El juez pide al Ayuntamiento los 'e-mails' de Medina y Luceño en los que ofrecían el material

Luis Medina aseguró que recibió de Carlos Martínez-Almeida un correo electrónico genérico, al que Alberto Luceño hizo llegar su oferta comercial.

El juez Adolfo Carretero, encargado de investigar el caso Mascarillas, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid que aporte los correos electrónicos que Luis Medina y Alberto Luceño dirigieron al consistorio para hacer llegar su oferta de material sanitario en los peores momentos de la pandemia de la Covid.

El Juzgado de Instrucción número 47 de la capital investiga tres contratos (de mascarillas, guantes y test contra la Covid) por supuesta estafa. Además de por este delito, Luceño y Medina están imputados por blanqueo de capitales y falsedad documental.

En un auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado ordena al consistorio de la capital que informe, en el plazo de cinco días, "sobre si existía en el año 2020 un correo electrónico general destinado a recibir las proposiciones de aportación de material sanitario".

En caso afirmativo —prosigue el documento—, "se especifique la dirección concreta, el modo en que se publicitó, así como se aporten al procedimiento los correos remitidos a dicha dirección desde los correos" de los imputados Medina y Luceño. El Ayuntamiento de Madrid deberá aportar esta información al Juzgado tanto en papel como en formato digital.

Durante su declaración ante el juez, el aristócrata Luis Medina reconoció que, gracias a una amiga suya, presidenta de una universidad privada en la que estudió un año, le había facilitado el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid. En el interrogatorio, admitió que no conocía a este abogado "de nada" y que éste, a su vez, le facilitó el correo electrónico de la funcionaria responsable de compras.

Carlos Martínez-Almeida está citado este jueves ante el Juzgado, como testigo, ya que el juez se opuso a su imputación al descartar, tajantemente, que cometiese tráfico de influencias.

'Caso Mascarillas'

A principios del pasado abril, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Alberto Luceño y su socio en esta operación comercial, el aristócrata Luis Medina. En ella, el Ministerio Público relataba que "inflaron" el precio de tres contratos sanitarios con la funeraria municipal de Madrid: para guantes, mascarillas y test contra el coronavirus.

Lo habrían hecho "de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". Y entregaron al consistorio material defectuoso o que no cumplía lo acordado. La empresa municipal pagó por todos los artículos unos 11 millones de euros de dinero público.

Luis Medina, cuya labor en esta operación habría sido únicamente la de facilitar el contacto de la funcionaria Elena Collado, cobró 912.742 euros como comisión, a razón de un dólar por cada mascarilla entregada. Luceño, en total, se embolsó más de cinco millones de euros por los tres contratos.

Asimismo, según la querella de Anticorrupción, los comisionistas usaron, supuestamente, documentos falsificados para justificar estos abultados ingresos en sus entidades bancarias. Y, con la compra de bienes de lujo —entre ellos, un piso en Pozuelo de Alarcón, un velero o varios coches deportivos; todo ello ya embargado por el Juzgado—, habrían tratado de reintroducir este dinero en el circuito legal.

Ambos querellados están imputados por los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental. Por su parte, Luis Medina Abascal también suma el de alzamiento de bienes. El hijo de Naty Abascal continuó vaciando sus cuentas corrientes después de que, una vez interrogado por el fiscal anticorrupción y ya sabiéndose investigado, le asegurase que no iba a hacerlo.