El Gobierno impone su veto en el Congreso a todas las bajadas de impuestos
11:15
27 Septiembre 2022

El Gobierno impone su veto en el Congreso a todas las bajadas de impuestos

Cortocircuita todas las enmiendas que piden reducir el IVA de bienes y servicios de gran consumo. Los letrados tachan esta práctica de «inaceptable» e inconstitucional

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El Gobierno ha laminado todas las propuestas de los grupos parlamentarios para bajar el IVA en productos y servicios de gran consumo imponiendo su veto a la tramitación de 42 enmiendas del total de 59 presentadas a su proyecto de ley de modificación de las normas que regulan los Impuestos Especiales, el IVA y las Tasas Consulares. Los letrados del Congreso han advertido en un largo informe que esta práctica es «inaceptable», vulnera la Constitución y atenta contra las competencias del Legislativo.

El veto del Gobierno se produce en plena efervescencia del debate sobre los impuestos, la ayuda a la clase trabajadora, la aportación que hacen los más pudientes a las arcas del Estado, los gravámenes que penalizan a las rentas medias y bajas, la eficacia en la gestión de los recursos públicos y el excedente recaudatorio a cuenta de la inflación.

El Ejecutivo alega, para impedir que las propuestas de las formaciones parlamentarias sean debatidas y votadas, que las mismas provocarían una «disminución de ingresos afectando tanto a los Presupuestos presentes como a los futuros».

El veto del Gobierno se extiende a todas las enmiendas presentadas por los grupos -a excepción de las firmadas por PSOE y Unidas Podemos- que plantean, entre otras medidas, la reducción al 4% del IVA aplicable a los yogures y leches fermentadas así como a los alimentos sin gluten imprescindibles en la dieta de los celíacos; los servicios de internet para hogares monoparentales o en situación de pobreza; la ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día y noche y atención residencial en régimen privado y a las entradas a bibliotecas, archivos, museos, galerías de arte, cines, teatros, circos y conciertos.

También se han cortado de raíz las que proponen situar en el 10% el impuesto de los servicios veterinarios así como el de los funerarios y de cremación; el de las prótesis de cabello o pelucas cuando sean prescritas por un médico; los servicios de peluquería, barbería y estética; el de los instrumentos musicales destinados a la enseñanza y el de las obras en inmuebles para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad y, en el 0%, el gravamen sobre las donaciones a entidades sin fines lucrativos.

Contundente informe

A la vista del veto masivo, el letrado adscrito a la Comisión de Hacienda, el constitucionalista Manuel Fernández-Fontecha, ha emitido un informe contundente en el que tacha de «inaceptable» que el Gobierno limite «de forma muy relevante» la potestad legislativa hasta el punto de «anularla» extendiendo su capacidad de veto «a cualquier modificación de una norma reguladora de los ingresos».

«De aceptarse la posición del Gobierno», señala, «la función legislativa de las Cortes en las normas tributarias se restringiría sólo a aquellas enmiendas que supongan más ingresos o no supongan cambio alguno de la cifra de recaudación estimada».

Añade, además, que la afirmación de que se disminuyen los ingresos «no es un hecho susceptible de certeza, sino de probabilidad» porque los ingresos son siempre un cálculo aproximado. En este sentido, resulta evidente la imposibilidad de argumentar sin lugar a duda que las enmiendas propuestas por los grupos provocarán una rebaja concreta de la recaudación.

En cualquier caso, el informe destaca, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que el veto por disminución de ingresos debe referirse siempre al Presupuesto en vigor y en este caso, en las enmiendas que el Gobierno pretende cortocircuitar «no se aprecia afectación al Presupuesto vigente», de hecho, muchas de ellas, principalmente las planteadas por ERC, especifican que su entrada en vigor debería ser el 1 de enero de 2023 e, incluso, en la justificación que las acompaña se detalla con datos cómo determinadas bajadas del IVA propician una mayor recaudación.

A la vista del informe letrado, la Mesa de la Comisión, dominada por PSOE y UP, tendrá que tomar una última decisión: contradecir al Gobierno o, lo más previsible, apoyar su veto. En este último caso, los grupos acudirán a la Mesa grande, la encabezada por la presidenta de la Cámara Meritxell Batet, y en la que también cuentan con mayoría las dos formaciones gubernamentales. En caso de rechazo también en esta instancia, valoran recurrir en amparo al Constitucional.

Es el trámite que, por ejemplo, siguió el representante del PDeCAT, Ferran Bel, cuando el Ejecutivo intentó vetar sus enmiendas al impuesto sobre transacciones financieras y el gravamen sobre servicios digitales. «También era», explica, «una situación manifiestamente irregular». Bel advirtió con acudir en amparo al TC y forzó la retirada del veto gubernamental.


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