Justicia Europea: el Fondo español para ayudar a empresas estratégicas es legal
13:00
19 Mayo 2021

Justicia Europea: el Fondo español para ayudar a empresas estratégicas es legal

El TJUE da el enésimo revés a Ryanair al decretar que los 10.000 millones de euros movilizados por Moncloa son ayudas proporcionadas y no discriminatorias, pero en cambio declara no justificadas las de Portugal y Países Bajos a TAP y KLM

Una de cal y una de arena para Ryanair. Esta mañana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado el enésimo revés a la compañía irlandesa al estimar que el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas españolas, puesto en marcha para sostener a las firmas que atraviesen dificultades temporales debidas a la pandemia, es conforme con el Derecho de la Unión. Tras la denuncia de la aerolínea, los magistrados constatan que el Fondo de recapitalización, dotado con un presupuesto de 10 000 millones de euros, "constituye un régimen de ayudas de Estado, pero de carácter proporcionado y no discriminatorio". Un nuevo palo tras los múltiples que el TJUE ha dado en los últimos meses al considerar que las ayudas en Francia, Suecia, Finlandia y Dinamarca a sus aerolíneas eran igualmente legales.

Al mismo tiempo, sin embargo, el alto tribunal también ha anulado este miércoles, por insuficiencia de motivación, las Decisiones de la Comisión Europea de hace unos meses por la que se declaró que la ayuda de Portugal a favor de TAP y la de Países Bajos a KLM era compatible con el mercado interior. Los jueces creen que no ha quedada demostrada la legalidad y necesidad en ninguno de los dos casos, si bien han optado por suspender provisionalmente los efectos de la anulación (entre ellos, la recuperación de la ayuda) a la espera de una nueva decisión de la Comisión.

El caso español arrancó en verano, después de que el Gobierno notificara a la Comisión Europea, dentro del régimen de ayudas incentivado por Bruselas, la creación de un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas en apuros por la pandemia y el confinamiento. Un instrumento con hasta 10.000 millones de euros para la recapitalización de compañías no financieras domiciliadas y que tengan sus principales centros de trabajo en España y que se consideren sistémicas o estratégicas.

Al ser indiscutiblemente una ayuda de Estado, la Comisión la evaluó dentro del excepcional paraguas del llamado Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, aprobado unos meses antes. Y estimó que el régimen era plenamente compatible con el espíritu de que las ayudas tengan como objetivo compensar por una grave perturbación en la economía.

Ryanair interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación, argumentando que se vulneraba el principio de no discriminación contemplando en los Tratados, pues a esas ayudas sólo pueden acceder las empresas con domicilio social en España y que tengan sus principales centros de trabajo en España. Sin embargo, la Sala Décima ampliada del Tribunal General ha tumbado sus exigencias al estimar que el régimen está justificado, pues "satisface los requisitos del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b), en la medida en que se trata efectivamente de poner remedio a la grave perturbación ocasionada en la economía española por la pandemia de Covid-19. El Tribunal General añade además que la limitación del régimen a las empresas no financieras sistémicas o estratégicas para la economía española "y que tengan su domicilio social y sus principales centros de trabajo en territorio español es adecuada y, a la vez, necesaria para alcanzar e l objetivo de poner remedio a la grave perturbación causada a la economía" del país.

En cambio, en lo que afecta a TAP y KLM el TJUE ve las cosas de manera diferente. Los jueces apuntan que en las directrices sobre ayudas a empresas en crisis se mencionan tres requisitos acumulativos que deben cumplirse para que una ayuda otorgada a una sociedad que forma parte de un grupo pueda calificarse como compatible con el mercado interior. Y corresponde a la Comisión examinar antes que nada si el beneficiario forma parte de un holding, si las dificultades por las que atraviesa el beneficiario le son propias, y no son "simplemente el resultado de la asignación arbitraria de costes dentro del grupo" y, además, "si esas dificultades son demasiado complejas para ser resueltas por el propio grupo". Una batería de precauciones para evitar que un gigante provoque que "el Estado tenga que soportar el coste de una operación de salvamento de una de las empresas que lo componen cuando esa empresa está en crisis y el propio grupo es el causante de sus dificultades o tiene recursos para hacerles frente por sí solo".

En estos dos casos, el TJUE estima que la Comisión no había aportado "prueba alguna en la que sustentar su afirmación según la cual, por un lado, las dificultades del beneficiario le eran propias y no eran simplemente el resultado de un reparto arbitrario de costes en beneficio de sus accionistas o de otras filiales y, por otro lado, que dichas dificultades eran demasiado complejas para ser resueltas por sus accionistas mayoritarios u otros accionistas. De hecho, la Comisión se limitó a aportar explicaciones sobre la situación financiera del beneficiario y sobre las dificultades generadas por la pandemia de Covid-19", dice la sentencia.

Por eso, y dado que el propio Tribunal no puede verificar si se cumplen los requisitos de las directrices, resuelve que la Comisión "no motivó de forma jurídicamente suficiente la Decisión impugnada y que dicha insuficiencia de motivación determina su anulación" no motivó de forma jurídicamente suficiente la Decisión impugnada y que dicha insuficiencia de motivación determina su anulación. Y le da una segunda oportunidad par hacerlo mejor esta vez.


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