El Gobierno requiere a Castilla y León para que no aplique el plan antiabortista de Vox
19:57
15 Enero 2023

El Gobierno requiere a Castilla y León para que no aplique el plan antiabortista de Vox

Sanidad envía un requerimiento a la Comunidad Autónoma para ''proteger los derechos de las mujeres'' que quieran interrumpir el embarazo. 

El Gobierno se ha lanzado contra el plan antiabortista de Castilla y León. El Ministerio de Sanidad ha advertido a la Junta con un requerimiento que "se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere la actual normativa" con respecto a la interrupción del embarazo con "posible vulneración de principios fundamentales".

Desde el Ejecutivo no se descarta implementar "actuaciones jurídicas adicionales" si la comunidad no atiende el requerimiento. El Gobierno de España asegura que "utilizará todos los mecanismos" jurídicos "para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente". También señalan que se "velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado".

El documento se ha enviado en la tarde de este domingo, 15 de enero, a la Consejería de la Comunidad Autónoma, presidida por el PP. En él se les conmina a no aprobar ninguna medida y, si ya se han adoptado, al cese inmediato "de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto que establezca cualquier tipo de obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario con la finalidad de obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo o no haya manifestado expresamente su intención de llevar este a término la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico".

Sanidad requiere a la Junta que le envíe "de manera inmediata" los "protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales" que anunciaron desde la consejería autonómica. El Ejecutivo indica que los ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia están "en permanente coordinación para estudiar, establecer y coordinar las medidas pertinentes". 

Además, el Gobierno sugiere que implementará "actuaciones jurídicas adicionales" si la normativa de Castilla y León contraviene "abiertamente" el "ordenamiento jurídico". Según anotan, el protocolo de la Junta puede extralimitar "las competencias que corresponden a esta comunidad autónoma".

La advertencia por medio de un requerimiento oficial se ha llevado a cabo después de unas jornadas en las que este plan antiabortista ha copado la actualidad política. En La Moncloa han censurado desde el principio estas ordenanzas, anunciadas el pasado jueves por el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox. El líder del partido de ultraderecha alegó que eran unas medidas "provida" y matizó que sería obligatorio para los sanitarios ofrecer tres opciones a las embarazadas.

Una de ellas sería escuchar el latido del feto; otra, que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D (de imagen en movimiento); y, por fin, que se les brinde un apoyo psicológico. García-Gallardo presentó estas posibilidades tachando de "drama" al aborto y defendiendo que así quienes tomen esta decisión serán "más consciente" de lo que conlleva.

Tales afirmaciones provocaron un tsunami en ambas facciones del hemiciclo. Mientras todos los miembros del Gobierno de coalición se posicionaron frontalmente en contra, desde las filas populares cundió el silencio. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos (PP), salió al paso rectificando que no se obligará a los sanitarios. Y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, argumentó que no era un cambio para impedir el aborto sino que pretendían fomentar la natalidad. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha esquivado la polémica.

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