Inspección de Trabajo abre un buzón anónimo de denuncias de abusos laborales para empleadas del hogar
13:39
22 Febrero 2021

Inspección de Trabajo abre un buzón anónimo de denuncias de abusos laborales para empleadas del hogar

Avisa a 45.000 empleadores para que regularicen salarios y cotizaciones de sus servicios domésticos. De no hacerlo puede enfrentarse a multa que van desde los 626 y hasta los 187.000 euros

Objetivo regularizar uno de los sectores que el Ministerio de Trabajo entiende que esconde una mayor precariedad. Y para ello, la Inspección de Trabajo ha ampliado su campaña informativa y ha remitido más de 45.000 cartas a empleadores de trabajadores del hogar para que regularicen sus salarios y cotizaciones si no lo hubieran hecho ya, algo que ha sido bien acogido por representantes sindicales y asociaciones de estos colectivos, aunque consideran esta campaña insuficiente, que llega con retraso y que no soluciona los problemas de fondo.

El Ministerio de Trabajo quiere abordar la situación salarial y de cotizaciones de un colectivo formado por 563.100 personas trabajando en el empleo doméstico, según la encuesta de población activa (EPA). Inspección pretende atajar la situación de economía sumergida generalizada en esta actividad, para lo que se está dirigiendo a miles de empleadores informándoles del salario mínimo vigente y de las cotizaciones que tendrían que abonar en función de la jornada que realice su trabajador.

Para mejorar y facilitar la llegada de información por la mayor cantidad de canales posibles, la Inspección pretende facilitar la llegada de información gracias a la habilitación en la web ministerial de un buzón que recogerá la presentación de comunicaciones y reclamaciones anónimas, a través del cual y con la información que llegue, los inspectores podrán abrir una investigación para resolver cualquier irregularidad que sea denunciada. Hasta ahora se podría interponer reclamaciones vía telemática a través de la Sede electrónica del Ministerio de Trabajo, pero el denunciante debía de presentar su DNI o su firma electrónica. La intención es facilitar al máximo la entrega de información por personas que tengan algún reparo en que sean relacionadas con la cuestión que reclaman.

Fuentes de Inspección han explicado que esta es la primera gran campaña que se inicia este recién estrenado 2021, pero se irán ampliando con el objetivo de alcanzar la mayor cantidad de integrantes del sector. “Resulta imprescindible un refuerzo de la actuación de la Inspección de Trabajo para que se respeten todos los derechos de los trabajadores, y especialmente de aquellas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad y evidentemente, entre ellos están las empleadas del hogar”, recuerdan.

Una vez recibida la comunicación, si no se realizan las regulaciones pertinentes reclamadas por la Inspección, el empleador se enfrentaría a la apertura de un expediente que podría terminar en sanción. En el caso de una falta grave, la multa oscilaría entre 626 y 1.250 euros, mientras que si hay reiteración o las irregularidades son muy graves, la sanción oscilaría entre los 100.000 y los 187.515 euros. Cualquier tipo de regularización debe ser realizada personalmente por el empleador o titular del hogar familiar, que tendrá que comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social el salario real actual, es decir, el que se está pagando desde el 1 de enero de 2021.

Sin embargo, los inspectores advierten de que sus actuaciones en este sector tienen unos componentes especiales que podrían complicar las investigaciones. En el momento en que se haya detectado alguna irregularidad que no haya sido subsanada con la comunicación informativa, los inspectores tendrían que hacer una visita presencial en el lugar de trabajo, pero como la legislación mantiene el derecho a la inviolabilidad del domicilio, solo podría actuar con la colaboración del empleador, al que se debería convocar en un lugar neutral. “Siempre hay soluciones”, explican desde la Inspección.

Según la última actualización que realizó la Seguridad Social, el salario de una jornada completa para estos trabajadores es de 950 euros al mes en 14 pagas. En el caso de que se decida prorratear las pagas extras en su sueldo, la cantidad a percibir mensualmente sería de 1.108,33 euros. Esto equivaldría a que cada hora de trabajo estaría valorada en 7,43 euros.

Si se quiere hacer cualquier actualización de la situación laboral de una empleada del hogar, puede hacerse de forma telemática a través del Servicio de Variaciones/Correcciones de datos de trabajadores en el Sistema Especial para Empleados de Hogar de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, donde también podrá recibir asesoría para realizar cualquier cambio, aunque la situación de pandemia a complicado y retrasado esta atención personalizada.

Hay que recordar que las empleadas del hogar cotizan en un sistema especial, dentro del régimen general, y no tienen los mismos derechos ni obligaciones que el resto de trabajadores -como una prestación por desempleo- y cuya equiparación debería haberse producido ya, pero se ha retrasado a 2023. De hecho, la prestación por desempleo para este colectivo es el principal escollo para que España pueda suscribir el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empleo doméstico, que ya han ratificado 25 países como Alemania, Italia o Portugal.

De momento, y por motivos excepcionales forzados por la pandemia, se ha regulado un subsidio de desempleo extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. De él pueden beneficiarse las empeladas que, estando en situación de alta antes de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios o que se haya extinguido su contrato de trabajo por causas ajenas a la voluntad de la persona trabajadora y esta extinción se debe a la crisis sanitaria.


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