El Gobierno trata ahora de zafarse del fracaso sobre el CGPJ: ''No nos corresponde a nosotros renovar''
19:54
9 Septiembre 2021

El Gobierno trata ahora de zafarse del fracaso sobre el CGPJ: ''No nos corresponde a nosotros renovar''

Después de tres años de negociaciones protagonizadas por Campo, Bolaños y Sánchez, Pilar Llop dice que el Ejecutivo ''no puede interferir''.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha manifestado este jueves en su primera comparecencia en el Congreso que "no le corresponde al Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial" y emplazó a las fuerzas parlamentarias a poner fin a la interinidad del órgano de gobierno de los jueces.

Después de casi tres años en los que las negociaciones sobre la renovación del CGPJ han sido territorio reservado al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, al exsecretario general de la Presidencia del Gobierno Félix Bolaños (actual ministro de la Presidencia) y al propio jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, sin haber conseguido ningún resultado, la nueva titular de Justicia ha sostenido que "la renovación tiene que hacerse en la sede de quienes representan a los ciudadanos, es decir, el Congreso y el Senado". "El Gobierno no puede interferir en otro poder del Estado", ha añadido.

Llop ha terminado su primera comparecencia en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja haciendo una apelación directa al Partido Popular "a que levante el bloqueo en el que se ha instalado, proceda a negociar, actúe con sentido de Estado y dé cumplimiento al mandato constitucional" de renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas

Llop apela al PP para renovar el CGPJ

"Me apena ver cómo 1010 días después de la terminación de su mandato, el CGPJ continúa en funciones por este bloqueo incomprensible e injusto para la ciudadanía", ha dicho la ministra, que ha defendido la elección de los 20 vocales por el Parlamento por ser un "sistema válido y constitucional, que el propio PP respetó cuando ha gobernado con mayoría".

La ministra criticó que "no hay mayor politización del CGPJ que bloquear su renovación". "La única opción es cumplir con la Constitución", ha dicho. "Debemos cuidar el sistema democrático, no podemos permitir el deterioro institucional que generan las conductas partidistas", ha apuntado.

Casi todos los portavoces dieron la bienvenida a la nueva responsable de Justicia. La excepción fue Javier Ortega, de Vox, que la recibió como "señora ministra de la ideología de género dentro de la Administración de Justicia" por las alusiones que Llop había hecho a la implementación de planes que refuercen la igualdad, prevengan el acoso y combatan la violencia de género. "En el barro político no voy a entrar", le replicó luego la ministra. 

También fue muy crítico el portavoz del PP, Luis Santamaría. "Hasta ahora, peor imposible", espetó a Llop en referencia a sus primeras semanas de mandato.

"Comenzó criticando al Tribunal Constitucional por su sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma. Lo mínimo que esperamos es el respeto debido a los tribunales y sus decisiones. Ha defendido los indultos poniéndose del lado de los que vulneraron la ley antes que con el Tribunal Supremo. Y luego sus declaraciones sobre el CGPJ. Defender lo que defiende contra el criterio de la Unión Europea y de la inmensa mayoría de los jueces es luchar contra molinos de viento", le dijo el portavoz popular.

Becas para ser jueces

Pilar Llop expuso un programa de trabajo continuista respecto al diseñado por su antecesor y centrado en el proyecto Justicia 2030, con el que se pretende poner las bases de una Administración de Justicia "accesible, eficiente y sostenible" y en el que entre 2021 y 2023 se invertirán 470 millones de euros. 

Es un "proyecto de Estado", ha dicho, que supone un cambio estructural de la Justicia en los ámbitos procesal, organizativo y tecnológico y para el que dialogará "con todos los grupos, sin exclusiones por mi parte".

La responsable de Justicia anunció que creará becas para el acceso a la carreras judicial y fiscal, al cuerpo de letrados de Administración de Justicia y a la Abogacía del Estado.

Se trata, ha manifestado, de "democratizar" el acceso y facilitar la igualdad de oportunidades.

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