El juez José Ricardo de Prada, azote del PP en Gürtel, asume la ponencia del Campus de la Justicia
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18 Junio 2022

El juez José Ricardo de Prada, azote del PP en Gürtel, asume la ponencia del Campus de la Justicia

Su cambio de sección dentro de la Audiencia Nacional le permite juzgar ahora a Alfredo Prada, exconsejero de Esperanza Aguirre.

El polémico magistrado José Ricardo de Prada, redactor de la parte de la sentencia del 'caso Gürtel'  en la que se basó la moción de censura que tumbó a Rajoy, ha pasado a ser el ponente del caso del Campus de la Justicia, un frustrado proyecto del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre.

La Sección Penal Primera de la Audiencia Nacional ha notificado a los acusados -entre los que se encuentra el que fuera vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada- una resolución en la que da a conocer la nueva composición de tribunal que juzgará el asunto.

En él se mantienen Francisco Vieira y Eduardo Gutierrez y se incorpora José Ricardo de Prada, que será el encargado de redactar la sentencia.

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De Prada llegó hace dos meses a la Sección Primera para cubrir la vacante dejada por Ramón Sáez tras ser nombrado magistrado del Tribunal Constitucional. La plaza salió a concurso interno y De Prada se hizo con ella por ser el magistrado de la Audiencia Nacional más antiguo de los que concursaron.

Provenía de la Sección Segunda, en la que ha juzgado los tres procedimientos del caso Gürtel en los que se ha condenado al PP por haberse lucrado de la actividad de la trama corrupta.

En el primero de ellos, la pieza llamada Gürtel época I, De Prada redactó la parte de la sentencia en la que introdujo, como hechos probados, afirmaciones en el sentido de que en el PP "se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional" y hubo una "caja B del partido, consistente en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, existente al menos desde 1989..".

Esas aseveraciones del tribunal de la primera instancia fueron luego objeto de reproche por la Sala Penal del Supremo, que subrayó que "no puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción" dado que no fue acusado ni pudo defenderse.

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Pero los hechos dados por probados por la Audiencia Nacional sirvieron de espoleta para la moción de censura del PSOE contra el Gobierno del PP, que prosperó y aupó a Pedro Sánchez a La Moncloa.

No ha sido la única actuación controvertida de De Prada, que en su día consideró el chivatazo del caso Faisán una conducta "plenamente legítima" en el contexto de un "proceso de paz" o negociación entre Gobierno y ETA. También fue recusado -sin éxito- por la Fiscalía y las víctimas de ETA tras asegurar en una conferencia que la "tortura" a miembros de la banda terrorista había sido "clara" en España.

Ahora, tras su incorporación a la Sección Primera, se ha convertido en uno de los magistrados que controla la ejecución de las condenas de los terroristas, y ha empezado por relegar el criterio, hasta ahora tradicional, de tener en cuenta la petición de perdón a las víctimas para la concesión de permisos de salida.

Sin fecha para el juicio

Su llegada a la Sección Primera ha supuesto la salida hacia la Sección Segunda de Joaquín Delgado, que se encuentra en comisión de servicios en la Audiencia Nacional.

Delgado era el ponente inicial del caso del Campus de la Justicia, aunque no llegó a dictar ninguna resolución. Los asuntos que tenía asignados, incluido éste, han pasado a De Prada.

El juicio no tiene aún una fecha señalada. El exconsejero Alfredo Prada se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y 13 de inhabilitación para empleo o cargo público por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que sostiene que se adjudicaron irregularmente varios contratos relacionados con el proyecto del Campus de la Justicia, desarrollado a través de una sociedad cuyo consejo de administración presidía.

Entre los contratos considerados irregulares figura el encargado al estudio de arquitectura de Norman Foster para construir los edificios que iban a albergar la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.

En su escrito de defensa, presentado el pasado septiembre, el exvicepresidente segundo de la Comunidad de Madrid pide al tribunal que cite a Esperanza Aguirre como testigo para el juicio oral.

"Aguirre firmó el 17 de abril de 2006 el acuerdo con Norman Foster que precedió, con carácter vinculante, al contrato enjuiciado, lo que da idea de su conocimiento y aprobación de dicha contratación. Su testimonio resulta, por tanto, imprescindible", argumenta.

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Además de Alfredo Prada, acusado de presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, se sentará en el banquillo el que fuera director de seguridad del Campus de la Justicia, el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y está siendo investigado en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

Gómez Gordo se enfrenta a una petición del fiscal de 6 años de cárcel, al igual que el resto de los acusados: Isabelino Baños (director general técnico del Campus), Mariano José Sanz (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director financiero) y Félix José García de Castro (secretario del consejo de administración).

La Fiscalía Anticorrupción ha hecho una calificación alternativa más benévola por delitos continuados de prevaricación y fraude a la Administración Pública, por los que pide cuatro años y seis meses de prisión y trece de inhabilitación para Prada y tres años de cárcel para el resto.

La Abogacía de la Comunidad de Madrid, que también ejerce la acusación en esta causa, solicita mayores penas por delitos continuados de malversación y fraude a la Administración. Así, para Prada pide 13 años de cárcel y 11 para Gómez Gordo, al igual que para el resto de los acusados.

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