El PSOE insiste en elevar a los 16 años el cambio de sexo sin permiso de un juez para ''dar garantías'' a los menores
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1 Noviembre 2022

El PSOE insiste en elevar a los 16 años el cambio de sexo sin permiso de un juez para ''dar garantías'' a los menores

Unidas Podemos elude hacer público su malestar por las enmiendas presentadas por su socio de Gobierno a la Ley Trans

Ley Trans Una polémica norma que permite al menor pedir el cambio de sexo desde los 14 años

El PSOE se mantiene firme en su intención de elevar ahora de los 14 a los 16 años la edad a la que se podrá solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil sólo con el permiso de los padres. Así consta en una de las 37 enmiendas a la Ley Trans registradas finalmente ayer en el Congreso, que incluye la obligación de autorización judicial para proceder a la autodeterminación de género entre los 12 y los 15 años, y que el partido justifica por «la necesidad de establecer mayores garantías desde el punto de vista del interés superior del menor».

Además, se plantea formalmente que la reversibilidad de la decisión pasados seis meses tenga que ser avalada también por un magistrado para «dotar de mayor garantía al proceso» y evitar eventuales fraudes para aprovecharse de las condiciones de las mujeres en determinadas circunstancias. También se elimina toda referencia a la violencia intragénero con el argumento de que «genera confusión» y que «la actual regulación de violencia doméstica y violencia de género da cobertura a todos los supuestos».

Las enmiendas a la Ley Trans presentadas ayer tras la tercera y última prórroga a la que se había comprometido el PSOE han logrado aplacar las críticas de Carmen Calvo al texto elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez a instancias de Unidas Podemos y compartidas por la corriente del feminismo clásico. La ex vicepresidenta había llegado a advertir en una entrevista publicada en EL MUNDO que tal y como estaba redactado podía «destrozar toda la legislación de igualdad», pero tras los cambios propuestos considera que ya es «una ley plenamente constitucional» y «protectora de la infancia como valor superior de la Constitución», en línea con la propia justificación utilizada por su partido.

Solventado a priori el problema interno, al PSOE se les plantea ahora la tesitura del malestar que van a generar esta propuesta de cambios en sus socios de coalición en La Moncloa y en particular lo que afecta a la parte de la autodeterminación. En el Ministerio de Igualdad han mantenido siempre que no estaban dispuestos a «ceder» en una de las piedras angulares de la nueva normativa para la protección de las personas transexuales.

Aun así, a falta de conocer el detalle de las enmiendas registradas, en Unidas Podemos evitaron hacer público este lunes su malestar y se limitaron a señalar que lo más urgente ahora es cerrar un calendario de tramitación exprés en el Congreso que permita culminar la ponencia el próximo 18 de noviembre para que la ley esté aprobada a finales de año.

Los socialistas han incorporado además una serie de enmiendas en el ámbito rural, entre las que destaca una relativa al «sexilio», un concepto que se refiere al «abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia». También ha presentado cambios para que las personas transexuales en situación de prostitución tengan derecho a los recursos sociolaborales establecidos en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y que, «medie o no situación de explotación sexual, puedan acceder a los recursos sociolaborales y de atención psicológica».

Comisión de Ética y Garantías

Por otro lado, la Comisión de Ética y Garantías del PSOE ha rechazado que se sancione a las militantes críticas con la Ley Trans, tal y como adelantó este lunes El País y confirmaron posteriormente en el partido. Así lo decidió el organismo que dirime las disputas internas de la formación en la reunión que mantuvo el jueves pasado -según publicó este periódico- para abordar la denuncia que había recibido en ese sentido, aunque en Ferraz no facilitaron entonces información sobre el resultado de las de las deliberaciones.

Tampoco se cesará al secretario LGTBI de la Ejecutiva Federal, Víctor Gutiérrez, como a su vez había solicitado un grupo de feministas con carnet. La conclusión es que las opiniones enfrentadas entran dentro del debate político y con ella se da por cerrado un capítulo que había generado muchas tensiones internas.


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