España será el primer país de la UE con cámaras en los mataderos para velar por el buen trato animal
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12 Abril 2021

España será el primer país de la UE con cámaras en los mataderos para velar por el buen trato animal

El coste aproximado de cada uno de estos sistemas varía desde los 3.000 a los 6.000 euros y deberá de ser abonado por los dueños de estas explotaciones.

España será el primer país de Europa en el que va a ser obligatorio poner cámaras de videovigilancia en los mataderos. Es un Real Decreto que prepara el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón el que hará este hecho posible gracias a una nueva regulación que, hasta el momento, sólo es obligatoria en Reino Unido.

La propuesta legislativa de Garzón, que espera ser efectiva antes de que acabe el año, intenta mejorar el trato animal en las explotaciones ganaderas y garantizar el buen hacer de los trabajadores, así como el control del cumplimiento de medidas sanitarias.

El sistema de videovigilancia era algo voluntario hasta ahora y sólo las grandes explotaciones lo usaban. A partir de la entrada en vigor del RD, este sistema tendrá que estar configurado en todas las instalaciones de España mediante un circuito cerrado de televisión y un sistema para la grabación, el almacenamiento, recuperación y reproducción de los vídeos.

Según explica el borrador del Real Decreto, el sistema deberá estar instalado tanto en las zonas en las que haya animales vivos como en los muelles de descarga y en las salas de despiece, aturdimiento y ejecución del animal.

Quedan libres de esta red de cámaras las zonas de espera de los camiones (sólo se grabará la descarga) y los lugares de descanso de los trabajadores, como los vestuarios, aseos o comedores.

Fin al maltrato

El objetivo final de la norma es evitar imágenes como las que se han hecho virales en otras ocasiones de operarios maltratando al ganado. Por ello, se impone un régimen de medidas a adoptar por el operario del matadero si ve malas prácticas entre sus trabajadores.

Este sistema de videovigilancia será obligatorio y no voluntario para que sea lo más "viable" posible. Consumo explica que "era necesario incorporar en soporte normativo un contenido mínimo de carácter vinculante" para poder "cumplir los objetivos perseguidos".

Como es lógico, el ministro de Alberto Garzón no espera que los mataderos tengan preparados estos sistemas de vigilancia según entre en vigor la ley, por eso da un plazo de uno a dos años para poner en marcha las instalaciones.

El texto del trámite de audiencia e información pública de la ley explica que, puesto que la norma impone nuevas obligaciones que tienen un coste a los mataderos, se debe dar "tiempo" al propietario.

"Se ha considerado necesario que la entrada en vigor se produzca un año después de su publicación, ampliando este plazo hasta los dos años para los pequeños mataderos, para los que puede resultar más difícil afrontar el gasto de la instalación del sistema de videovigilancia".

7.000 euros 

El Real Decreto estima que en España hay unos 700 mataderos que necesitarán de este sistema de videovigilancia, que tendrá un coste de entre 3.000 y 6.000 euros, según el tamaño del mismo.

Estimación de las cargas administrativas anuales que deberán pagar todos los mataderos de España.

Estimación de las cargas administrativas anuales que deberán pagar todos los mataderos de España.

Consumo considera que, como término medio, será necesaria la "instalación de cuatro cámaras, la adquisición de un disco duro y sistema de grabación, así como la contratación de un servicio de mantenimiento de los equipos" por, aproximadamente, ese coste.

Además, el Gobierno también realiza un balance de otro tipo de gastos derivados de las obligaciones administrativas que tienen estos sistemas de vigilancia. Así, en una tabla resumen, apuntan a un coste de unos 612.500 euros en trámites administrativos entre el total de las 700 explotaciones a las que se dirige esta ley.

Correspondientemente, el gasto aproximado de poner este tipo de sistemas de vigilancia podría llegar a alcanzar los casi 7.000 euros en su primer año. Unos 875 euros de trámites administrativos anuales (que habría que pagar de forma periódica) y los 6.000 de instalar las cámaras.


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