Escrivá aspira a que su nuevo fondo gestione 120.000 millones en 10 años y uno de cada dos trabajadores ahorre para complementar su pensión
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24 Noviembre 2021

Escrivá aspira a que su nuevo fondo gestione 120.000 millones en 10 años y uno de cada dos trabajadores ahorre para complementar su pensión

El Gobierno lanzará el próximo mes de junio el nuevo fondo de pensiones público con el que proyecta gestionar en 10 años alrededor de 120.000 millones de euros. Uno de cada dos trabajadores serán partícipes.

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El Ministerio de Seguridad Social no termina de cerrar una reforma estructural del sistema de pensiones cuando ya pone en marcha la siguiente. Revalorización con el IPC, nuevas penalizaciones a la jubilación anticipada, aumento de cotizaciones y, ahora, un fondo de pensiones público que estará listo en junio. Se nutrirá de aportaciones de empresas y trabajadores hasta alcanzar un patrimonio de alrededor de 120.000 millones de euros en 2032, cuando cumpla una década.

En 2032 las reformas de Escrivá habrán nutrido con entre 20.000 y 40.000 millones el fondo de reserva de las pensiones. El refuerzo de ingresos es la vía escogida por el Gobierno para reestructurar el sistema. La última iniciativa es ya un anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Parte de una recomendación del Pacto de Toledo para crear sistemas de ahorro complementarios al principal de las pensiones, financiado a partir de las cotizaciones y sujeto a reformas por la tensión que genera la jubilación del baby boom. Las aportaciones procederán de empresas y trabajadores y, según las proyecciones de Seguridad Social, se extenderán en la próxima década hasta cubrir a uno de cada dos trabajadores.

La escala de los cambios y la velocidad que imprime el ministro José Luis Escrivá a su tramitación ha levantado ampollas con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y también lo hace en este caso. Los empresarios aseguraron ayer que la consulta en el diálogo social ha sido prácticamente nula, aunque desde Seguridad Social se sostiene que ha habido varias aportaciones de CEOE al texto y que está abierto a más propuestas.

Sea como sea, el proyecto ya ha echado a rodar. El sistema de los denominados planes de empleo ya existe actualmente, si bien su uso es minoritario. Solo un 10% de los trabajadores dispone actualmente de este instrumento de ahorro y el modelo de Escrivá es la aceptación que tiene en territorios como el País Vasco, donde la proporción asciende a un 48%. Con esa proporción, que es un dato considerado alcanzable por Seguridad Social, unos nueve millones de trabajadores ahorrarían en 2030 para complementar su pensión.

Actualmente la cifra de partícipes apenas supera los dos millones, así que el Gobierno quiere crear todo un escenario de incentivos y mecanismos que aceleren su expansión. Sin figurar en los papeles ni en ningún discurso oficial, el primer incentivo de los trabajadores para buscar un complemento tras su retiro sería que el pilar principal del sistema, el sostenido por las cotizaciones está sujeto a reformas que endurecerán el acceso a la jubilación.

Luego, los incentivos directos se centrarán básicamente en cuestiones como su coste en términos de comisiones máximas de los gestores y, por otro lado beneficios fiscales. Seguridad Social considera que las comisiones del 1% que se cobran actualmente en los planes individuales no son una referencia válida por ser excesivamente altas. En consecuencia, organizará un concurso público entre gestoras en el que el precio de sus servicios será un elemento determinante en la concesión. El objetivo declarado es que sea, como mucho, la mitad.

Por el lado de la fiscalidad, el Gobierno ha fijado beneficios para aportaciones hasta un máximo de 8.500 euros anuales repartidos al 50% entre empresas y trabajadores. A este tope en los planes de empleo se podría añadir aún otros 1.500 euros como tope en un plan individual de pensiones. En total, la cifra ascenderá a 10.000 euros anuales. Se trata de una cantidad que queda muy lejos de la realidad de los bolsillos de la gran mayoría de los trabajadores. Los partícipes de los planes de empleo tenían en 2020 un patrimonio medio invertido de 17.500 euros.

A estas dos herramientas financieras se sumará otra jurídica, que servirá para hacer llegar estos planes de empleo a pymes y autónomos, que componen el 99% del tejido empresarial del país. Los planes no serán obligatorios pero el Gobierno espera que se conviertan en un nuevo protagonista de las relaciones laborales en las empresas y que se considere como un "salario diferido". Se negociarán en las mesas de diálogo social para ser incluidos dentro de los convenios sectoriales. Las pequeñas y medianas empresas dispondrán así de un acuerdo al que vincularse y una vez lo hagan, si no deciden en qué fondo depositar los recursos, la comisión gestora se lo asignará por defecto en el plazo de tres meses. Esta comisión estará compuesta por nueve miembros de la Administración -cuatro de Seguridad Social, uno de Trabajo, otro de Asuntos Económicos y otro de Transición Ecológica-. Representarán la mayoría, pero estarán acompañados de cuatro consejeros nombrados por las patronales y otros cuatro por los sindicatos.

Escrivá ha señalado que los planes de empleo como el que se aprobará no han crecido en España en los últimos años debido, entre otras razones, a que los beneficios fiscales de esta fórmula de ahorro estaban orientados a los planes individuales de pensiones, "dirigidos a rentas altas o muy altas". De la mano de Escrivá y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las aportaciones máximas que se pueden acoger a beneficios fiscales en estos planes individuales se han reducido a 1.500 euros.


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