La Fiscalía pide al Supremo que no revise la condena de Junqueras y continúe inhabilitado por malversación agravada
19:21
25 Enero 2023

La Fiscalía pide al Supremo que no revise la condena de Junqueras y continúe inhabilitado por malversación agravada

En cambio, el Ministerio Público cree que la derogación de la sedición conlleva la revisión (y rebaja) de las condenas de Forcadell, Forn, Rull y los 'Jordis'

Tribunales Junqueras pide al Supremo su absolución y afirma que "la derogación de la sedición es producto del consenso político" Procés Los fiscales del Supremo recurren la decisión de Llarena: "Es evidente que las graves alteraciones del orden público del 1-O no se han despenalizado"

Los fiscales del 1-O han remitido este miércoles su alegaciones al Tribunal Supremo, órgano al que solicitan que no se revisen las condenas impuestas al líder de ERC, Oriol Junqueras, debido a que al ser condenado por un delito de malversación de caudales públicos agravado la pena no varía pese a la reforma del Código Penal.

Los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, con el aval del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, sostienen que "la horquilla de la pena de inhabilitación absoluta resultante en la nueva redacción de la malversación (de 10 a 20 años) es igual que la prevista en el precepto penal aplicado por la sentencia" al ex vicepresidente de la Generalitat.

Los representantes de la acusación pública consideran que con la modificación de la malversación a Junqueras y los ex consellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa no se les debe aplicar rebaja alguna del periodo de inhabilitación puesto que las conductas cometidas por los ex miembros del Govern tienen encaje en el nuevo artículo 432 del Código Penal y alternativamente en el 432 bis. Estos acusados fueron condenados por un delito de sedición en concurso medial con malversación por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en octubre de 2019.

"La horquilla de la pena de inhabilitación absoluta resultante en la nueva redacción de la malversación (de 10 a 20 años) es igual que la prevista en el precepto penal aplicado por la sentencia, lo que permite concluir que las penas de inhabilitación absoluta impuestas (13 años para Oriol Junqueras y 12 años para Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) son penas que se encuentran en la mitad inferior de las penas de inhabilitación absoluta actualmente previstas con idénticos tramos, y también imponibles tras la reforma, por lo que las penas que les fueron impuestas en la sentencia no deben revisarse", reza el escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO.

La Fiscalía considera en consecuencia que "no procede la revisión retroactiva de la norma ya que la nueva legislación no resulta más favorable en este concreto caso".

Sobre el resto de condenados por sedición, los fiscales de Sala consideran que sí cabe la revisión al poder atribuírseles ahora los delitos de desórdenes públicos agravados -una vez derogada la sedición- y en el caso de los cargos públicos también el delito de desobediencia que con más favorables que las penas actualmente impuestas".

Nuevas penas por desórdenes públicos

En este sentido, el Ministerio Público cree que la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell debe ser condenada a 9 años y 2 meses años de inhabilitación (7 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, más 1 año y 8 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público) y los ex consellers Forn y Rull a 8 años y 2 meses de inhabilitación (6 años y 6 meses de inhabilitación absoluta, más 1 año y 8 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público).

En el caso de los Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, la Fiscalía pide que se deje su condena en 5 años de inhabilitación por los desórdenes públicos agravados -no es posible atribuirles desobediencia al Tribunal Constitucional puesto que no eran cargos públicos en 2017-.

"Resulta incuestionable en el caso que nos ocupa que uno de los componentes típicos de la acción sediciosa ha sido la producción de graves enfrentamientos con las fuerzas del orden y de otras acciones también definidas en el nuevo tipo penal del artículo 557 (desórdenes públicos agravados) que han generado una alteración grave de la paz pública y que eran punibles antes y después de la reforma. El elemento subjetivo del tipo penal de la sedición -como claramente se refleja en los hechos probados y en la fundamentación jurídica de la sentencia- contiene un "plus" de gravedad respecto al nuevo tipo penal, pero abarca y desborda obviamente el dolo de los desórdenes públicos, el cual ya estaba integrado y comprendido en aquél", defienden los fiscales en sus alegaciones al TS.

El Ministerio Público, que ha recurrido la decisión del juez del 1-O Pablo Llarena de no atribuir el nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los huidos del procés, entre ellos al ex president Carles Puigdemont, defiende ahora ante la Sala que "sería de todo punto incomprensible que la multitud de episodios violentos, organizados con la finalidad de alterar el orden constitucional, planificados, ideados, dirigidos, impulsados y realizados intelectual y materialmente por los acusados, quedaran convertidos en atípicos desde el prisma del orden público. Fue necesario el envío de miles de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a las movilizaciones tumultuarias y violentas convocadas, que los procesados alentaron y promovieron para hacer visible la pérdida de poder de los órganos judiciales en Cataluña y contribuyeron con las decisiones individuales que han sido descritas en el relato de hechos probados a la realidad del referéndum reiteradamente desautorizado y prohibido por el Tribunal Constitucional".

Los fiscales del 1-O afirman que la desaparición de los tipos penales de sedición "no equivale a una despenalización de todos los hechos antes subsumibles en ellos ni, en concreto, comporta la despenalización de los hechos que motivaron la condena por ese delito".


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