El PSOE pacta con ERC rebajar de 12 a 4 años las penas máximas de la malversación del 1-O
23:42
12 Diciembre 2022

El PSOE pacta con ERC rebajar de 12 a 4 años las penas máximas de la malversación del 1-O

Ambos partidos acuerdan una enmienda que introducirán en la proposición de ley prevista para derogar el delito de sedición

Política Podemos facilitará abaratar la malversación mientras trata de desvincularse de la propuesta del PSOE PSOE Ex ministros socialistas apoyan un manifiesto contra los cambios en la sedición y la malversación promovidos por Sánchez

Un traje a medida de los condenados y encausados por el procés. Ese es el objetivo del acuerdo alcanzado ayer por el PSOE y su aliado parlamentario ERC para redondear la derogación del delito de sedición con una reforma del delito de malversación en el Código Penal. Ni Pedro Sánchez, ni los ministros socialistas ni su grupo parlamentario enmascaran ya esta finalidad. En virtud de su pacto, el Código Penal se reformará con tramitación de máxima urgenciaantes de fin de año y se rebajarán las penas impuestas a los líderes de la intentona del 1-O por utilizar espuriamente el dinero público.

Desde las filas de Esquerra se felicitaron abiertamente por el acuerdo alcanzado con los socialistas porque, en su opinión, «limita la capacidad represiva del Estado» y resta herramientas a unos jueces que consideran «fascistas».

PSOE y ERC rediseñan y rebautizan ahora la malversación para crear un nuevo tipo mucho menos gravoso que encaje con el delito de los cabecillas del procés y que se llamará desvío presupuestario irregular de fondos públicos. En definitiva, destinar patrimonio de todos los ciudadanos a un fin distinto al previsto pero sin que ello comporte lucro personal.

El acuerdo de ambas formaciones, al que no ha querido añadir su firma Unidas Podemos aunque votará a favor del mismo, implica sustituir el actual delito de malversación por tres tipos de conductas delictivas: la apropiación o intento de apropiación de patrimonio público con ánimo de lucro para el enriquecimiento personal o de terceros; el uso temporal de patrimonio público para uso privado y, en tercer lugar, utilizar el patrimonio público para un fin distinto al que estaba destinado.

Tres tipos de supuestos

El primer supuesto pretende sustituir a lo que hasta ahora se consideraba apropiación indebida y administración desleal, figuras estas que, según ERC, son propias del «ámbito privado» y que, con el actual Código Penal «fueron utilizadas por los tribunales para perseguir al independentismo». Este tipo, el de apropiación indebida de fondos públicos con ánimo de lucro mantendrá las mismas penas que las actuales porque se considera que estos son los verdaderos casos de corrupción.

Respecto al segundo tipo, el que contempla la utilización temporal del patrimonio público para uso privado, se procede a diferenciar y clarificar las distintas conductas que pueden caber en el mismo.

Y, por último, se distingue el delito de desvío de fondos o patrimonio público a un fin diferente al previsto. Esta figura es la que contempla, como proponían los socialistas, penas de uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial de dos a seis años.

Hasta ahora, las penas de cárcel previstas en el código Penal eran de hasta seis años. Es un tipo que no incluye agravantes y para el que se establece como condición para aplicar la pena de privación de libertad el que con el desvío presupuestario se haya causado un «daño o entorpecimiento grave del servicio público».

Desde ERC apuntan que ni siquiera con esta figura se podrían castigar las conductas del 1-O porque, según ellos, no se llegó a producir ningún daño serio del servicio público.

Por parte del PSOE se insiste en que con estas reformas no se abaratan las prácticas corruptas. En opinión de los socialistas lo que se consigue es clarificar mejor los distintos supuestos de utilización indebida de los fondos públicos porque, insisten, no todos tienen la misma gravedad.

Ayer, tras un fin de semana de negociaciones, cada una de las partes intentaba trasladar a la opinión pública y, en particular a su electorado, la interpretación que más le conviene de esta reforma. Para ERC es imprescindible asegurar que con ella se logra un triunfo en el camino de la desjudicialización de los delitos del procés. A partir de ahora este logro se utilizará no sólo para seguir limpiando el currículo de los condenados -y después indultados- por el desafío al orden constitucional en 2017, sino también como bandera frente al independentismo más radical y frentista representado por Junts.

Por el contrario, para el PSOE resulta del máximo interés asegurar que con el polémico paso dado por Pedro Sánchez no se debilita la lucha contra los corruptos. Es esta una premisa especialmente importante para los socialistas sobre todo porque el presidente del Gobierno arrebató el poder al PP mediante una moción de censura a Mariano Rajoy cuyo móvil fue precisamente la regeneración democrática y el combate contra la corrupción. Los socialistas intentan además calmar el recelo profundo que esta rebaja de penas en beneficio de los líderes del procés ha generado en parte de su electorado reacio a las concesiones continuas al independentismo.

Ayer, quedó aprobado el texto de la reforma que, además de derogar la sedición y rebajar la malversación también incluye vía enmiendas introducidas en el último minuto una reforma de la ley del Poder Judicial que modifica completamente el método de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a fin de poder nombrar cuanto antes al ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a una ex directora general de Presidencia del Gobierno, Laura Díez y cambiar así el signo mayoritariamente conservador del TC por un progresista.


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