El pasaporte Covid de la UE, al borde del naufragio por el choque entre Gobiernos y Eurocámara
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20 Mayo 2021

El pasaporte Covid de la UE, al borde del naufragio por el choque entre Gobiernos y Eurocámara

La gratuidad de las pruebas PCR y la potestad de los Estados para restringir los viajes, principales escollos en la negociación.

El pasaporte Covid-19 de la Unión Europea, un instrumento que los países más dependientes del turismo como España o Grecia esperan con ansiedad para restablecer los viajes en verano y apuntalar la recuperación económica, está al borde del naufragio. Las desavenencias entre la Eurocámara y los Gobiernos de los 27 amenazan con retrasar indefinidamente la aprobación de este certificado, que debe acreditar si una persona está vacunada, tiene una prueba negativa reciente o ha pasado la enfermedad; y facilitar así la movilidad interna en la UE.

La presidencia portuguesa de la UE -que negocia en nombre de los Gobiernos- y los representantes de la Eurocámara -encabezados por el eurodiputado del PSOE, Juan Fernando López Aguilar- protagonizan este jueves un nuevo intento de acercar posturas. Pero la brecha entre los dos bandos es profunda y en Bruselas cunde el pesimismo. El objetivo de que el certificado esté operativo en junio, a tiempo para las vacaciones estivales, corre grave riesgo.

De hecho, algunos Gobiernos quieren ya degradar la ley sobre el pasaporte Covid a una simple recomendación no jurídicamente vinculante, para sortear así las pretensiones del Parlamento. En lugar de un certificado común en la UE habría 27 diferentes, lo que provocaría una incertidumbre total entre los viajeros sobre las distintas restricciones que pueden sufrir en cada Estado miembro.

Dos son ahora los principales escollos que impiden avanzar la negociación. En primer lugar, la Eurocámara exige que las pruebas PCR sean gratuitas para los viajeros al igual que las vacunas. Su argumento es que así se evita una discriminación hacia las personas que todavía no han podido vacunarse, ya que los test cuestan ahora hasta 200 euros, un precio "prohibitivo" para la mayoría de la población.

La mayoría de Gobiernos europeos, incluido el de Pedro Sánchez, rechazan la gratuidad total alegando que supondría una carga financiera inasumible. Especialmente para los destinos turísticos masivos como España, que podrían acabar teniendo que pagar las pruebas de los viajeros que regresan a sus países de origen. Los Gobiernos tampoco quieren imponer topes a los precios de las pruebas PCR y restringir así un "mercado libre".

El comisario de Justicia, Didier Reynders, y Juan Fernando López Aguilar, durante la última ronda de negociaciones sobre el pasaporte Covid el pasado martes

El comisario de Justicia, Didier Reynders, y Juan Fernando López Aguilar, durante la última ronda de negociaciones sobre el pasaporte Covid el pasado martes Parlamento Europeo

La contraoferta que han presentado los Veintisiete a la Eurocámara consiste en incluir en una mención a la necesidad de "pruebas accesibles y asequibles", pero no en la parte central de la ley sino en los considerandos iniciales. Es decir, una referencia que no obligaría a nada en concreto a los Gobiernos.

Financiar los test con dinero europeo

En la anterior ronda de negociaciones celebrada este martes, el Parlamento Europeo puso sobre la mesa una nueva propuesta que consistiría en financiar los test PCR con dinero europeo, descargando los prespuestos nacionales. En concreto, los eurodiputados plantean recurrir al Instrumento de Asistencia Urgente (ESI, por sus siglas en inglés), que se ha utilizado por ejemplo para pagar los contratos con los fabricantes de vacunas contra la Covid-19.

La Eurocámara no ha adelantado de momento ninguna cifra concreta. Se limita a pedir una "financiación sustancial" del ESI para facilitar las pruebas gratuitas. Los Gobiernos no se cierran en banda a esta posibilidad, pero tampoco creen que sea una solución sostenible, según las fuentes consultadas por este periódico.

De hecho, la Comisión ya ha movilizado 100 millones de euros del ESI para comprar directamente más de 20 millones de pruebas rápidas de antígenos para los Estados miembros. A juicio del Ejecutivo comunitario, una eventual financianción europea debería concentrarse en los trabajadores transfronterizos o las personas que deben viajar mucho por razones profesionales o de estudios.

El segundo gran obstáculo hasta ahora insalvable en la negociación se refiere a los derechos de que gozarán los titulares del pasaporte Covid. El Parlamento exige que no se les puedan imponer cuarentenas ni ningún otro tipo de restricción adicional de viaje. En contraste, los Estados miembros quieren reservarse la posibilidad de bloquear los movimientos en cualquier momento, por ejemplo si surgen nuevas variantes que escapen a las vacunas.

Como solución de compromiso, la Eurocámara ha propuesto incluir en el texto de la ley que cualquier restricción adicional que impongan los Gobiernos sea "proporcional y no discriminatoria", con la obligación de informar previamente a la Comisión, al resto de socios y al propio Parlamento.

Los Estados miembros no quieren ninguna limitación a sus competencias. Aceptan que el objetivo último del pasaporte Covid es restablecer completamente la libre circulación de personas en la UE, y reconocen que cualquier restricción adicional tiene costes políticos y económicos que nadie desea. Pero se niegan a asumir por ley ningún compromiso de antemano porque creen que les impediría reaccionar a un empeoramiento rápido de la pandemia.

Libertad de circulación

Tanto los Tratados como el código Schengen reconocen el derecho de los Estados a restringir la libertad de circulación por motivos de seguridad, orden público y salud pública. Un derecho que la Eurocámara está ahora tratando de revertir a través de un simple reglamento como el del pasaporte Covid, se quejan los Gobiernos. 

En otras disposiciones controvertidas sí ha habido un acercamiento de posturas entre Eurocámara y Gobiernos. Por ejemplo, qué vacunas serán aceptadas en el pasaporte Covid. El Parlamento quería que sólo estuvieran incluidas las inyecciones autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). La solución final es que las de la EMA serán de reconocimiento obligatorio para todos y el resto opcionales según lo que decida cada Estado miembro. 

También está próximo un acuerdo sobre el nombre. La propuesta original de la Comisión lo llamaba Certificado Digital Verde. El Parlamento ha querido desde el principio suprimir verde por considerar que crea confusión. El Ejecutivo comunitario quiere mantener digital. El punto intermedio final podría ser algo así como Certificado Digital Covid-19.

Si no hay fumata blanca en las negociaciones de este jueves, el pasaporte Covid entrará directamente en la agenda de la cumbre del 24 y 25 de mayo. Serán los líderes europeos los que decidan si hacen más cesiones a la Eurocámara o renuncian al reglamento y optan por un acuerdo informal sin valor vinculante.


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