El Gobierno multó con 12.000 euros a una empresa por mandar un mail basándose en una ley que no existía
08:48
8 Junio 2021

El Gobierno multó con 12.000 euros a una empresa por mandar un mail basándose en una ley que no existía

''Se ha aplicado de manera retroactiva una normativa que no era aplicable cuando acontecieron los hechos sancionados, según la sentencia de la Audiencia Nacional

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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido un varapalo judicial proveniente de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional por multar con 12.000 a la empresa Madrileña Red De Gas S.A.U basándose en una legislación de protección de datos que no se encontraba en vigor en el momento que se cometió la infracción.

La AEPD ha sido condenada al pago de las costas y a devolver el importe de la multa a la empresa por unos hechos que sucedieron los días 4, 6 y 7 de abril de 2018 en los que la citada empresa, Madrileña Red De Gas S.A.U, envió a través de correo electrónico información sobre el consumo eléctrico de una vivienda (15 lecturas de consumo que se realizaron entre los años 2010 y 2012) a una persona que no era el titular del contrato de suministro.

La titular del contrato de suministro de la vivienda era la propietaria del mismo. Sin embargo, la empresa de energía envío estos datos sobre el histórico de consumo a su inquilina, quién a su vez avisó a la propietaria, que decidió poner los hechos en conocimiento de la AEPD.

A raíz de tener conocimiento de los hechos la AEDP inició un investigación que se saldó con el procedimiento sancionador el contenido de la RGPD (la legislación europea en la que la APED se basó para poner la multa) "solo será directamente aplicable y obligatorio en todos sus elementos en cada Estado miembro a partir del 25 de mayo de 2018".

Asimismo, la Audiencia Nacional recuerda que la Agencia Española de protección de datos empleó un supuesto de agravante para dicha sanción amparándose en la Ley Orgánica 2/2018 del 5 de diciembre, que "entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que fue el 6 de diciembre de 2018".

Es decir, que los hechos que sucedieron a principios de abril de 2018 y han sido castigados en base a leyes que no entraron en vigor hasta finales de mayo y diciembre de 2018 declarando la "nulidad de las citadas resoluciones por no ser conformes a derecho, con las consecuencias inherentes a dicha declaración" y "con expresa imposición de las costas judiciales a la parte demandada" (la AEPD) en dicha sentencia fechada en mayo de 2021.


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