Gobierno y CCAA evitan la hecatombe renovable con un 'aprobado general' y retrasan la criba a abril
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26 Enero 2023

Gobierno y CCAA evitan la hecatombe renovable con un 'aprobado general' y retrasan la criba a abril

La Administración ha sorteado 'in extremis' el aluvión de litigios previsto al conceder el trámite ambiental a la práctica totalidad de los expedientes en curso

A las 00:00 horas del miércoles concluyó el plazo para tramitar el permiso medioambiental de más de 2.500 proyectos renovables que suman alrededor de 100.000 megavatios (MW) y que estaban en riesgo de perder el permiso de acceso a la red debido al tapón burocrático. Los técnicos de las CCAA y el Ministerio de Transición Ecológica llevan semanas trabajando a pleno rendimiento para desatascar miles de expedientes en vilo. Tanto la cartera que dirige Teresa Ribera como la mayor parte de las autonomías han logrado ponerse al día y han sacado adelante el grueso de las solicitudes en curso. Lo han hecho, según fuentes del sector, recurriendo a una suerte de aprobado general, con el que han sorteado la hecatombe renovable y evitado una primera ola de litigios, pero que no supone ninguna garantía de que estos proyectos tramitados a la carrera lleguen a buen puerto.

El mecanismo para el despliegue renovable impuesto por el Gobierno obliga a los promotores renovables a cumplir con una serie de hitos para no perder los permisos de acceso a la red, autorización que concede la empresa semipública Red Eléctrica. El principal retraso en el cumplimiento del segundo hito intermedio, que vencía el 25 de enero, ha sido provocado por la dificultad que ha demostrado la Administración para digerir el aluvión de solicitudes de Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este trámite lo gestionan las CCAA para planes de menos de 50 MW y el ministerio, para proyectos que superen esta capacidad.

Hasta última hora de la noche del miércoles se estuvieron tramitando autorizaciones. De acuerdo con el último dato que aportó en la mañana de ayer la vicepresidenta Ribera, el ministerio había aprobado 170 declaraciones de impacto ambiental sobre un total de 200 expedientes. Sólo 22 suspendieron el trámite, mientras que otros ocho fueron archivados por falta de información o subsanación de errores. La suma de los proyectos aprobados por las distintas CCAA no se había oficializado al cierre de esta edición.

Según fuentes del sector, Andalucía, Galicia, la Comunidad Valenciana o Navarra se habrían puesto casi al día, al igual que Castilla-La Mancha o Extremadura. En el plano autonómico, se prevé un índice de autorizaciones ambientales aprobadas similar al de Transición Ecológica.

El resultado responde, según estas fuentes, a que las autoridades han optado por resolver por la vía rápida los expedientes pendientes, de modo que los suspensos se han limitado a solicitudes con defectos de forma. De este modo, las autonomías y el Gobierno han logrado sortear un primer aluvión de recursos, bien por la vía judicial, bien por la vía administrativa; por parte de los promotores, quienes habrían pugnado contra las autoridades correspondientes, responsables últimas de la caducidad de sus permisos de acceso.

La odisea de los promotores renovables todavía no ha terminado. El sector espera que durante los próximos tres meses, hasta la primavera, cuando se cumple el tercer hito intermedio, las CCAA y los técnicos de Transición Ecológica procederán a realizar una criba significativa de proyectos tramitados a la carrera, que una vez pasado el 25 de enero, podrán ser revisados con lupa antes de abril, fecha de la nueva prueba de fuego.

Fuentes próximas al departamento que pilota Teresa Ribera y distintas voces del sector asumen que conforme avance el calendario se producirá un aumento de la litigiosidad. En parte, porque la respuesta de Red Eléctrica ante una DIA negativa o un incumplimiento de los plazos pasa por retirar automáticamente el permiso de acceso al promotor. Esto podría derivar en una sucesión de reclamaciones cruzadas en aquellos casos en los que el resultado del recurso sea favorable al promotor y Red Eléctrica ya haya reasignado el acceso a otro solicitante sin esperar al fallo judicial.


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