El fiscal general ordena limitar las revisiones en los delitos de malversación para evitar rebajas de penas a corruptos
12:30
25 Enero 2023

El fiscal general ordena limitar las revisiones en los delitos de malversación para evitar rebajas de penas a corruptos

Emite un decreto para unificar criterios a fin de que todos los integrantes del Ministerio Fiscal den una respuesta uniforme que garantice el principio de unidad de actuación

Justicia Pautas de la Fiscalía para evitar que la rebaja de la malversación genere "espacios de impunidad" Política Sánchez defiende que la reforma de la malversación tiene garantías para que no se beneficie ningún político corrupto

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido este miércoles un decreto para establecer pautas interpretativas y unificar criterios para que todos los integrantes del Ministerio Fiscal den una respuesta uniforme que garantice el principio de unidad de actuación ante la entrada en vigor de la reforma del delito de malversación.

Tal y como ha informado hoy EL MUNDO, el decreto cuenta con el acuerdo y las aportaciones de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, los fiscales de Sala Jefes de la Sección Penal del Tribunal Supremo, el fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía Anticorrupción y la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica.

La Fiscalía General del Estado considera que la Ley Orgánica 14/2022 amplía el marco de tutela penal del patrimonio público, pues la introducción del nuevo artículo 433 y la aplicación del artículo 252 del Código Penal implicarán que "ninguna conducta malversadora quede impune y que cualquier atentado contra los caudales públicos tenga una respuesta penal", recoge una nota de prensa distribuida por el Ministerio Público.

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En el decreto, la Fiscalía trata de encuadrar la aplicación de la reforma de la malversación en cuatro tipos delictivos del nuevo Código Penal tratando así de evitar que se generen lagunas legales que permitan beneficiarse a los corruptos. Es decir, si el legislador ha podido dejar fuera alguna conducta que antes encajaba en la malversación, se trata de que las mismas no queden destipificadas.

En concreto, el Ministerio Público cree que no se deben revisar las sentencias condenatorias por delitos de malversación apropiatoria dictadas con arreglo al artículo 432 del Código Penal vigente tras la reforma de 2015 puesto que la nueva ley ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación.

Además, para aquellos casos de la comisión de un delito de malversación que sea equiparable a la administración desleal (en el ámbito privado) se dará la instrucción a los fiscales de que apliquen el nuevo artículo 252 del Código Penal pero con la agravante de carácter público. Este último artículo recoge, textualmente, que «serán castigados los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado".

En el decreto se explica que la supresión por el legislador de la malversación en su modalidad de administración desleal introducida en el año 2015 solo afectará a los hechos cometidos entre el 1 de julio de 2015 y el 11 de enero de 2023, pues estas conductas no eran delictivas antes de aquella fecha. En todo caso, la administración desleal del patrimonio público no será impune, sino que seguirá siendo perseguible penalmente tras la reforma de la Ley Orgánica 14/2022.

El fiscal general Álvaro García Ortiz ha remitido el decreto a la carrera fiscal aunque en las próximas semanas se elaborará una circular -que pasará por la Junta de Fiscales de Sala- para abordar una interpretación más profunda de la reforma que abarata el delito de malversación de caudales públicos.


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