El Gobierno carga contra los jueces conservadores por ''detener la acción legislativa de los
representantes legítimos del pueblo''
10:45
20 Diciembre 2022

El Gobierno carga contra los jueces conservadores por ''detener la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo''

El PSOE y las Cortes desoyen el envite de Unidas Podemos de desobedecer al Tribunal Constitucional

Gobierno Podemos presiona al PSOE para desobedecer al Tribunal Constitucional Justicia El Constitucional paraliza la reforma legal de Sánchez por seis votos frente a cinco

En La Moncloa han sido horas de nervios y preocupación. Que se incrementaron y dispararon por momentos, cuando se constataba que la situación no estaba controlada. Estaba perdida. En esta «crisis sin precedentes», como se reconoce en el seno de la coalición, en La Moncloa, la semana pasada daban por sentado que el recurso del PP ante el Tribunal Constitucional «no tiene ningún recorrido». Convicción o deseo, lo cierto es que la reforma judicial de La Moncloa sufre un duro revés y abre un escenario imprevisible, como se admite. El Ejecutivo acata la resolución pero prosigue en el choque: «No compartamos ni el insólito procedimiento, ni el fondo de la decisión, nunca antes visto en las Cortes Generales».

Fue Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, arquitecto y responsable de esta reforma legal ahora puesta en solfa -no es el primer varapalo del Constitucional que sufre, también tumbó los estados de alarma-, quien dejó plasmado el malestar del Gobierno con una decisión que sorprendió y que no esperaban. «El TC ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español, algo que nunca había sucedido en 44 años y que afecta a la separación de poderes».

El tono serio, casi fúnebre de Bolaños, denotó la gravedad de la situación, la crisis en ciernes. Las declaraciones de miembros del Gobierno de las últimas horas, poniendo el foco en los magistrados del Tribunal Constitucional, denotaba que la alarma estaba activada. Había intranquilidad manifiesta, no ya sólo por el posible varapalo, sino por sus consecuencias «inimaginables».

Un sentimiento de enfado, malestar, recorrió ayer por la noche Ferraz, sede nacional del PSOE, y el Gobierno. «Jueces impidiendo votar a los representantes de los ciudadanos», clamaban cargos de la cúpula. Enfado, malestar... «Abuso», «disparate», «atropello», «grave», «inaudito», eran otras palabra repetidas entre los socialistas. Había quienes llamaban a «salir a defender la democracia». Muchos aludían a que esta situación explicaba, entre otras cosas, por qué el PP mantiene bloqueada desde hace cuatro años la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Constitucional, órganos donde aún cuenta con mayoría conservadora.

En una línea similar, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, al que la decisión del TC le pilló en directo en RNE calificó la decisión de «golpe consumado». «La derecha política, mediática y judicial consuma un golpe sin precedentes a la democracia. Toca demostrar que los demócratas somos más», ahondó la ministra Ione Belarra.

La tesis de La Moncloa es que la ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales, que esa facultad se derogó en 1985 para evitar lo que ocurrió ayer. «El PP quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es. Con sus recursos, quiere decidir qué se aprueba y qué no se aprueba. Hoy se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá», fue el intento de Bolaños de situar la pelota de juego en la crítica y censura al bloqueo que ha ejercido el PP en la renovación del Poder Judicial durante cuatro años.

«Lo que se está dirimiendo no es una cuestión de ley sino la propia legitimidad y capacidad de reputación que pueda tener este órgano», fue el claro mensaje que lanzó horas antes de la decisión del TC María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número dos del PSOE, que anticipó que podía abrirse «una crisis de difícil solución». Aviso claro y directo con receptores inequívocos. Presión, que se demostró inútil.

«Confío en que el Tribunal Constitucional adopte una decisión justa y con arreglo a la ley»; «Tome una decisión ajustada en Derecho y fundamentada en los pilares de la democracia»; «Nunca se había producido un intento de atropello tan importante en la sede de la soberanía popular»... fueron sólo algunos de los mensajes vertidos por ministros en las últimas horas con unos destinatarios claros: los magistrados del TC.

Tanto el Congreso como el Senado anticiparon que acatarán la decisión del Constitucional, haciendo así también oídos sordos al planteamiento de desobediencia que alentaba Unidas Podemos. Las dos Cámaras estudiarán las vías para defender su «autonomía», que ven invadida. Ander Gil, presidente del Senado, fue más combativo pese a su rol institucional y denunció que lo decidido deja «comprometida» la «inviolabilidad» de las Cortes. Asimismo, expuso y que la utilización «tacticista que se está haciendo del TC desnaturaliza su función y perjudica su posición» y que se está «dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático».

Desde el Congreso, su presidenta, Meritxell Batet, mostró su «honda preocupación» porque considera que la decisión del TC afecta al «funcionamiento» del poder legislativo y al «ejercicio de sus facultades constitucionales». A su juicio, abre la puerta a que un solo diputado pueda paralizar un procedimiento en marcha mediante un recurso de amparo. El Congreso acatará la decisión del tribunal pero espera «ser oído» para «defender» sus funciones.

En La Moncloa hay malestar con el PP, es algo público y notorio, y también con los magistrados conservadores, a los que se acusa, al menos se desliza, que actúan de forma orquestada, sincronizada con el PP. En base a esta connivencia explican el hecho de que Feijóo reitere que está «dispuesto a llegar donde haga falta» porque, consideran, aprovecha las mayorías actuales derivadas de la época de la mayoría de PP.

Aunque ayer por la noche en La Moncloa evitaban aclarar posibles escenarios ante un revés del Constitucional, una de las vías más plausibles es que el Gobierno prosiga en su intento de designar a sus dos magistrados en el TC -el ex ministro Campo y una ex alto cargo de Moncloa- y lo haga a través de una proposición de ley que presenten PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, mediante un trámite exprés de apenas un par de semanas. Sería calcar el proceso seguido para derogar el delito de sedición y reformar la malversación. Mayoría tiene para ello, pero prefirió otra vía polémica.


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