El TSJ andaluz permite cerrar pueblos de Cádiz y Córdoba por alta tasa de Covid pero no de Granada
14:51
11 Mayo 2021

El TSJ andaluz permite cerrar pueblos de Cádiz y Córdoba por alta tasa de Covid pero no de Granada

La Junta recurrirá al Supremo el auto de Granada y culpa al Gobierno de ''judicializar'' la pandemia.

La Junta de Andalucía se ha topado con los tribunales a la hora de decretar el cierre perimetral de la localidad granadina de Montefrío. Sin embargo, sí podrá hacerlo en los municipios de Castro del Río (Córdoba), Bornos y Villamartín (Cádiz)

Todo ello después de que el Gobierno haya dejado en manos del Supremo las restricciones que puedan tomar las comunidades tras decaer el estado de alarma. A alto tribunal recurrirá la Junta para poder 'confinar' la citada localidad granadina, que cuenta con una tasa superior a los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.

En estos casos, las secciones Primera y Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, han ratificado el cierre en esas tres localidades, pero otra sección distinta, la Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ andaluz, lo ha denegado en Granada. Esta última decisión ha sido tomada por los doce magistrados que la componen y contra la misma se ha anunciado un voto particular.

El tribunal autonómico aprecia en los tres primeros casos "la necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de esta medida frente a la Covid-19 desde el 9 al 15 de mayo, ambos inclusive. No obstante, en Montefrío los magistrados ven este confinamiento como una restricción "indiscriminada de un derecho fundamental".

Este último auto, consultado por EL ESPAÑOL, considera que las restricciones de derechos fundamentales no pueden realizarse de "forma indiscriminada y masiva" y que la norma que debía amparar esta restricción, La Ley de Salud Pública, "alude a personas concretas y determinadas".

Al Supremo

Por su parte, la Junta de Andalucía va a recurrir este auto al Tribunal Supremo con el fin de establecer la misma estrategia a la hora de decretar estos cierres perimetrales en toda Andalucía. Para ello, tienen que superar la tasa de 1.000 casos por cada 100.000, según el criterio estipulado por el comité de expertos.

En el citado auto, el TSJA considera que "se está imponiendo una restricción indiscriminada de un derecho fundamental, hasta el extremo de que afecta, incluso, a aquellos ciudadanos que ya estuvieron vacunados".

Junto a ello, apunta a que el precepto "adolece de una imprecisa redacción". Y en la hipótesis de que la norma admitiera distintas interpretaciones, "deberá optarse por aquella que resulta más favorable al ejercicio de derechos fundamentales".

Sin embargo, en el caso de las localidades en las que sí avala el cierre consideran que debe "prevalecer el derecho a la salud pública" ante "el alto poder de contagio y el grave riesgo" que existe para la ciudadanía y que determinó la declaración del estado de alarma.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en esta jornada que si el Tribunal Supremo rechaza los recursos de las comunidades a las que los Tribunales Superiores autonómicos denieguen las restricciones, "hay que mirar al futuro, que se llama vacunación, vacunación y vacunación".

"Es un disparate" 

En la rueda de prensa, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha lamentado que esta situación se debe a la decisión del Ejecutivo nacional de "judicializar" la lucha contra la pandemia tras decaer el estado de alarma. Lo considera "un disparate".

Lo normal sería que los juzgados tomen decisiones "coherentes", pero en este caso existen posiciones diferentes. "¿Cómo se explica esto?, se ha preguntado el consejero. Las comunidades, sin estado de alarma, no pueden limitar derechos fundamentales y tienen que acudir a la justicia.

A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido "subcontratar la gestión de la pandemia", dejando en manos de la justicia lo que él no quiere hacer. "En vez de facilitar el camino, el Gobierno central ha optado por "judicializar la vuelta a la normalidad y que las comunidades se entiendan con el Tribunal Supremo".

Para Bendodo, con este escenario, se "trata de pelear contra la pandemia con un brazo atado a la espalda, y es muy difícil".


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