El Gobierno justifica su plan de ayudas por temor a perder 9.000 millones en avales del ICO
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17 Marzo 2021

El Gobierno justifica su plan de ayudas por temor a perder 9.000 millones en avales del ICO

En la memoria económica del decreto dice que reacciona ante el riesgo de que la banca ejecute avales estatales y oculta la metodología por la que prima a comunidades del PSOE en el reparto de ayudas directas

El Gobierno justifica su plan de ayudas a empresas y autónomos por temor a perder unos 9.000 millones de euros en avales públicos concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En la memoria económica del llamado Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, el Gobierno desliza que, si no actuaba, de los 90.000 millones de euros avalados hasta febrero ve posible perder una parte significativa. Señala que "suponiendo una tasa de ejecución del aval del 10%, el Estado tendría que hacer frente a 9.000 millones de euros, que, además, irían aparejados a la desaparición de empresas y autónomos, con el consiguiente impacto negativo en futuras recaudaciones fiscales".

Ante este peligro, ve mejor subvencionar a los deudores para que no incurran en impago a la banca y ésta ejecute el aval. "Se trata de un uso eficiente de los recursos públicos, en la medida en que preserva el tejido productivo de las empresas, que de haber esperado a la ejecución de los avales públicos, se habría destruido, generando además un impacto negativo en cuentas públicas", se afirma en el documento remitido al Congreso de los Diputados. «El Estado adopta una posición proactiva, llevando a cabo un uso más eficiente de los recursos públicos, en claro beneficio del conjunto de la actividad económica», añade. Se refiere a la creación de la llamada Línea para la reestructuración de deuda financiera Covid que es un fondo dotado de 3.000 millones y que es el desencadenante original del decreto, aunque finalmente terminó comportando otro fondo de ayudas directas ante la presión generalizada.

La responsable del Real Decreto, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, dedica a esta parte de la reestructuración de deuda menos cantidad que la que barajaba inicialmente de 5.000 millones, pero que ha tenido que recortar ante la presión de Moncloa para que se engordara más el otro fondo de ayudas directas. Es la llamada Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas, dotada con 7.000 millones.

Calviño asume que el coste de los 3.000 millones para las arcas públicas quedará repartido entre este año y el próximo, pero que, además de servir para contener la ejecución de avales públicos, tendrá más impacto que el previsto. «Al requerir que las entidades financieras también asuman un porcentaje de quita adicional al de la aportación directa por el Estado, el impacto total de este fondo sobre la deuda de las empresas será superior al impacto presupuestario», señala el informe. Calviño no ha podido finalmente imponer una quita obligatoria a la banca, pero sí que, en caso de que se produzca como «último recurso», no sea sólo el ICO, que cubre hasta el 80% de los créditos, el que asuma pérdidas.

El documento no despeja cómo ha llegado a la cifra de 11.000 millones, que es la suma de las dos líneas mencionadas más la tercera para capitalizar pymes, dotada de otros 1.000 millones. Una muestra de falta de transparencia es que, en 107 páginas, no aporta ninguna metodología con la que atribuir 2.000 millones a Canarias y Baleares ni por qué repartir los 5.000 millones restantes entre otras comunidades autónomas con el mismo criterio que en el fondo europeo React que ha sido muy polémico al primar especialmente a gobiernos autonómicos del PSOE.

El Gobierno oculta así al Parlamento con qué criterio hace el reparto, pese a que precisa convalidación en una próxima sesión parlamentaria. Tampoco despeja la metodología para la selección de sectores que quedan incluidos en las ayudas y cuáles no.

Multitud de sectores excluidos están reclamando una revisión del decreto. Un ejemplo son los gasolineros. En un comunicado ayer, la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (Aevecar) mostró «su enorme malestar e indignación». Aseguran haber sufrido «importantes pérdidas en sus ingresos al ser considerado un servicio esencial pese a la escasa movilidad». Según sus datos, el 70% de los propietarios de las estaciones de servicio en España son pequeñas y medianas empresas.

Otro ejemplo es el Consejo Intertextil Español (CIE) que reclama al Gobierno su «inmediata inclusión» en el listado de sectores que podrán tener acceso directo a las ayudas.


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