La Generalitat ya ha vacunado al 80% de los Mossos pero sólo al 4% de policías y guardias civiles
02:30
29 Marzo 2021

La Generalitat ya ha vacunado al 80% de los Mossos pero sólo al 4% de policías y guardias civiles

El clamor en ambos cuerpos es tal que algunas asociaciones se han lanzado a interponer querellas y escritos en los tribunales. 

La Generalitat de Cataluña habría vacunado ya al 80 % de los 17.000 Mossos d'Esquadra inmunizándolos con las dosis de la vacuna de AstraZeneca a lo largo de los dos últimos meses. Sin embargo a día de hoy los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, según apuntan numerosas fuentes consultadas por EL ESPAÑOL en la mayor parte de los sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos, no están corriendo la misma suerte.

Según los datos recabados por los distintos colectivos, de los aproximadamente 3.500 guardias civiles que hay en Cataluña tan solo se ha inmunizado a 200. En cuanto a los cerca de 3.300 agentes de la Policía Nacional, tan solo un centenar han recibido ya su correspondiente dosis. Y únicamente en la provincia de Barcelona. Esto supondría tan solo un 4% del total de agentes de ambos cuerpos presentes en esa comunidad autónoma.

El clamor entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es unánime ante lo que está ocurriendo en Cataluña en las últimas semanas. Nadie sabe qué va a pasar con la vacunación de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que llevan prácticamente dos meses esperando su turno y advirtiendo cómo los Mossos d'Esquadra o a las dotaciones de las policías locales ya han sido inmunizados prácticamente en su totalidad. 

Por el momento, después de 60 días aguardando por sus dosis, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los efectivos de la región ha sido la decisión de la Consellería de Sanidad de suspender la vacunación de los agentes menores de 60 años. Sin aviso previo, sin razón aparente. Ahora solo vacunarán a aquellos que estén entre los 60 y los 65.

Por eso algunos de los sindicatos policiales se han lanzado ya a los tribunales para exigir unas explicaciones que hace meses que nadie les da. En concreto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han solicitado ya la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en una situación que ven insostenible.

El SUP presentó este viernes un escrito ante la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en el que exige una serie de medidas cautelares urgentes con las que piden reanudar de inmediato la campaña de vacunación de los agentes.

Por su parte la UFP ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior del TSJC contra la consellera de Sanidad, Alba Vergès, por un presunto delito contra la seguridad e higiene en el trabajo y por no dar "cumplimiento a lo establecido en el plan de vacunación".

Guardias civiles

"La palabra más utilizada por los agentes es indignación. Te das cuenta de que no nos consideran esenciales como el resto de los policías. La gente está claramente enfadada e indignada". Son las palabras de la representante de la asociación Jucil en Cataluña sobre lo que viene ocurriendo en los últimos días. Fue a principios de febrero, en torno al dia 10, cuando se empezaron a vacunar a los Mossos.

Desde esa asociación y desde Jupol -enmarcadas ambas en la plataforma Jusapol- aseguran estar preparando también medidas judiciales contra el Servicio Catalán de Salud en el caso de que no ponga en marcha de forma inmediata la campaña de vacunación contra la Covid-19. 

Desde que lo supieron los policías y los agentes de la Benemérita se quedaron "a la expectativa. Como el tiempo pasaba y de nosotros no se acordaba nadie, terminamos enviando una queja a la Delegación del Gobierno y a la Comisión Interterritorial de Sanidad", explican desde Jucil.

Cuentan que entonces, como por arte de magia, un mes después del inicio de la vacunación de la policía autonómica, empezaron a vacunarles a ellos. Duraron tan solo dos días: el 14 y el 15 de marzo. Fue entonces cuando se paralizó nuevamente debido al análisis del lote defectuoso de AstraZeneca. 

Pese a la reanudación de la inmunización con esa vacuna, las cosas siguen paralizadas para los agentes a día de hoy. Según reveló la Dirección General de la Guardia Civil en el Pleno del Consejo celebrado el pasado martes, a esa alturas la Benemérita ha vacunado al 66,4%, 43.7000 efectivos de toda la plantilla. Sin embargo, cuatro comunidades autónomas continúan por debajo del diez por ciento en cuanto a otorgarles las dosis a estos agentes: Aragón, Cataluña, Extremadura y Galicia.

Duras críticas

Desde la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se tomen medidas para revertir esta situación: "Afecta a un colectivo de profesionales de unos 6.800 efectivos en toda Cataluña. Pone en riesgo a los compañeros y a sus familias al desarrollar una profesión que entraña un riesgo elevado de contagio del coronavirus. Desde ese punto de vista, además de ser una decisión temeraria y carente de cualquier lógica, merece nuestro rechazo por poner en peligro nuestras vidas".

Para ambos colectivos la decisión de la Generalitat llega envuelta "en la opacidad más lamentable porque los afectados no han dispuesto de información alguna. La Generalitat ha decidido suspender la vacunación general de los policías y guardias civiles de manera unilateral, casi con nocturnidad, y sin ofrecer argumentos creíbles sobre los verdaderos motivos que le han llevado a paralizar un proceso que ya estaba en marcha". 

No ha habido asociación que no se haya pronunciado sobre un hecho tan incontestable como el que están viviendo los agentes allí a lo largo de las últimas semanas. Muchos agentes llevan dos meses en vilo por esta cuestión. Muchos de ellos han visto varias vece cómo se les cancelaba una cita que tenían concretada para recibir la dosis de AstraZeneca para luego ver cómo desaparecía y no volvían a llamarles. 

Para el Sindicato Profesional de Policía (SPP) se trata de un "despropósito". Incluso el ministerio del Interior debe hacer suyo este problema y, de la mano del de Sanidad, solucionarlo inmediatamente. No debe esconderse a la hora de defender los derechos de un colectivo que depende directamente del mismo. Es un ataque más al Estado".

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil, por su parte, considera estos hechos como una "intolerable marginación". Otras como IGC, UGC o AproGC también exhiben su descontento y un sentimiento similar, como si la Benemérita y la Policía Nacional fueran allí, en realidad, una policía de segunda. En definitiva, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es un clamor el que se escucha estos días denunciando lo ocurrido en Cataluña.


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