El hermano de Ximo Puig, sancionado con 16.801 euros por pactar precios para lograr contratos
13:18
4 Enero 2021

El hermano de Ximo Puig, sancionado con 16.801 euros por pactar precios para lograr contratos

Competencia considera acreditada ''una infracción muy grave constitutiva de cártel'' por parte de Comunicacions del Ports, la productora de Francis Puig.

Un total de 16.801 euros. Esta es la multa a la que se enfrenta la promotora de Francis Puig, Comunicacions dels Ports, por pactar precios con otras firmas audiovisuales para repartirse contratos. Se trataba de corresponsalías de À Punt, la radiotelevisión pública valenciana. Cabe reseñar que Francis es hermano del actual presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig.

Como avanzó EL ESPAÑOL, las cuatro firmas implicadas fueron notificadas hace un mes de que habían sido sancionadas, si bien la resolución de Defensa de la Competencia no había sido publicada hasta este lunes. En la misma, el organismo autonómico dependiente de la CNMC considera “acreditada una infracción muy grave del artículo 1 de la Ley 15/2007, constitutiva de cártel, en los términos establecidos en el Fundamento de Derecho Cuarto”.

Por ello considera “responsables de dicha infracción, como autores de la conducta”, a la mencionada Comunicacions dels Ports, a Visualiza SLU -sancionada con 3.337,8 euros-, y a Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL. “Estás dos últimas solidariamente, por aplicación de la doctrina sobre la unidad de empresa y su jurisprudencia en el ámbito del Derecho de la Competencia”, precisa el organismo, que impone a ambas una multa conjunta de 26.103,5 euros.

Todas estas firmas, tal y como advirtió la propia À Punt, pactaron precios con el objetivo de repartirse corresponsalías comarcales en un concurso público. En concreto, la radiotelevisión pública detectó que cada una de las empresas presentaba la mejor oferta en una de las pujas. A su vez, también coincidían importes en las ofertas al alza presentadas por el resto.

Investigar los cárteles

La Comisión decidió investigar estos hechos al apreciar hace un año “indicios racionales de la existencia de posibles conductas restrictivas de la competencia, prohibidas por el artículo 1.1 de la LDC”. “La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de las autoridades españolas de defensa de la competencia, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y sobre el correcto funcionamiento de los mercados”, argumentó entonces.

En este proceso invitó a las firmas a colaborar. “Para ello se cuenta, entre otros instrumentos, con el programa de clemencia, que permite a las empresas que forman parte de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten a las autoridades competentes su detección”, indicó.

Pero tal colaboración, en caso de haberse producido, no parece haber sido suficiente para evitar una sanción que deja en una situación comprometida al presidente valenciano, Ximo Puig, por tratarse de una multa a su hermano por una conducta fraudulenta para hacerse con un contrato de su administración.

Las productoras solo podrán recurrir la decisión de la Comisión de Defensa de la Competencia mediante un procedimiento contencioso-administrativo, pues la resolución del organismo es firme.


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