ERC propone modificar la malversación para proteger a los independentistas y el PSOE lo supedita a castigar el enriquecimiento ilícito
13:24
9 Diciembre 2022

ERC propone modificar la malversación para proteger a los independentistas y el PSOE lo supedita a castigar el enriquecimiento ilícito

Los republicanos plantean considerar delito de malversación ''las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro''

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Nuevos pasos hacia la reforma del delito de malversación. ERC ha registrado este viernes sus enmiendas "quirúrgicas" a la propuesta de remodelación del PSOE y Unidas Podemos con las que "redefinir, esclarecer y evitar interpretaciones sesgadas del Código Penal" y, gracias a esta propuesta, "avanzar en la desjudicialización de la vida social y política y limitar las potenciales arbitrariedades del Estado para perseguir y reprimir el movimiento independentista".

Para ello, el grupo parlamentario plantea en sus enmiendas, registradas a primera hora de este viernes en el Congreso, que en el delito de malversación "se deje de hablar de conductas poco definidas y subjetivas como la apropiación indebida y la administración desleal, que son propias del ámbito privado".

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Así, según reza el texto registrado, se propone condicionar el delito de malversación a "las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro, así como el uso temporal del patrimonio público para fines particulares". Por esta razón, los republicanos solicitan rebajar las penas para aquellos que no se beneficien personalmente del delito cometido.

La nueva horquilla que propone ERC para este tipo de delito es de seis meses a tres años de cárcel. En cualquier caso, desde el grupo remarcan que con la enmienda presentada se trata de "evitar" que la reforma "pueda ser utilizada para rebajar penas en casos de corrupción".

Por encima de los 250.000 euros

En el PSOE, por su parte, supeditan esa reforma a la introducción por primera vez dentro del Código Penal del delito de enriquecimiento ilícito. El objetivo es que los cargos públicos que tengan un incremento de patrimonio o cancelación de sus deudas por encima de 250.000 euros de sus ingresos durante el ejercicio del cargo y hasta cinco años después de abandonarlo tendrán la obligación de justificar ese incremento, según se desprende de la enmienda presentada conjuntamente por el Grupo Socialista y Unidas Podemos.

En caso de no hacerlo, podrán aplicárseles penas de prisión de entre seis meses y siete años, inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas de hasta tres veces lo enriquecido ilícitamente.

"De esta manera España se situará entre los países más avanzados en esta materia como es Francia, Portugal y Luxemburgo", ha argumentado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López. "No queremos ver nunca más a un responsable público que se beneficia de un enriquecimiento ilícito e injustificable sin que esto tenga ninguna explicación ni ninguna consecuencia. Se trata, por tanto, de un paso lógico en el camino de la transparencia y la redición de cuentas", ha subrayado.

En el PSOE no han querido desvelar si van a apoyar la enmienda de ERC para modificar el delito de de malversación, que apuntan analizarán "con detenimiento". Eso sí, trazan dos líneas rojas: "No vamos a apoyar ninguna propuesta que pueda suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción y que todo uso irregular y arbitrario de los fondos públicos tiene que estar sí o sí sancionado en el Código Penal".

Según López, la propuesta de su partido no supone "ningún retroceso en la lucha contra la corrupción", sino "lo contrario" al introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Además, niega que la reforma que proponen pueda beneficiar a los ex altos cargos socialistas condenados en el caso de los ERE.

En la misma línea, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que "cualquier enmienda que se presente a la reforma de la malversación tiene que tener un límite y una línea roja clarísima: en ningún caso puede aceptar a personas que ya están condenadas por corrupción o a personas que han cometido hechos relativos a la corrupción". "Se va a ser muy estricto en que quien desarrolla un cargo público no tenga ningún tipo de enriquecimiento ilícito", ha agregado, informa Marina Pina.

Perjuicio patrimonial

El PDeCAT, por su parte, ha presentado una enmienda para rebajar las penas por el delito de perjuicio patrimonial a través de la mala administración de un patrimonio ajeno reduciendo la horquilla de dos a seis años de cárcel por entre uno y tres años, mientras que la de inhabilitación para ejercicio de cargo público pasaría de entre seis y 10 años a un intervalo de entre tres y seis años.

Para los casos en los que una autoridad o funcionario público, "con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones" propone que se impongan penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta de diez a 20 años si el valor del perjuicio causado excede de 100.000 euros (el doble que ahora).

"Antes de la reforma que se realizó del delito de malversación en el año 2015 era claro y meridiano que debía existir ánimo de lucro, tanto de quien sustrajere, como del tercero que tuviera el mismo ánimo. Es decir, voluntad de enriquecerse de forma ilegal uno mismo o una tercera persona. Después de la reforma, se ha producido una asimilación entre malversación y administración desleal que no diferencia en ningún momento si la administración desleal se ha realiza con o sin ánimo de lucro para la autoridad o funcionario público o para un tercero", justifican en el PDeCAT.


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