ERC gana tiempo para forzar a Sánchez a reformar el delito de sedición
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22 Octubre 2022

ERC gana tiempo para forzar a Sánchez a reformar el delito de sedición

Los republicanos catalanes facilitan el camino del presidente para agotar la legislatura al no obstaculizar con una enmienda a la totalidad los Presupuestos para 2023

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ERC ha optado por rehuir el choque de trenes con el Gobierno central y ha apostado por ganar tiempo y ampliar su margen de negociación. Los republicanos catalanes facilitaron ayer el camino de Pedro Sánchez para agotar la legislatura al no obstaculizar con una enmienda a la totalidad los Presupuestos para 2023, pero no le han garantizado su apoyo definitivo. El partido de Oriol Junqueras guarda sus bazas para presionar a lo largo del mes que resta para finalizar en el Congreso la tramitación de las cuentas del Estado.

La decisión de Esquerra conlleva riesgos. De entrada le acarreará la crítica acerada de su ya ex socio en el Govern, Junts, que aboga por la confrontación abierta con el Ejecutivo y acusa a los republicanos de colaboracionismo con un Pedro Sánchez que avaló la intervención de la autonomía catalana con el 155 y al que acusa de mantener una estrategia represiva contra el independentismo.

Los republicanos saben que con este paso dan aliento a Junts para movilizar en su contra al votante secesionista radical, sin embargo han optado por esta vía porque entienden que con más tiempo disponen también de más oportunidades para sacar adelante, en compañía de otros, sus demandas económicas y sociales y, entre tanto, allanar el terreno para poner en suerte un compromiso firme del Ejecutivo para revisar a la baja las penas por el delito de sedición.

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Esquerra es consciente de que Sánchez utiliza un argumento falso cuando afirma que no cuenta con los votos necesarios para sacar adelante una reforma del Código Penal para rebajar la sedición, pero opta por no replicar ahora para no enturbiar las aguas de un futuro pacto que a la parte socialista del Gobierno le costaría mucho vender con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina.

Los republicanos tenían preparada la enmienda a la totalidad y estaban dispuestos a registrarla si antes de las 14.00 horas de ayer el Gobierno no emitía señales satisfactorias. Finalmente guardaron el órdago en el cajón. Al fin y al cabo le habría servido de poco porque Sánchez con el apoyo de PDeCAT, Más País, Compromís, PRC, Teruel Existe, PNV y EH Bildu y las abstenciones de Coalición Canaria y BNG ya tenía sellado el pase para la tramitación de los Presupuestos.

En estas condiciones, la senda posibilista se ha impuesto, máxime cuando las ondas positivas de la Moncloa llegaron, no con toda la claridad que pretendía ERC, pero ahí estaban en forma de «negociaciones en marcha» a las que convenía «dar un margen».

Saben que Junts lo usará para movilizar a sus votantes más radicales

El camino pues se abre a una negociación de enmiendas parciales exigentes muy centradas en los terrenos económico y social y se reserva la carta de la sedición para una nueva reunión de la Mesa de Diálogo entre los dos Gobiernos que incluso podría celebrarse a finales de año y que se irá diseñando en conversaciones discretas.

Ahora, ERC se prepara para centrarse en sus reivindicaciones más claras: la ejecución de las inversiones que se comprometieron con Cataluña y las que ahora se contemplan en los Presupuestos. A mediados de año sólo se había ejecutado un 16% de lo prometido. Es esta una exigencia clave de Esquerra y del resto de fuerzas catalanas. Si los republicanos la sacan adelante lograrán una victoria clara frente a la estrategia de guerra frontal emprendida por Junts.

También presionarán al límite para conseguir acuerdos en materia de vivienda en línea con la ley de la Generalitat que se encuentra recurrida en el Constitucional: tope a los precios del alquiler, prohibición de desahucios sin alternativa y expropiación de viviendas y edificios que lleven más de dos años sin ocupar.

A ello suman la pretensión de alcanzar un pacto sobre financiación autonómica y municipal y un endurecimiento de las medidas fiscales para que grandes empresas y fortunas contribuyan más a paliar la emergencia social ocasionada por la elevadísima inflación.


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