La escalada del IPC amenaza con disparar en 9.500 millones el gasto en pensiones
02:00
9 Marzo 2022

La escalada del IPC amenaza con disparar en 9.500 millones el gasto en pensiones

La reforma de las pensiones supondrá una factura de 9.453 millones de euros si se cumplen las previsiones de precios para 2022. La moderación salarial que pide el Gobierno ensanchará el déficit al limitar el aumento de ingresos por cotizaciones.

"No hemos hablado de las pensiones". El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no quiso valorar el pasado lunes si entre las medidas extraordinarias que el Gobierno propondrá a los agentes sociales para atajar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania figuran las pensiones. La reforma del sistema por la que las prestaciones se revalorizan con el IPC apenas lleva dos meses en vigor y el estallido de la crisis ya obliga a calcular sus costes para la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad social.

Al parecer, José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social no incluyó un en la reunión un informe sobre el impacto de la crisis en la principal partida de gasto del Estado: 171.772 millones de euros de los que 157.564 millones corresponden a prestaciones contributivas.

Pero la escalada de la inflación hasta niveles del 7% en los últimos meses y las previsiones de Asuntos Económicos de que se mantendrán el resto del año a esa altura o incluso más elevadas inyecta una fuerte presión sobre el sistema. Con una inflación que organismos como Funcas prevén que sea del 6% durante 2022, la revalorización de las pensiones contributivas para cerca de diez millones de beneficiarios dispararía el gasto en 9.453 millones de euros.

Desde el pasado mes de diciembre y de acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso con el consenso de los agentes sociales, las pensiones se revalorizan tomando como base la media de las tasas de variación interanual del IPC de los doce meses anteriores a diciembre. El ejercicio 2022 es un año de transición, al aplicarse con la nueva fórmula un aumento del 2,5% correspondiente al año en curso más la garantía de revalorización del sistema anterior por la diferencia entre la inflación final (2,5 %) y el aumento decretado para las pensiones a comienzos de 2021, que fue un 0,9 %. En total, la factura por la revalorización de las pensiones contributivas ha ascendido a unos 5.900 millones de euros a las que habría que sumar 700 millones de euros correspondientes al régimen de clases pasivas específico para los funcionarios.

A finales de este año, ese importe se quedará muy por debajo del que marca la ley para 2023. La revalorización de las pensiones se mantendrá, de lejos como el principal factor que impulsa el gasto del sistema, muy por encima del aumento en el número de pensionistas o del efecto que produce la sustitución de las bajas por las altas con prestaciones superiores.

"A corto plazo es difícil que se puedan congelar el aumento de gasto que establece una ley apenas estrenada", opina Rafael Doménech, Responsable de Análisis Económico de BBVA Research. "Aunque estaría bien que se hiciera un ejercicio de transparencia para subrayar este esfuerzo", matiza. Doménech indica que la inflación ya venía muy alta antes del estallido de la guerra en Ucrania que ha terminado de disparar los precios. Cada punto extra en el IPC supondrá alrededor de 1.500 millones de euros de gasto extra para el sistema de pensiones.

Al sistema no le quedará más remedio que absorber un gasto que se consolidará para todos los pensionistas actuales y futuros hasta suponer un coste de 120.000 millones de euros en términos actuariales. La herramienta básica para equilibrarlo a corto plazo son las cotizaciones, que este año ascenderán a 137.000 millones de euros, 20.000 millones por debajo del gasto en pensiones contributivas, según los Presupuestos Generales del Estado.

"Las cotizaciones no pueden aumentar al ritmo de los precios precisamente porque están ligadas a los salarios y si algo hay que evitar es que los salarios crezcan al ritmo de los precios para evitar efectos de segunda ronda", matiza Doménech.

Así las cosas, el que prometía ser el primer año de ajuste del sistema de pensiones gracias a la primera tanda de reformas negociadas por el Gobierno estará lejos de ofrecer los resultados esperados. "El déficit contributivo terminará 2021 en 25.000 millones de euros y la revalorización que fija la reforma no ayudará el que viene", añade Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universitat de València y especialista en pensiones. Devesa es escéptico sobre la capacidad de reacción del Gobierno para amortiguar el impacto de la reforma sobre el sistema de pensiones. "El año que viene es un año electoral: no hay partido que se atreva a tocar las pensiones".


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