La Fiscalía del Tribunal de Cuentas rebaja en un 62% el dinero que deben devolver los independentistas
18:27
13 Abril 2022

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas rebaja en un 62% el dinero que deben devolver los independentistas

Presenta una demanda que deja en 3,4 millones los gastos del 1-O y la llamada ''acción exterior'', frente a los 9 millones previstos en la instrucción del caso

Justicia El nuevo Tribunal de Cuentas da oxígeno a los independentistas y acepta ahora el aval de la Generalitat

En plena Semana Santa, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha mostrado por fin sus cartas en la causa contra los independentistas y ha decidido rebajar en un 62% la cuantía que hay que reclamar a los independentistas por los gastos ilegales del procés. Según un comunicado de la Fiscalía General del Estado que dirige la que fuera primera ministra de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, Dolores Delgado, se presenta finalmente demanda contra 35 dirigentes independentistas encabezados por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pero por una cifra muy inferior a la que el Tribunal de Cuentas ordenó que depositaran como fianza.

Finalmente reclama 3,4 millones de euros, frente a los nueve millones solicitados inicialmente en base a los indicios recabados por la propia Fiscalía del Tribunal de Cuentas. La demanda era inevitable al haber sentenciado el Tribunal Supremo que hubo malversación en el procés, pero es una nueva muestra del cambio que está registrando el Tribunal de Cuentas en línea de suavizar la causa contra el independentismo.

Los nuevos responsables del Tribunal, recientemente elegidos mediante pacto entre el Gobierno y la anterior dirección del PP, ya aceptaron los avales de la Generalitat de Cataluña para los independentistas en contra del criterio de la delegada instructora, Esperanza García. Ahora el nuevo fiscal nombrado por Dolores Delgado, Manuel Martín-Granizo, la desautoriza también en la cuantía.

Según el comunicado, el nuevo fiscal considera que los gastos malversados por el referéndum ilegal del 1 de octubre se limitan finalmente a 1,21 millones frente a los 3,9 millones previstos. También son muy inferiores a los 3,46 millones solicitados en su demanda por Sociedad Civil Catalana. La Fiscalía justifica la rebaja por "unidad de acción" con otras actuaciones judiciales y porque hay gastos difíciles de atribuir, en su opinión, en exclusiva al reférendum o que no fueron finalmente realizados, como pone de ejemplo con los correos de Unipost. También excluye de la demanda a las interventoras de la Generalitat al no considerar que sean responsables. Una de ellas, Mireia Vidal, declaró a este diario el pasado julio que, por el contrario, fue destituida por Junqueras tras su primera advertencia.

En cuanto a la llamada acción exterior, también rebaja a 2.2 millones, frente al importe de la liquidación provisional de 5,1 millones. Alega que la instrucción puso en cuestión la "libertad ideológica" de los independentistas y no cree que deban devolver dinero de viajes oficiales en los que miembros de la Generalitat se dedicaron a criticar al Estado y a promover apoyo a la secesión. "La demanda se centra en aquellos gastos de los que puede predicarse la incorreción contable, en los gastos en que incurrieron las delegaciones de la Generalitat en el exterior y en los gastos de la entidad DIPLOCAT tanto por algunas actividades de promoción del proceso soberanista como por otros gastos injustificados", señala el comunicado.

La Fiscalía puntualiza que no caben comparaciones con la demanda de la Sociedad Civil Catalana, que pide un total de 5,3 millones por los dos causas por hechos diferentes. Esta asociación pidió también por debajo de los nueve millones de la instrucción, pero en su caso, según las fuentes consultadas, porque se juegan su propio patrimonio personal en la demanda y han sido selectivos eligiendo exclusivamente los gastos más contrastables y no todos de los que hay indicios claros de malversación.

La demanda de la Fiscalía y la de la Sociedad Civil Catalana son las claves ahora para el enjuiciamiento en el Tribunal de Cuentas y la sentencia final. La Abogacía General del Estado no presenta demanda, porque el Ministerio de Justicia alega que es un dinero que debe reclamar la Generalitat de Cataluña y ésta tampoco lo reclama, porque no ve ninguna malversación en promover la secesión a cargo del erario.


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