El Gobierno ignora a Bruselas y usará otra vía exprés en el Congreso para voltear la mayoría conservadora del TC
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21 Diciembre 2022

El Gobierno ignora a Bruselas y usará otra vía exprés en el Congreso para voltear la mayoría conservadora del TC

Tras la decisión del Constitucional de frenar el trámite parlamentario de la reforma legal de La Moncloa, usarán la misma vía que con la derogación de la sedición.

"Después de la tormenta llega la calma". Es el horizonte, casi más bien deseo, que este martes expresaban en La Moncloa. España está sumida en una "crisis institucional" como admiten en el Ejecutivo, después de que el Tribunal Constitucional frenase, a petición de un recurso del PP, una reforma legal impulsada por el Gobierno aún en trámite parlamentario, esto es, no aprobada por las Cortes. El revés sorprendió en el complejo presidencial por inesperado. Aunque llevan días trabajando en planes b, no esperaban la decisión. Gobierno y Cortes acatan la decisión, pero Pedro Sánchez está decidido a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y voltear la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional (TC). Para ello, van a presentar una nueva iniciativa parlamentaria que se articulará a través del PSOE y Unidas Podemos en el Congreso.

"Tranquilidad"; "hay que esperar unos días" tratan en La Moncloa de lograr respiro ante una crisis "sin precedentes". En el Gobierno quieren leer bien el escrito del Tribunal Constitucional que tumba su reforma legal para cambiar precisamente el Constitucional y, sobre todo, los votos particulares que haya de los magistrados progresistas. Pero la decisión es clara: sortear el bloqueo del PP mediante una nueva iniciativa parlamentaria, apuntan fuentes gubernamentales.

Como ha venido informando este diario, la vía más plausible para el Gobierno es presentar una proposición de ley a través del PSOE y Unidas Podemos, algo que fuentes parlamentarias confirman a EL MUNDO que se hará esta misma semana y, en concreto, el jueves. Al menos, eso es lo que han trasladado los socialistas a otros grupos, en un proceso en el que buscan reunir ya de partida el mayor número de apoyos posibles.

Esta era una vía que el Gobierno pudo tomar desde el primer momento, pues como la derogación de la sedición y el cambio de la malversación tenía mayoría para hacerlo y, de hecho, ahora mismo podría tener el proceso en vías de finalización. Pero optó por ejecutarlo mediante unas enmiendas a la reforma del Código Penal, lo que ha motivado los recursos del PP ante el propio Constitucional y el posterior revés de éste al Gobierno.

Hacer una reforma mediante una proposición de ley -iniciativa que emana de los partidos políticos- permite ejecutar un procedimiento de urgencia, esto es, tener listos los cambios en apenas unas semanas. Además, se sortean los informes preceptivos de órganos como el propio Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado. Algo que sí es preceptivo cuando se trata de un proyecto de ley -iniciativa que emana del Gobierno-.

Sucede que este martes fuentes de la Comisión Europea han recordado que "existen estándares europeos para las reformas judiciales importantes, de calado", y éstas "requieren consultas previas" a todas las partes implicadas. Desde el CGPJ a las asociaciones de jueces y fiscales pasando por la Comisión de Venecia, el órgano específico del Consejo de Europa (que no es parte de la UE). Esas mismas fuentes, perfectamente al tanto de lo que está en juego y el impacto de su posición, han añadido que corresponde al Tribunal Constitucional "dirimir cualquier duda al respecto" además, por lo que pide a las autoridades nacionales que respeten las normas.

Pese a la evidencia de que una proposición de ley permite un trámite exprés y esquiva los informes de los órganos consultivos, en el Gobierno defienden así esta manera de proceder: "Hay que tener pudor y respeto a la división de poderes y no hacer un proyecto de ley que sería del Gobierno y sí una proposición de ley", explicó este martes Pilar Llop, ministra de Justicia, cuestionado sobre las opciones que barajaba el Ejecutivo.

La iniciativa que el Gobierno, a través de los partidos que lo sustentan -PSOE y Unidas Podemos- presentará en el Congreso y que espera tener aprobada en tres o cuatro semanas se basa en las enmiendas que vetó el Constitucional. En concreto, una iniciativa que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial modificando los nombramientos de magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial, con el propósito de eliminar el quórum mínimo que permite eludir la mayoría de tres quintos exigida expresamente a las Cámaras para garantizar la independencia de dichos magistrados y, además, limita las capacidades de propuesta de los vocales del Consejo.

La segunda iniciativa es la que pretende modificar la Ley orgánica del Tribunal Constitucional eliminando la potestad de dicho órgano para verificar la adecuación al ordenamiento de los nombramientos de los nuevos magistrados. Además, se habilita la posibilidad de renovar "un sexto" del Tribunal en lugar de "un tercio", que es lo que dictamina el artículo 159.3 de la Constitución.

Aunque enero es un mes inhábil parlamentariamente hablando, esto es, no se celebran Plenos, se habilitarán para poder realizar la tramitación de esta normativa. Fuentes gubernamentales admiten que en el final y principio de año habrá actividad y recuerdan, además, que aprovecharán que está pendiente que Sánchez comparezca en el Congreso para explicar el último Consejo Europeo, una rendición de cuentas que siempre hace el presidente del Gobierno.

Frente de los socios para renovar el Poder Judicial

Mientras tanto, Unidas Podemos ha abierto una vía en otro de los asuntos pendientes, con el objetivo de impulsar una rebaja de las mayorías en el Congreso para elegir a los miembros del CGPJ. Para pasar de exigir tres quintos de la Cámara, que obliga a pactar con el PP, a sólo mayoría absoluta, y así poder sortear a los de Feijóo. Ayer mantuvo una reunión conjunta con ERC, PNV, EH Bildu o Más País para acercar posturas para luego convencer al PSOE. Los morados llevan tiempo insistiendo en esta fórmula que borraría la exigencia de consenso entre las dos principales fuerzas del Congreso, pero el conflicto con el TC ha propiciado que, según Pablo Echenique, en Ferraz se sea "menos reticente" ahora "de lo que era en unas semanas". No sólo es una percepción del portavoz morado, Patxi López reconoció que están estudiando todos los escenarios, también ése.

Como Unidas Podemos ve opciones, quiere tratar este asunto con la máxima discreción y con tiempo. Por ello, hay emplazamientos a seguir hablando en los próximos días sin publicidad. Echenique hizo llegar ayer al PSOE una propuesta completa para rebajar las mayorías pero con un cambio ideado por Martín Pallín, que establece que la absoluta (176 votos) se refuerce con la exigencia de que al menos haya cinco grupos que apoyen la votación que renueve los miembros del CGPJ, de tal manera que sea necesarios llegar a consensos y que sería un blindaje frente a un partido con mayoría absoluta.

Unidas Podemos descarta hacer ninguna iniciativa "unilateral" y fía todo a "convencer" con "argumentos" al PSOE para ir en esa dirección. Se tarde el tiempo que se tarde.


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