El caos jurídico tras el fin del estado de alarma: los tribunales tumban el toque de queda en País Vasco pero lo permiten en Valencia y Baleares
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8 Mayo 2021

El caos jurídico tras el fin del estado de alarma: los tribunales tumban el toque de queda en País Vasco pero lo permiten en Valencia y Baleares

Una vez decaiga el paraguas jurídico del estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo, cada comunidad autónoma deberá contar con el aval de la justicia para poder imponer restricciones

Directo Coronavirus España hoy, noticias de última hora Planes de las comunidades Fin del estado de alarma: restricciones a partir del 9 de mayo en España Comunidad Valenciana El TSJ avala que la Comunidad Valenciana mantenga el toque de queda y el límite de reuniones tras decaer el estado de alarma Baleares El Tribunal Superior de Baleares avala que siga el toque de queda tras el final del estado de alarma País Vasco Los jueces vascos tumban el toque de queda, el cierre de Euskadi y sus ciudades que pretendía el lehendakari

El fin del estado de alarma, el paraguas legislativo que permitía a las comunidades autónomas limitar derechos fundamentales para contener la difusión del coronavirus, trae consigo un frente judicial que deja ciertas paradojas a lo largo del territorio español.

Mientras los tribunales superiores de justicia de Baleares y la Comunidad Valenciana han avalado que se mantengan las restricciones a la movilidad en las respectivas regiones, los jueces han seguido el camino contrario en el País Vasco, donde han tumbado el toque de queda y los cierres perimetrales de Euskadi y de sus ciudades. En Cataluña, por su parte, el TSJC ha avalado las limitaciones en el derecho de reunión.

El TSJPV tumba las restricciones en Euskadi

"Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado", defiende la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior del País Vasco para oponerse a la continuidad de las restricciones que pretendía el lehendakari Iñigo Urkullu sin el estado de alarma.

El fallo de los jueces vascos rechaza que pueda utilizarse la Ley Orgánica de Sanidad para limitar derechos fundamentales y ha dejado a Urkullu con un estrecho margenpara aprobar nuevas restricciones.

Ante el varapalo judicial, Urkullu ha anunciado que renuncia a la vía del recurso al Tribunal Supremo. "No quiero judicializar este proceso, quiero ofrecer garantías a la sociedad vasca", ha apuntado tajante en la tarde de este viernes al tiempo que anunciaba las medidas que finalmente entrarán en vigor.

Aval a las restricciones en la Comunidad Valenciana

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha autorizado las limitaciones a la movilidad nocturna, a las reuniones sociales o familiares y al aforo en los lugares de culto acordadas por la Generalitat Valenciana este jueves ante el fin del estado de alarma.

Pero los magistrados acotan la vigencia de estas restricciones al periodo comprendido entre el 9 y el 24 de mayo -no hasta el 30 de mayo como pedía la Administración- y establecen que será la evolución de la pandemia y el ritmo de la vacunación los que determinen "la necesidad -o no- de su prórroga o la adopción por la autoridad competente de medidas de mayor laxitud en la afectación a derechos fundamentales".

La Fiscalía había avalado las restricciones que había solicitado la Generalitat Valenciana ante el inminente fin del estado de alarma el próximo 9 de mayo. El fiscal portavoz del alto tribunal, Jaime Gil, ha confirmado este viernes que el ministerio público no se opone a las medidas propuestas y que incidían en dos aspectos fundamentales: el toque de queda y la limitación de los encuentros sociales. Después, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha autorizado efectivamente las restricciones propuestas por el Govern.

Una vez decaiga el estado de alarma, la Generalitat plantea mantener la limitación de la movilidad nocturna entre las 0 y las 6 horas. Es decir, se mantiene el toque de queda aunque solo a partir de medianoche, tal y como reclamaba la restauración para poder servir cenas.

Además, se fija en 10 el número máximo de personas en reuniones sociales, "tanto en espacios públicos como en privados, al aire libre o cerrados". Por último, se quiere limitar el aforo al 75% en espacios de culto.

