El órdago de Sánchez al PSOE con la malversación hace reaccionar a Lambán, Page, Lobato y Tudanca
02:12
9 Diciembre 2022

El órdago de Sánchez al PSOE con la malversación hace reaccionar a Lambán, Page, Lobato y Tudanca

Los barones temen las consecuencias que esta iniciativa, que hoy llega el Congreso, pueda tener en las elecciones de mayo. 

La disposición de Pedro Sánchez a reformar el delito de malversación, tal y como pide ERC, ha provocado críticas en el PSOE. Por ahora se han pronunciado en contra los barones de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; Aragón, Javier Lambán; Madrid, Juan Lobato y Castilla y León, Luis Tudanca.

A ellos habría que añadir los presidentes de Extremadura y la Comunidad Valenciana, Guillermo Fernández Vara y Ximo Puig, que, aunque no han hablado explícitamente estos días, ya mostraron sus recelos en el pasado cuando el asunto se puso sobre la mesa.

Los barones temen que una medida así les pueda perjudicar en las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Si ya la derogación del delito de sedición causó malestar en las filas socialistas, la rebaja de la malversación, un traje a medida para los condenados por el procés, supone otra vuelta de tuerca en las cesiones a ERC

[Sánchez admite en el Día de la Constitución que estudia rebajar el delito de malversación como pide ERC]

Los socialistas temen, además, que las revisiones de penas –especialmente en los delitos de corrupción donde ha habido enriquecimiento personal– puedan provocar un efecto similar al que ha sucedido con la Ley del sólo sí es sí.

Emiliano García-Page aseguró este jueves que los separatistas "quieren un Código Penal con nombre y apellidos, un traje a medida para conseguir lo que no consiguieron con los indultos". Un día antes, Javier Lambán aseguró que "malversar es, en cualquiera de sus modalidades, corrupción".

"El Estado no debe desarmarse ante delitos de esa magnitud, sino que debe rearmarse para impedir de manera radical la hoja de ruta del independentismo", aseguró Lambán el miércoles.

Pero que Lambán y Page critiquen algunas de las medidas adoptadas por el secretario general no es novedad. A fin de cuentas, es habitual que se salgan de las líneas trazadas por Ferraz en un intento de marcar agenda propia. Lo llamativo en este caso es que a ellos se han sumado ahora líderes territoriales con mayor afinidad a las tesis de Pedro Sánchez.

Es el caso de Juan Lobato en Madrid. En una entrevista concedida a Europa Press este miércoles dijo que "a los corruptos, ni un día menos de prisión, ni a los corruptos del PP de Madrid, ni a los del PSOE [en referencia a Griñán], ni a los catalanes… ni un día menos".

[Los países que el Gobierno cita como ejemplo penan la malversación de forma similar a España]

Algo parecido ha manifestado Luis Tudanca. El líder del PSOE en Castilla y León expresó directamente que espera "que no se produzca" la rebaja a los corruptos. "Cualquier cosa que se toque tiene que ser para endurecer los delitos y el castigo a algunas conductas que desprestigian la política", añadió.

Malversación a la carta

ERC llevaba tiempo intentando rebajar los delitos de malversación para que sus cargos condenados por participar en el procés vean aligeradas sus penas y su inhabilitación llegue antes a su fin. Con ello, Oriol Junqueras y el resto de cargos podrían presentarse a las próximas elecciones.

Los independentistas catalanes van a registrar este viernes una enmienda para que haya condenas más altas por malversación (hasta ocho años), para quienes se beneficien personalmente del delito y más bajas (un máximo de cuatro años) para quienes no lo hagan.

Aunque la postura de Moncloa había sido hasta el momento que estudiarían la enmienda como cualquier otra, Sánchez se abrió directamente a revisar el delito de malversación el pasado martes, durante un cóctel con motivo del 44º aniversario de la Constitución. 

La complacencia de Sánchez ha animado a Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, a presentar una enmienda insólita para que la malversación no sea delito si responde a un compromiso que figura en el programa electoral.

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