Fiscalía pide archivar la causa contra dos cargos de Sanidad por la compra de material sanitario

El partido Vox presentó una querella contra tres altos cargos del Gobierno, que, a ojos del fiscal, se basó en ''sospechas'' y ''conjeturas''.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al Juzgado archivar provisionalmente la causa derivada de una querella presentada por Vox contra tres altos cargos del Gobierno, a quienes el partido político acusaba de haber cometido irregularidades en la adquisición de material contra la Covid-19 al inicio de la pandemia.

Así consta en un escrito remitido al juez por el Ministerio Público. A ojos del fiscal, la formación política no ha concretado de forma "suficiente" los indicios "mínimos" para llevar a cabo una investigación. Y cree que la querella se sustenta en "meras conjeturas y sospechas".

Ésta iba dirigida contra tres personas, que ya declararon ante el juez como investigados a principios del pasado abril. Se trata de Alfonso María Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Paloma Rosado, directora general de Racionalización y Centralización de la Contratación (perteneciente al Ministerio de Hacienda) y Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio de Sistema Nacional de Salud y Farmacia.

Vox sostenía en su querella —interpuesta por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude— que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo.

Sin embargo, la Fiscalía replica que el partido no ha concretado "qué tipos de incumplimientos en materia de contratación administrativa incurrió la entidad pública en dichas contrataciones". Investigar esos hechos, pese a su importancia y notoriedad, podría "tener un carácter prospectivo", indica el Ministerio Fiscal.

Ante el juez, Jiménez aseguró que la contratación se había realizado "bien al 100%", siguiendo los protocolos establecidos y que, en aquellos meses del inicio de la pandemia, mantenía informado al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, de sus gestiones.

Además, el fiscal cita en su escrito un reciente informe del Tribunal de Cuentas. Este órgano fiscalizador analizó todos contratos firmados por Ingesa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, incluidos los mencionados en la querella. Y concluyó que cumplieron con el procedimiento administrativo.

Es más, el fiscal compara los "indicios" que relató Vox con el "conciso" y "detallado" informe de Cuentas, para optar por solicitar el archivo de la causa.

Asimismo, "la documental aportada por la Abogacía del Estado, aportando los expedientes administrativos y apreciando la existencia de fiscalización suficiente relativa tanto a la forma de contratación como a la exigencia de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el adjudicatario, conllevan a instar también el sobreseimiento de la investigación penal", reza el escrito de la Fiscalía dirigido al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.