El Gobierno admite que sus nombramientos en el Constitucional pueden abrir una ''crisis institucional sin precedentes''
01:42
30 Noviembre 2022

El Gobierno admite que sus nombramientos en el Constitucional pueden abrir una ''crisis institucional sin precedentes''

El tribunal de garantías puede impedir que estos nombramientos sean efectivos hasta que no haga los suyos el Consejo General del Poder Judicial

Justicia Pedro Sánchez elige a su ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado para el Tribunal Constitucional Reacciones El PP acusa al Gobierno de "colonizar" el TC para salvar sus pactos con ERC y los aliados le reprochan volver a las "puertas giratorias"

«La paciencia tiene un límite». Así explican en La Moncloa su decisión de nombrar a los dos candidatos que le corresponden como magistrados del Tribunal Constitucional, sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya designado a los dos suyos. Según dictamina la Constitución, ambos debieran hacerlo de la mano, a la vez. Pero el bloqueo en el CGPJ y, consideran en el Gobierno, la actitud de los ocho magistrados conservadores de este órgano, que «no cumplen la ley ni la Constitución» al impedir estos nombramientos, han sido algunos de los motores de la decisión de La Moncloa.

Una decisión polémica y aún incierta. Polémica porque La Moncloa ha designado como sus candidatos a dos ex altos cargos del propio Gobierno de Pedro Sánchez: el ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Oposición y socios de gobernabilidad han censurado estas «puertas giratorias». Campo y Díez son candidatos «absolutamente idóneos», defienden en La Moncloa, donde consideran que cumplen los requisitos «sobradamente». «La decisión del Consejo de Ministros es absolutamente idónea», defendió Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.

Sí, los ex altos cargos cumplen con los requisitos para dar el salto al Tribunal Constitucional. A saber: ser ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados; juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función. Ocurre que está por ver si pueden tomar posesión en el tribunal de garantías. Fuentes gubernamentales asumen, e incluso dan por sentado, que el Constitucional puede validar su idoneidad, pero impedir que sus nombramientos sean efectivos hasta que no haga los suyos el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que los nombramientos no sean efectivos hasta que los cuatro candidatos -dos del Gobierno, dos del CGPJ- estén validados.

Este riesgo se contempla ya en el Gobierno y se asume sin tabúes que supondría «una crisis institucional sin precedentes». Y eso que el bloqueo del CGPJ y la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes, ya instaló a España en una grave crisis institucional y de reputación.

La Moncloa confía en que el Constitucional no frene los nombramientos porque son «idóneos» y cumplen los requisitos. «No son de derechas», ironizan, pero «sí idóneos».

Ese temor de «crisis institucional» ganó enteros, porque el Constitucional decidió ayer que no se va a convocar el Pleno en el que se tiene que dar el plácet a los miembros designados por el Ejecutivo a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial nombre a los suyos.

Presión a los jueces conservadores

La maniobra, arriesgada, del Gobierno persigue, al menos, dos fines. Uno, presionar al Poder Judicial para que designe ya a sus candidatos. En La Moncloa hay un creciente e indisimulado enfado con los ocho magistrados conservadores que entienden bloquean la designación de los dos magistrados que les corresponde para el Constitucional, algo que por ley debían haber hecho antes del 13 de septiembre. Bolaños, ministro de la Presidencia, no vaciló en acusarlos de «bloquear» y de «no cumplir con la ley ni con la Constitución».

La estrategia pasa por hacer crecer la presión sobre estos ocho magistrados conservadores del CGPJ para que designen a su candidato conservador, todo vez que el sector progresista de este órgano ya consensuó que su nombre fuera el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés. De ahí que se señale «a los ocho magistrados conservadores». El órdago de La Moncloa a estos es claro: «No tienen nada más urgente e importante que hacer. Lo podrían [los nombramientos] esta misma tarde».

El segundo fin de Sánchez era no demorar más el volteo ideológico en el Constitucional. Esto es, iniciar ya los trámites para avanzar en una mayoría progresista en el tribunal de garantías, que ya quedará asentada vuelva a ser Sánchez presidente o lo sea Feijóo. Y era un asunto crucial para el presidente del Gobierno porque este órgano debe decidir sobre leyes claves ante recursos interpuestos por la derecha, como los relativos al aborto, la eutanasia, la reforma laboral... «Debe tomar estas decisiones en asuntos tan importantes para los derechos con su legitimidad renovada».


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