El PP acusa al Gobierno de ''colonizar'' el TC para salvar sus pactos con ERC y los aliados le reprochan volver a las ''puertas giratorias''
13:12
29 Noviembre 2022

El PP acusa al Gobierno de ''colonizar'' el TC para salvar sus pactos con ERC y los aliados le reprochan volver a las ''puertas giratorias''

Podemos, que no fue informado de la decisión, lamenta el ''cinismo'' del PSOE, y Vox avisa: ''Sánchez pretende controlar todas las instituciones''

Política Pedro Sánchez elige a su ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado para el Tribunal Constitucional

La propuesta del Gobierno para designar magistrados del Tribunal Constitucional (TC) al ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo del Ministerio de la Presidencia Laura Díez ha levantado en armas a la oposición, que acusa a Pedro Sánchez de "intentar "colonizar" el Alto Tribunal, pero tampoco convence a buena parte de los socios habituales del Ejecutivo para los que se trata de un nuevo ejemplo de "puertas giratorias".

El vicesecretario de Política Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, considera que Campo "es el explorador que el Gobierno envía al TC para colonizarlo, es el hombre que le hace los favores al Gobierno de dar los golpes a la división de poderes". Además, ha recordado que fue el ministro que inició el proceso para indultar a los líderes separatistas.

En una entrevista con Onda Cero, Pons ha alertado una vez más de que "la Unión Europea tendrá que decir algo sobre la división de poderes española y el Estado de Derecho".

Para el PP, Campo y Díez "son dos miembros del Gobierno entrando a cumplir una misión en el TC, que es salvaguardar la legislación del propio Gobierno". "Han nombrado a dos miembros del Tribunal Constitucional para salvar el proceso que están siguiendo de pacto con ERC y con el independentismo catalán", ha enfatizado.

En opinión de la cúpula del principal partido de la oposición, ninguno de los dos futuros nombramientos del Ejecutivo sería "idóneo" para el Tribunal, ya que ambos magistrados "deberán abstenerse en cualquier decisión que tenga que ver con las leyes aprobadas" por el Ejecutivo.

Hace poco más de un mes, el PP había logrado arrancarle al PSOE el compromiso de que los políticos jueces no pudieran volver a poner sentencias dos años después de abandonar el Gobierno. Ese pacto se rompió por la reforma de la sedición, y ahora Campo es propuesto para el tribunal de garantías sólo un año y cinco meses después de dejar el Ministerio de Justicia.

El problema no es tanto su afinidad con el PSOE, ha dicho Pons, sino "que viene de un poder del Estado y va hacia otro poder el Estado", como ocurrió con la anterior fiscales general del Estado, Dolores Delgado.

Vox considera que con el nombramiento del ex ministro de Justicia y de una asesora del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para ocupar sendos sillones en el tribunal de garantías constitucionales, el Gobierno "demuestra lo que entiende por independencia". Para su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, es evidente que Sánchez "no deja ninguna institución sin manipular porque pretende controlarlas todas".

Podemos: "No es fruto del pacto"

Desde las filas del espacio confederal de Unidas Podemos, la rama catalana, representada por Jaume Asens, lamenta que la propuesta del Gobierno no haya sido "fruto del pacto". Los morados fueron informados de la decisión de Sánchez el lunes a última hora y reprochan al presidente no haber participado en el debate sobre la idoneidad de los nombres que se han puesto sobre la mesa.

Más aún, Asens ha tachado de "cinismo" y "contrasentido" que el socio mayoritario del Ejecutivo "vetara" el nombre de la jueza y actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, para ocupar un puesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras "abre una puerta giratoria" al ex ministro socialista Juan Carlos Campo, "para que entre en un órgano que emite sentencias".

En el mismo sentido se ha manifestado el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, para quien "queda clarísimo" que Victoria Rosell fue vetada "ad hoc por haber ido en las listas de Podemos aunque no tenga siquiera carné de partido". "Eso", ha insistido Echenique, "fue el fruto de la cacería política que el PP lanzó contra ella" y a la que el PSOE se plegó.

Para Íñigo Errejón (Más País), el problema con los nombramientos relacionados con la Justicia trae causa de la actitud obstruccionista del PP a la hora de renovar el CGPJ. En su opinión, el Gobierno tiene "plena potestad" para designar a dos miembros del TC pero considera que el Ejecutivo "ha perdido una buena oportunidad para interrumpir la costumbre de nombrar a dos cargos casi en ejercicio" para ocupar puestos en el Constitucional. "La responsabilidad es del Gobierno y a él le toca responder por ello".

Ciudadanos mantiene que Sánchez "ha sobrepasado ya todas las líneas rojas con esta tropelía". "En lugar de desjudicializar la política lo que hace es politizar la Justicia". "Campo pasará a cumplir órdenes en el Gobierno a cumplirlas en el Tribunal Constitucional". Con estas duras palabras se ha referido Edmundo Bal a los dos nombramientos propuestos por el Gobierno. "Sánchez está desguazando la democracia para convertirla en su propia terminal política", ha afirmado Bal antes de anunciar que Ciudadanos, al igual que el PP, ha registrado una enmienda de totalidad con texto alternativo a la proposición de ley de reforma del Código Penal con la que el Gobierno pretende, a través de sus grupos parlamentarios, derogar el delito de sedición.


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