El Gobierno pide a Estrasburgo que rechace las demandas de candidatos al CGPJ que denunciaron el retraso en la renovación
14:24
19 Septiembre 2022

El Gobierno pide a Estrasburgo que rechace las demandas de candidatos al CGPJ que denunciaron el retraso en la renovación

Niega que los seis magistrados respaldados por la asociación Francisco de Vitoria vieran vulnerado su derecho a acceder a un cargo público

El Gobierno ha pedido a Estrasburgo que rechace a trámite las demandas presentadas por seis candidatos a vocal del CGPJ que llevaron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el retraso en la renovación del Consejo.

Los magistrados sostienen que esa demora vulnera su derecho a acceder a cargos públicos y a participar en la vida pública. Su petición concreta a Estrasburgo es que inste al Congreso y el Senado a activar el proceso de renovación.

El informe del Gobierno remitido al tribunal niega que el retraso pueda interpretarse como una violación de los derechos de los seis candidatos respaldados por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Antes de que se rompiera el acuerdo entre PSOE y PP a finales de 2018, una de las demandantes, la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, estaba en la lista de quienes iban a ser nombrados por las Cortes.

La Abogacía del Estado comienza solicitando que ni siquiera se estudie el fondo del asunto, sino que se inadmitan las demandas. Lo hace por diversos motivos procesales, como haberse presentado fuera de plazo en algunos casos y por no haber agotado todas las vías judiciales nacionales antes de acudir Estrasburgo.

En el caso de que el TEDH resolviera admitirlas, el Gobierno niega que haya vulnerado ningún derecho. Principalmente, porque en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales "no reconoce un derecho de acceso a cargos públicos" y porque la renovación es un asunto esencialmente político que no no puede ser controlado por los tribunales como reclaman los afectados.

"Asunto político"

"No reclaman [los demandantes] el resarcimiento de ningún perjuicio, sino que estrictamente piden, como medio para restaurar el alegado derecho, que se inste a las Cámaras a adoptar las medidas precisas para que continúe el procedimiento para la designación de los vocales del CGPJ. Es difícil imaginar una materia tan netamente política, y no civil, como el funcionamiento interno de un Parlamento".

Además, niega que el caso sea comparable al de otros conflictos planteados por jueces de otros miembros de la UE como Polonia. "La naturaleza netamente política, y no civil, de los derechos invocados [...] no se ve cuestionada por las sentencias invocadas por el Tribunal en sus preguntas. Éstas se refieren al cese anticipado de jueces en un puesto judicial o en el equivalente al CGPJ o eventualmente la falta de promoción en el seno de la carrera judicial".

El escrito presentado por la Abogacía del Estado precisa que uno de los artículos del Convenio que se esgrime protege solo la celebración de elecciones para órganos legislativos y no se aplica al CGPJ. El otro es el referido al derecho de acceso a la Justicia, que se habría vulnerado al negarse el Tribunal Constitucional a estudiar el asunto. El Gobierno sostiene que esa negativa del TC estaba justificada.

Violación añadida

Finalmente, el propio TEDH añadió en su cuestionario al Gobierno otra posible vulneración de derechos por la eventual repercusión del retrado en la vida personal de los demandantes. Aquí el Gobierno se muestra extrañado por el planteamiento del tribunal, ya que ni siquiera los demandantes habían denunciado esa posibilidad. En todo caso, lo niega alegando que el no ser elegidos no tendría afectación suficiente como para plantearse ninguna vulneración de derechos.

Pese a tratarse de demandas personales, la actuación de los magistrados ante Estrasburgo busca principalmente la intervención del Tribunal Europeo en el problema de la no renovación. "En el presente caso", decían las demandas, "debe tenerse en cuenta que el pronunciamiento que se dicte tendrá además un importante efecto de protección sobre la división de poderes en España que en la actualidad se ve afectada por intereses políticos que corrompen la institución".

Las demandas concluían afirmando que la paralización del proceso de elección de los candidatos y de la renovación del CGPJ se debía a "la inacción de las Cortes Generales en España" y a "razones e intereses meramente políticos". Esa situación ha generado "una vulneración" del derecho de los candidatos "a participar en la vida pública", vulneración "que requiere de intervención y tutela judicial a fin de reponer la integridad del derecho".



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