El Supremo y la Fiscalía temen una ''amnistía encubierta'' con la reforma de Sánchez
19:48
12 Noviembre 2022

El Supremo y la Fiscalía temen una ''amnistía encubierta'' con la reforma de Sánchez

Consideran que la modificación legal propuesta deja los hechos del 1-O fuera del Código Penal

Sedición Sánchez rebaja de 15 a 5 años la pena máxima por el delito cometido el 1-O Justicia La versión de Sánchez contradice al Supremo en las penas y en la gravedad del delito de sedición

Indignación, preocupación e incredulidad por lo «lejos» que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez, despenalizando el delito de sedición y sustituyéndolo por desórdenes públicos para «contentar» a sus socios independentistas. «Con la reforma han desarticulado todos los elementos de la sentencia. Es una amnistía ad hoc, encubierta». Así resumían ayer en el Tribunal Supremo y la Fiscalía cómo recibieron la noticia del registro de la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos para favorecer a los promotores del procés.

El Supremo teme que la supresión del tipo delictivo de la sedición -por el que fueron condenados el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros ocho acusados en el juicio del procés- acabe provocando espacios de impunidad por el «vacío legal» de una reforma que se llevará a cabo sin recabar los dictámenes del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado.

Las distintas fuentes jurídicas y fiscales consultadas por EL MUNDO advierten de que los hechos que tuvieron lugar en Cataluña 2017 no tienen encaje en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados diseñado por La Moncloa. Advierten de las consecuencias que tendrá tanto para los ya indultados (el Gobierno sólo les perdonó la pena de prisión y siguen cumpliendo la pena de inhabilitación para cargo público) como para los huidos, entre ellos el ex president Carles Puigdemont.

"A los pies de los caballos"

«Es demencial. Los hechos probados de la sentencia dejan de ser delito. Nos deja a la Justicia española a los pies de los caballos», recalcan fuentes jurídicas.

Ante la derogación del delito de sedición impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez caben dos posibilidades. La primera, que la derogación de la sedición conlleve a una supresión de la malversación que también se impuso a cuatro de los condenados del procés, entre ellos a Junqueras. Los magistrados, al revisar su sentencia conforme a la reforma, están obligados a aplicar la opción que resulte más favorable a los condenados.

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La segunda interpretación es que, pese a todo, el Alto Tribunal podrá mantener inhabilitados a los indultados a los que se les atribuyó el desvío de fondos públicos.

La primera posibilidad es la «amnistía encubierta» que pronostican fuentes del Supremo y del Ministerio Público. Consideran que, al dejar de perseguirse penalmente la sedición, que era el núcleo de los actos delictivos del 1-O, la malversación cometida para ejecutar los actos sediciosos y tumultuarios de Cataluña quedaría anulada automáticamente.

Malversación

En otras palabras, suprimida la sedición en el Código Penal, también se anularía la malversación y la pena de inhabilitación que esta conlleva al tratarse de un concurso medial de delitos.

Sin embargo, otras fuentes jurídicas y fiscales hacen una interpretación distinta de cómo se debería aplicar la reforma. Entienden que la Sala de lo Penal del Supremo podrá mantener la inhabilitación por la malversación. Incluso aunque se estimara que no puede aplicarse el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a lo recogido en la sentencia del procés.

Estas fuentes resaltan que los fondos públicos se destinaron a una actividad que el Tribunal Constitucional prohibió de forma expresa, como resaltó la sentencia condenatoria.

Una consecuencia de eliminar la sedición es que el delito más grave cometido por Junqueras y otros condenados pasaría a ser el correspondiente al desvío de fondos públicos. Las penas vigentes en este delito, que no se tocan en la propuesta de reforma, están por encima de las reflejadas para los nuevos desórdenes públicos agravados. Esto tiene consecuencias.

Cuando el Supremo calculó en su sentencia del 1-O cómo combinar la sedición y la malversación, concluyó que se trataba de un concurso medial, en el que un delito (malversación) es un instrumento necesario para cometer el otro (sedición). Y recordaba cuál es la regla que establece el Código Penal en estos casos: se debe imponer una pena superior a la del delito más grave de los dos, en este caso la malversación.

Eso llevaría a unas condenas que en el caso del 1-O partirían de un mínimo de seis años de cárcel y que podrían llegar hasta los 12, dada la cuantía de lo malversado. En cuanto a la inhabilitación, el mínimo sería de 15 años y el máximo, de 30. Con esas cifras en la mano, estas fuentes consideran que, aunque se revisara la sentencia conforme a la reforma, se podría mantener la inhabilitación que les impuso el Supremo, sin rebajas. Actualmente, Junqueras está inhabilitado hasta 2032.

Los huidos

Sobre los huidos como Puigdemont, fuentes fiscales consideran que, con la reforma, los hechos del 1-O tendrían mayor encaje legal en «una tentativa de rebelión» que en los desórdenes públicos agravados que el Gobierno quiere incluir en el Código Penal.

No obstante, las distintas fuentes consultadas advierten de la dificultad para poder acusar a los huidos, porque con la reforma «se han puesto todo tipo de trabas para ejercer la acusación». «Será un encaje jurídico complejo», adelantan. Desde el Ministerio Público se apuesta, no obstante, por poder mantener la inhabilitación para cargo público de los ex dirigentes independentistas condenados por el delito de malversación.


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