El PP lanza las mociones contra la amnistía: “Es un precio inasumible para un gobernante decente”

''Los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas'' reza el texto presentado por el PP en los parlamentos. 

La polémica por la posible amnistía a los líderes independentistas llegará en las próximas semanas a los Parlamentos autonómicos y a los Ayuntamientos, después de que el PP haya iniciado una ofensiva en toda España para obligar al PSOE a posicionarse.

Esta iniciativa, que ya se ha registrado en las Cortes Valencianas y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera que la amnistía "es un precio inasumible para cualquier gobernante decente".

Al respecto, los populares recuerdan que no es la primera vez que se plantea esta cuestión, ya que en 2021 se presentó una propuesta similar en el Congreso de los Diputados. En ese momento, sin embargo, tanto Pedro Sánchez como otros ministros socialistas como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlaska y Carmen Calvo señalaron la inconstitucionalidad de una posible amnistía, señala el documento.

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Para el grupo popular, "los hechos jurídicos siguen igual, pero han cambiado las circunstancias políticas". "Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley", puede leerse en el texto, que acusa al presidente del Gobierno de "utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado".

"El precio de la presidencia no sería solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social", reza la propuesta.

A juicio de los populares, “en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica”.

“Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano”, se lee en el texto.

Además, subraya que “tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendiente resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan al estado español”.

La iniciativa registrada por el grupo parlamentario popular recuerda que el 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que “siguió el principio de reconciliación nacional” y que “guió la transición a la democracia”.

Considera que la amnistía era “una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura”.

“Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto y final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia”, reza la Proposición No de Ley (PNL).

En este sentido, la iniciativa popular explica que durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió precisamente la cuestión de la amnistía, pero finalmente se aprobó un artículo que prohíbe los indultos generales. “El perdón -que si existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la decimonónica Ley del Indulto-, debe ser siempre individualizado y nunca con carácter general”, añade el texto.

 

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