El juez de 'Púnica' archiva la causa para Aguirre e Ignacio González y propone juzgar a Granados
14:57
14 Octubre 2022

El juez de 'Púnica' archiva la causa para Aguirre e Ignacio González y propone juzgar a Granados

García-Castellón considera que no queda acreditada la participación de la expresidenta madrileña en los hechos.

El juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Púnica, ha decidido archivar la causa, en la que ha investigado desde 2014 la supuesta existencia de una caja B en el PP de Madrid, para la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y para quien fuese su sucesor en el cargo, Ignacio González.

No obstante, el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha propuesto mandar a juicio al exconsejero madrileño y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados.

Toma esta decisión, en sintonía con lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, "por su posible responsabilidad criminal por un delito electoral, otro de cohecho y otro de tráfico de influencias".

En un largo auto de 257 páginas, que avanza EL ESPAÑOL, el juez propone sentar en el banquillo a siete personas más y a dos empresas.

Por contra, el juez exonera a quien fuera presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012. "Del resultado de lo instruido no puede considerarse acreditada la participación de Esperanza Aguirre Gil de Biedma en los hechos delictivos objeto de la presente pieza separada, pues, más allá de la prescripción de los delitos electores asociados a las elecciones autonómicas del 2007 y del 2011, lo cierto es que no se han evidenciado indicios que permitan afirmar que la misma era conocedora de los mismos", concluye el juez García-Castellón.

El magistrado sí reconoce que, desde abril de 2012 hasta su dimisión, Esperanza Aguirre sí se benefició de los servicios de reputación digital efectuados por las empresas del experto informático Alejandro de Pedro, el considerado conseguidor de la trama Púnica y uno de los imputados que García-Castellón propone juzgar.

"No obstante, tras la instrucción llevada a cabo, no ha podido acreditarse que la
misma [Esperanza Aguirre] tuviese conocimiento ni de la contratación de los trabajos, ni de su desarrollo, ni de cómo se abonaban los mismos", razona el auto.

El fiscal tampoco vio pruebas suficientes que le permitiesen acusar en esta pieza a Aguirre, defendida por el letrado Carlos Aguilar. Por ello, el pasado julio, Anticorrupción pidió exonerarla.

La expresidenta del PP madrileño fue citada a declarar como investigada en Púnica debido a un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba a ciertos servicios de reputación online que habrían sido prestados sin que existiese un contrato firmado entre la compañía y el Partido Popular o la Comunidad de Madrid.

Archivo

También se libra del banquillo en Púnica el constructor David Marjaliza, que figura en el listado de más de 50 personas para quienes el juez decreta el sobreseimiento provisional. En él, también aparece el exministro y fundador de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid, también empresario y yerno del anterior, además de consejero delegado del Grupo Villar Mir.

Además de Granados y a De Pedro, a quienes el juez sí propone mandar al banquillo son los siguientes imputados: el exconsejero madrileño Borja Sarasola, el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, el exdirector de sistema de la empresa Indra Diego Mora y el otrora secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo, ya cesado por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los anteriores se suman a la exjefa de prensa de Aguirre, Isabel Gallego, además de a José Martínez, exjefe de Informática de la Comunidad de Madrid, y a las dos empresas EICO Reputación Management, mercantil propiedad de De Pedro, y Madiva Editorial y Publicidad.

La llamada Aguirre-González

En su auto, el juez García-Castellón reproduce la transcripción de una conversación telefónica, mantenida a las diez de la noche del 8 de marzo de 2017, entre Aguirre y González, quien fuera vicepresidente de la primera.

Ambos dialogan acerca de Fundescam (la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid), creada por el PP en el año 2000, y sobre la investigación judicial que trataba de desentrañar si esta entidad se había usado como medio de financiación del PP madrileño.

Durante la charla, Aguirre comenta lo siguiente: "Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede. Pero, desde luego, Fundescam no ha pagado".

Sobre esa conversación, interceptada por los investigadores de la Guardia Civil, el juez García-Castellón concluye que "pudiera revelar" que Aguirre "podía sospechar o intuir que se había sobrepasado el límite del gasto electoral".

"Pero, igualmente, revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la Fundación Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello, cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo", añade.

"Lo anterior podría plantear en si se situó en lo que se ha denominado 'ignorancia deliberada', pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios resulta insuficiente para sostener una acusación", razona el juez para excluir a la expresidenta madrileña de Púnica.

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