'.

Elías Campo, uno de los autores del informe Pegasus para The Citizen Lab, trabajó como asesor para la Generalitat de Cataluña dos años antes de la publicación del informe sobre el presunto espionaje a cargos y miembros destacados de la esfera independentista. 

Según los documentos a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL, Elías fue uno de los 30 asesores a los que recurrió el Govern cuando aprobó la estrategia 'Catalunya 2022', una iniciativa, "dedicada a analizar los escenarios post Covid-19 y los proyectos de futuro". Este grupo de trabajo se reunió por primera vez con el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, en junio del año 2020.

Los lazos entre el instituto dependiente de la Universidad de Toronto, responsable del informe (luego publicado por New Yorker), y la esfera independentista son cada vez más evidentes. Los documentos en los que figura el autor del informe sobre las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los años de mayor fricción social en Cataluña acreditan sus servicios para la Generalitat.

En ellos se aseguraba que, con la iniciativa, el ejecutivo catalán pretendía elaborar "un análisis de escenarios", así como "un conjunto de propuestas de acción". Para ello, el equipo del presidente Torra echaba mano de 30 expertos en "diferentes disciplinas".

"Se quiere implicar talento de ámbitos muy diversos -indicaba la nota tras el acuerdo del gobierno autonómico-, no sólo de diferentes disciplinas del conocimiento sino también de distintas realidades sociales y culturales".

Torra buscaba, en palabras de los documentos emitidos tras aquellas reuniones, "liderar el futuro del país después de la Covid-19". El cometido de ese grupo de trabajo era, tal y como figura en los documentos, "el análisis de los escenarios de la situación económica y social generada por la pandemia de la COVID-19 a partir del año 2022, para proponer al presidente y al Gobierno de la Generalitat los ámbitos capitales para el futuro del país".

Tras esos análisis, el informático Elías y el resto de colaboradores elaborarán "un informe que identifique los riesgos, oportunidades y propuestas de acción" que el ejecutivo autonómico deberá acometer.

Campo es uno de los responsables del informe en el que se detalla cómo 63 independentistas catalanes fueron presuntamente espiados con el programa Pegasus. En sus perfiles de las redes sociales, en los que detalla su currículum, Elías explica cómo trabajó como informático para compañías como Whatsapp o Telegram antes de iniciar su andadura en el instituto de Canadá.

Nada aparece en esa suerte de currículum virtual sobre sus afinidades o sobre este proyecto en el que colaboró mano a mano con la Generalitat. Llegando a reunirse aquel año de manera telemática con el presidente autonómico.

Investigado por la Audiencia Nacional

El informático es uno de los investigados en la causas que la Audiencia Nacional tiene abiertas en torno al movimiento del Tsunami Democràtic. Este colectivo fue el encargado de promover las movilizaciones y fue presuntamente responsable de los disturbios callejeros posteriores a la sentencia del procés en octubre de 2019, dos años después del referéndum ilegal.

Documento público del proyecto en el que participó el informático. Abajo, su nombre subrayado.

Documento público del proyecto en el que participó el informático. Abajo, su nombre subrayado. EL ESPAÑOL

De hecho, según El Mundo, llegó a viajar a Bruselas para presentarle al expresident Carles Puigdemont el proyecto digital con el que el independentismo buscaba disponer de control sobre votaciones electrónicas y la creación de una moneda digital. A su vez, este informático afín al separatismo figura al mismo tiempo autor del informe y damnificado por los presuntos hackeos a través del software israelí Pegasus.

En aquellos días de 2019, los radicales salieron a las calles, cortaron avenidas, bloquearon aeropuertos y estaciones de tren y la violencia se desató en las calles de las principales ciudades de Cataluña. Es precisamente en esa época en la que se enmarcan las escuchas autorizadas por el Tribunal Supremo a los servicios secretos sobre los independentistas. 

En aquellos años, tal y como avanzaron a este periódico fuentes de la inteligencia española, entre los nombres que ahora aparecen como afectados por el software había personas escogidas por el independentismo para integrar o conformar el llamado "CNI catalán". Era crucial para el CNI conocer quién estaba al frente y cuáles eran sus actividades. 

Saber qué o quién había tras el "CNI catalán" era por tanto una misión clave para los servicios de inteligencia españoles, los cuales tienen la obligación de "prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".

Estrategia separatista

Tal y como ha revelado EL ESPAÑOL, el Gobierno sospecha que la Generalitat conocía hace varios meses que se publicaría el informe que denuncia el supuesto espionaje masivo de líderes independentistas y tiene el temor de que encallen leyes "sociales o ideológicas" que requieren el voto de todos los partidos del bloque de investidura.

De esa manera, Aragonès canceló la tercera cita de la mesa de diálogo días antes de que estallara el 'caso Pegasus'. Justo poco después de que el Parlamento Europeo anunciara, el 10 de marzo, la constitución de la Comisión de Investigación "encargada de examinar el uso del programa espía de vigilancia Pegasus y otros programas equivalentes". Entre los 38 eurodiputados que la componen se empeñaron en estar -y lo lograron- Carles Puigdemont (Junts), Diana Riba (ERC) y Jordi Solé (ERC), uno de los supuestamente espiados.

El Gobierno recela así que la Generalitat ya conocise en marzo, cuando suspendió la reunión, que se iba a publicar la investigación del llamado caso Pegasus. Tras el estallido del escándalo, el presidente de la Generalitat anunció en público que frenaba las relaciones con el Gobierno central.

Esa situación, que se visualizó claramente el pasado 2 de febrero cuando ERC ya se distanció del Gobierno en la votación sobre la reforma laboral, no supone en sí misma poner fin a la legislatura o al Ejecutivo de coalición. Sin embargo, según admite Moncloa, sí supone que leyes que necesitan votos de la izquierda no se puedan aprobar, porque es imposible formar mayorías alternativas.

A consecuencia de lo ocurrido, la decisión del Gobierno de aplacar los ánimos del independentismo permitiendo que ERC y Bildu participen en la Comisión de Secretos Oficiales ha suscitado las críticas y la estupefacción en el seno del CNI: "Es como meter a un gato en la jaula de los ratones", apuntan las fuentes consultadas. "Una salvajada, un peligro".

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