Batalla judicial en Baleares

La Justicia balear avaló también este jueves que el gobierno autonómico que preside la socialista Francina Armengol pueda seguir manteniendo las restricciones más severas a pesar de no contar con el paraguas del estado de alarma.

Pese a que la cuestión ha dividido claramente al tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJB) tomó esta decisión el jueves por la mañana tras reunirse de urgencia para resolver la petición del Ejecutivo balear, que el lunes le solicitó que se pronunciara a favor de mantener las medidas más restrictivas, garantizándole que no vulnera la legalidad.

Concretamente se prolongará hasta el 23 de mayo el toque de queda entre las 23 y las 6 horas. También se seguirá limitando el aforo en lugares de culto, se extenderá la prohibición de reuniones sociales de más de 6 personas incluso en espacios privados y se prolongará la exigencia de pruebas PCR a viajeros que entren por puertos y aeropuertos, incluidos los que proceden del resto de España. De hecho, ayer mismo ya se empezaron a dar instrucciones a los puertos para que garanticen que se sigue cumpliendo esta exigencia.

La Fiscalía balear se opuso a que se sigan manteniendo estas limitaciones alegando que exceden las competencias del gobierno balear y que sólo pueden aplicarse bajo el amparo de la figura del estado de alarma o de una ley orgánica al afectar a derechos fundamentales blindados por la Constitución Española.

Por contra, el Govern alegó que existen tres leyes que le dan margen para actuar en ese sentido por la excepcionalidad sanitaria del momento. Basó su informe en la Ley 14/ 86 de la Ley General de Sanidad, en la ley 33/2011 de Salud Pública y en la ley autonómica de Salud de 2003. Además, presentó informes del comité que asesora al gobierno vinculando estadísticamente la relajación de medidas con el incremento de incidencia del virus.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB bloqueó inicialmente esta pretensión al negarse a decidir sobre el fondo de la cuestión hasta que el Govern no lo decidiera. Eso provocó que ayer mismo la presidenta Armengol convocase a sus consejeros para aprobar la prórroga de las medidas para luego someterlas a la fiscalización del TSJB.

Finalmente, la máxima instancia judicial de las Islas ha dado la razón al Govern. Pero lo ha hecho con unaclara división interna entre los cinco magistrados al salir adelante la votación por tes votos a favor y dos en contra. Los votos en contra han sido de dos magistradas adscritas a la Asociación Profesional de la Magistratura, organización de corte conservador. Ambas suscriben un contundente voto particular en contra que se opone a la prolongación de las medidas sin el paraguas del estado de alarma nacional.

Según refleja el auto, sostienen que "resulta constitucionalmente inaceptable" que se adopten medidas sanitarias de forma "prolongada, genérica e injustificada cuando encubren una situación de excepción", restringiendo derechos fundamentales. Por tanto, consideran injustificado y poco ponderado mantener las duras restricciones en esta situación, y no lo avalan desde el punto de vista jurídico.

Por contra, los tres magistrados que han decantado la votación a favor del mantenimiento de las medidas sí consideran que son "proporcionadas" y ajustadas a la legalidad. Recalcan que está en juego la salud y que "la pandemia ha sido y sigue siendo un riesgo para la vida".

El TSJ de Cataluña aprueba limitar el aforo de las reuniones

La Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aprobado este viernes las restricciones que propuso la Generalitat para después del estado de alarma que se refieren a limitar a seis personas los encuentros sociales y restringir el aforo en actos religiosos y civiles.

En un auto de este viernes, la sección 3 de la Sala Contenciosa ha avalado las medidas después de que la Generalitat pidió autorización judicial urgente porque implican limitar o restringir derechos fundamentales.

El jueves, la Fiscalía envió al TSJC su informe sobre la cuestión, en el que se mostró favorable a que los jueces ratifiquen las medidas que propone el Govern porque son una restricción "proporcionada a la necesaria preservación de la salud".

EL TSJM ratifica las medidas de Madrid

TSJ de Madrid ha acordado este viernes ratificar las medidas acordadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en su Orden 550/2021, de 30 de abril, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales para la contención del Covid-19 en determinados núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud de la región.


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