El PSOE pacta con ERC para dejar impune la malversación del 1-O
12:51
13 Diciembre 2022

El PSOE pacta con ERC para dejar impune la malversación del 1-O

El nuevo delito acordado hace difícil aplicar al 'procés' incluso la malversación atenuada

Congreso Podemos facilitará abaratar la malversación mientras trata de desvincularse de la propuesta del PSOE Política El PSOE pacta con ERC rebajar de 12 a 4 años las penas máximas de la malversación del 1-O

El nuevo delito de malversación pactado por PSOE y ERC deja al borde de la impunidad hechos como los del procés. El uso de fondos públicos cuando no hay enriquecimiento personal sigue conllevando penas prisión, pero muy inferiores a las vigentes. Actualmente la pena oscila entre los ocho y los 12 años de prisión cuando, como en el 1-O, la cantidad malversada supera el cuarto de millón de euros. Con la reforma, la cárcel iría de uno a cuatro años. En cuanto a la inhabilitación, la bajada sería también drástica: la horquilla de 15 a 30 años sin acceso a empleo o cargo público se quedaría en dos a seis años.

Pero es que tampoco esta variante atenuada de la malversación sería fácilmente aplicable al desvío de fondos para una consulta como la de 2017. La propuesta de reforma del Código Penal prevé esa pena solo si se cumple un requisito: que del uso ilegal de los fondos «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado».

Fuentes jurídicas cuestionan que pueda encajar ahí el gasto de dinero público en el procés, por la dificultad para determinar el perjuicio hacia un servicio público concreto. El Supremo ya se ha pronunciado sobre cuándo se debe considerar cumplido el requisito y se inclina porque es necesario concretar el daño o entorpecimiento. Aunque ha afirmado que si la cuantía es elevada es más fácil concluir que ha sido así, siempre ha requerido una referencia concreta al servicio supuestamente perjudicado al que debía haber ido el dinero público desviado. De hecho, en el último caso que abordó el Supremo los magistrados dieron la razón al recurrente y rechazaron que se hubiera probado ese daño, que nunca se puede presumir en contra del acusado.

Malversación aún más atenuada

Si se considera que no se cumple el requisito, se pasaría a una malversación aún más atenuada, ya sin penas de prisión. La condena podría ser únicamente de inhabilitación (uno a tres años) y multa (12 a 24 meses). Y esto todavía podría rebajarse sustancialmente, puesto que el pacto propone añadir un apartado nuevo conforme al cual si antes del juicio se reponen los fondos, las penas se reducen uno o dos grados. Es decir, hasta la mitad o la cuarta parte.

Esta opción podrían aprovecharla dos piezas destacadas del procés que aún están pendientes de juicio. Se trata de Josep Maria Jové, la mano derecha de Oriol Junqueras, y el ex secretario de Hacienda Lluís Salvador. A ellos el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no les ha procesado por sedición, pero sí por malversar. Con la reforma del delito previsiblemente en vigor en breve, su pronóstico penal ha mejorado enormemente.

La reforma de la malversación tendrá que aplicarse a los juicios pendientes, pero también a la sentencia firme del procés que el Tribunal Supremo dictó en octubre de 2019. Cuando estén vigentes los nuevos artículos más favorables, el Alto Tribunal tendrá que revisar la condena, que en el caso del ex vicepresident fue de 13 años de prisión y 13 de inhabilitación.

La prisión fue indultada, por lo que lo relevante para Junqueras es la inhabilitación. Fuentes fiscales y judiciales prevén que se rebajará la condena, pero ven difícil determinar cómo quedará. Entran en juego de forma simultánea tanto la reforma de la sedición -ahora, teóricamente, desórdenes públicos agravados- como la de la malversación. En ambos delitos habrá que estudiar si en su nueva redacción son aplicables al caso o si difieren tanto de los hechos probados del procés que no es posible mantener ninguna condena. Esto último es lo que mantiene ERC.

Pero si al final las reformas no desembocan en una amnistía de facto, conforme a la nueva malversación Junqueras podría ser candidato a partir de 2024, a tiempo de las autonómicas del año siguiente. Contando con mantener una condena por desórdenes públicos, en el peor de los casos la inhabilitación llegaría a 2026.

En caso de regresar a España, el ex president Carles Puigdemont también se beneficiaría de la fruición legisladora del Gobierno. Los 13 años seguros de prisión no pasarían ya de cinco, que se podrían dar por indultados con el actual Gobierno. La inhabilitación alcanzaría un máximo de ocho si finalmente el Supremo considerase aplicables los desórdenes públicos agravados. Si por el contrario las reformas desembocan en lo que sostiene ERC, Puigdemont quedaría sin condena y se desactivarían las ya impuestas.


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