La Defensora del Pueblo Europeo carga contra la Eurocámara
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17 Diciembre 2022

La Defensora del Pueblo Europeo carga contra la Eurocámara

La institución estudia medidas de urgencia como prohibir el acceso a agentes extranjeros y hacer más estricto el registro de 'lobby', pero O'Reilly lamenta que los diputados puedan tener más trabajos y opacidad en sus gastos

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La investigación penal en marcha por corrupción, lavado de dinero y pertenencia a organizaciones criminales que ha llevado a prisión preventiva a eurodiputados, asistentes y lobistas es un escándalo, un shock, pero también la consecuencia de años de complacencia y de ignorar "deficiencias conocidas en el marco ético" de la institución. Eso cree la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, y así lo ha denunciado este viernes en un escrito durísimo.

La irlandesa apunta a algunos problemas conocidos, como el hecho de que los diputados puedan tener y tengan de hecho otros trabajos, o que si bien exista un registro para los encuentros con los lobistas debidamente identificados (pero obligatoria sólo para los presidentes de los comités y los rapporteurs de los informes), no haya algo parecido para reuniones como delegaciones de países terceros, de fuera de la Unión. Pero se podía añadir los más de 4.000 euros mensuales que cada miembro del hemiciclo recibe para gastos no justificables. Que el TJUE blindara la opacidad de las dietas de los miembros a petición de la propia cámara, que no quería revelar los datos por garantizar la privacidad. O que los castigos por violaciones de las normas sean más bien suaves, ya sea por prácticas ilegales con la contratación y remuneración de asistentes o cuando ha quedado demostrado en investigaciones periodísticas la predisposición de los ocupantes de los escaños a aceptar dinero, regalos o simplemente que los lobistas escriban el texto de sus intervenciones, enmiendas o propuestas legislativas.

"El escándalo de corrupción que envuelve al Parlamento Europeo es un ejemplo, aunque extremo, de lo que sucede cuando un sistema ético y anticorrupción sólido se considera una medida opcional en lugar de una parte integral de una institución pública. El daño que está causando a la credibilidad del Parlamento Europeo y a la UE institucional en general es inmenso", denuncia la defensora del pueblo en su tribuna de opinión.

La Eurocámara ha anunciado que adoptará medidas para subsanar esos puntos ciegos. Está evaluando la posibilidad de restringir el acceso a sus instalaciones a agentes de países terceros, reforzar la transparencia y, quizás, obligar a que en los registros (cuyo cumplimiento de por sí es laxo) también incluyan las reuniones de todos los miembros de la cámara, y no sólo los de máxima responsabilidad.

Según los datos de Transparencia Internacional, un 25% de los eurodiputados tiene un segundo trabajo, y algunos de ellos tienen una decana de ellos, reportándoles decenas o cientos de miles de euros. Y muchos de ellos con conflictos de intereses más o menos evidentes. El Código de Conducta no es suficiente, no cubre todo lo que debería, no aborda a los que dejan la casa y se pasan al otro lado en puertas giratorias. Y, además, no se implementa con rigor, pues queda en manos de los propios diputados.

"Si bien la gran mayoría de los eurodiputados electos se comportan de manera ética y en interés del público, un sistema de rendición de cuentas débil y poroso puede permitir que quienes no lo son, ya sean eurodiputados o su personal, actúen con impunidad. El escándalo ha hecho añicos la complacencia, exponiendo fallas evidentes desde hace mucho tiempo en el marco ético y anticorrupción del Parlamento", recalca la O'Reilly, que lamenta con estupor que si bien "la conmoción y el horror provocados por este escándalo eran predecibles" cuesta creer "que pudiera haber una aparente ceguera institucional ante el tamaño y el valor de la UE como objetivo para la corrupción".


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