Gravar la facturación o los beneficios de las eléctricas: En qué se parecen y en qué se diferencian las propuestas del gobierno y la de Bruselas
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16 Septiembre 2022

Gravar la facturación o los beneficios de las eléctricas: En qué se parecen y en qué se diferencian las propuestas del gobierno y la de Bruselas

Europa se ha decantado por gravar los beneficios, mientras que el Partido Socialista y Unidas Podemos aprobaron en el congreso una medida que atacaba los ingresos de las eléctricas

Fiscalidad La ministra de Hacienda se pliega "a lo que plantee la UE" y cambiará el impuesto a las energéticas

La propuesta rubricada entre el Partido Socialista y Unidas Podemos con el objetivo de gravar el 1,2% de los ingresos correspondientes a las empresas energéticas cuya facturación fuese superior a los 1.000 millones de euros contó con un rechazo frontal por parte de la oposición desde que la medida fuese anunciada el pasado mes de julio.

La postura de la Comisión Europea en esta materia, ratificada por Úrsula von der Leyen durante su discurso en el Debate sobre el Estado de la Unión, obliga, de facto, al Gobierno a revisar una de sus medidas estrella, ya que no podrán atacar directamente la facturación de las eléctricas.

¿Qué pedían el Partido Socialista y Unidas Podemos?

El Gobierno español planteó el pasado mes de julio aprobar un nuevo impuesto que gravase directamente los ingresos de las eléctricas. Se trataba de una nueva tasa a aquellas firmas cuyos ingresos superasen los 1.000 millones de euros. Este recorte se aplicaría al conjunto de las empresas del sector eléctrico.

La medida generó un importante rechazo en la industria, que tachó la tasa propuesta redactada por el Ejecutivo como "arbitraria", "injustificada" e "ineficaz", llegando a plantear, incluso, acciones legales para frenar esta nueva vía de recaudación. El impuesto se aplicaría sobre los resultados de 2022 y 2023 aunque no se cobraría hasta el ejercicio posterior.

En este sentido, las eléctricas no podían repercutir este impuesto en los consumidores finales. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano encargado de velar porque esto se cumpla, podría imponer infracciones "muy graves" a aquellas empresas que se saltasen este punto. La multa a pagar ascendía al 150% del total repercutido.

¿Qué ha planteado Europa?

La Comisión Europea, a diferencia de María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, ha propuesto gravar "de forma moderada" los beneficios de estas empresas y no la facturación. Este impuesto está destinado a las compañías del sector de los combustibles fósiles. Tiene una duración de un año y se revisará el 15 de octubre de 2023.

Otra de las diferencias de relativa importancia es el destino final de los fondos recaudados. Europa ha asegurado que, con su impuesto, lo recaudado será destinado integramente a reducir el coste de la factura a las ciudadanos. En el caso español, la recaudación estaría comandada por Hacienda. La tasa planteada por el Ejecutivo europeo tiene un carácter finalista. Esta es la principal razón esgrimida por el PP para apoyarla. La vía escogida para las fósiles es una "contribución solidaria" eufemística de hasta el 33% sobre los beneficios de 2022 que estén por encima del 20% de aumento sobre los beneficios medios de los tres años anteriores.

La vigencia de la medida propuesta desde Europa es sólo para el ejercicio fiscal del año 2022. "La contribución solidaria temporal basada en las superávits obtenidos en el ejercicio fiscal 2022 en las empresas energéticas de los sectores del petróleo, el gas, el carbón y las refinerías de la Unión podría aportar una estimación de unos 25.000 millones de euros de ingresos públicos, que los Estados miembros redistribuirán con sujeción al cumplimiento del Derecho de la Unión", dice el documento.

¿Cómo ha reaccionado el Gobierno?

La titular de Hacienda anunció este jueves que adaptará su propuesta a lo esgrimido por las altas instancias comunitarias. La coalición de Gobierno esperaba recaudar un total de 7.000 millones con el plan diseñado y aprobado en el Congreso el pasado martes.

Fuentes comunitarias confirmaron a EL MUNDO este miércoles que las propuestas esgrimidas por los Gobiernos nacionales eran válidas siempre que obrasen en sintonía con lo establecido. En este sentido, precisaron que la medida planteada por España debía ser revisada.

"En este caso está claro que una afecta a ingresos y otros beneficios, así que hay que evaluar cuidadosamente los parámetros, habrá consultas. Estamos al corriente de que hay países que piden toda la flexibilidad", explicaron.

¿Apoya el Partido Popular el rumbo planteado por Europa?

Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, subrayó ayer tras el discurso de Úrsula von der Leyen que apoyaba la propuesta presentada en aras de ayudar a las personas más necesitadas de nuestras sociedades y de nuestras economías, en especial, a las Pymes.

En consonancia con su matriz europea, Alberto Núñez Feijóo apoyará este nuevo recargo a las eléctricas amparado en el marco legislativo comunitario. Así lo ratificó Cuca Gamarra, secretaria general del partido, este miércoles. "La tasa que ha planteado Europa tiene carácter finalista y va directamente enfocada a bajar los recibos europeos. Creemos que la propuesta que ha planteado Pedro Sánchez es inconstitucional y colisiona con el derecho comunitario", explicó.


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